Santiago de Chile, 27 de septiembre de 2017. Ni la posibilidad de morir o, en el mejor de los casos, quedar con secuelas de por vida, mueve a cuatro mapuches chilenos a terminar con una huelga de hambre que iniciaron hace 112 días para exigir al Gobierno el retiro de una querella a través de la ley antiterrorista.
Por el contrario, los cuatro hombres anunciaron la radicalización de su medida, que llevan adelante en una cárcel de la ciudad de Temuco, en el sur del país, donde se encuentran recluidos desde hace más de un año acusados de ser los presuntos autores de la quema de un templo evangélico con gente en su interior.
“Si bajaran la huelga, esto quedaría en nada”, advirtió el vocero del grupo, Cristian Tralcal, hijo de uno de los huelguistas, al trasmitir la decisión del grupo de seguir con el ayuno hasta las últimas consecuencias.
“No depondrán la medida hasta que se les garantice un debido proceso y no sean juzgados por la ley antiterrorista”, agregó en declaraciones a la radioemisora ADN.
Aunque con algunas modificaciones a través de los años, la ley antiterrorista que rige en Chile es herencia de la que promulgó en 1984 la dictadura militar de Augusto Pinochet para reprimir las masivas protestas contra su régimen.
A juicio de sus detractores, la polémica norma vulnera el debido proceso, porque permite el uso de testigos “sin rostro”, extiende los periodos de prisión preventiva y aumenta al doble las condenas, entre otras medidas.
De hecho, el grupo se encuentra encarcelado preventivamente desde hace más de un año en la cárcel de Temuco, en la región de la Araucanía, a unos 670 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La audiencia de preparación del juicio oral se iniciará este miércoles.
El ayuno es llevado adelante por Alfredo Tralcal, de 46 años, el mayor de los cuatro, a quien se le detectó una hemorragia digestiva producto la larga huelga, y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol.
Según la acusación, los hechos por los que se los responsabiliza ocurrieron en junio de 2016, cuando un grupo de encapuchados irrumpió armado y arrojando antorchas a la iglesia en la vecina ciudad de Padres Las Casas mientras tenía lugar un culto al que asistían una veintena de adultos y niños. Las personas debieron huir mientras era quemado el templo.
Hasta ahora, el Gobierno ha reiterado su rechazo al retiro de la querella, al considerar que el caso es de “extrema gravedad”, señaló Paula Narváez, la vocera del Ejecutivo, que llamó a “deponer esta medida de fuerza que atenta contra la vida de estas personas”.
Cifras de organizaciones mapuches estiman en unas 40 las personas de la etnia, a las que llaman “presos políticos mapuches”, que están imputadas o condenadas por ley de seguridad interior del Estado o por la ley antiterrorista.
El pueblo mapuche alcanza casi un millón de personas, repartidas principalmente en las regiones de la Araucanía y Bio Bío. La población de Chile llega a poco más de 17 millones habitantes.
Desde hace décadas, las comunidades mapuches reclaman la devolución de las tierras ancestrales y el reconocimiento al derecho a la autonomía y la autodeterminación, entre otras demandas.
En junio pasado, y en un inédito gesto, la presidenta Michelle Bachelet pidió perdón al pueblo mapuche por los “errores y horrores” cometidos por el Estado chileno en su relación con la etnia y anunció el lanzamiento de un plan de reconocimiento y otro de desarrollo para la región de la Araucanía, la más pobre del país.
Texto: Carlos Dorat (dpa) / Foto: Xinhua
