Se pronuncian porque ante la visita de la relatora de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz a México, el gobierno mexicano atienda las recomendaciones
Nota y foto: Antonia Ramírez
Copanatoyac, Guerrero.- Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero celebran su quinto aniversario en Copanatoyac con una marcha y un foro: Ley de consulta, un pendiente del Estado de mexicano, donde también exigieron justicia por Ayotzinapa y Antonio Vivar Díaz, y la aprobación de la iniciativa de reforma al marco constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, se pronunciaron porque ante la visita de la relatora de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz a México, sean atendidas las demandas y necesidades de las organizaciones y que el gobierno mexicano atienda las recomendaciones de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el caso Ayotzinapa, Antonio Vivar, y los asesinatos de la activista Rocío Mesino y Ranferi Hernández Acevedo.
La actividad inició a las 8 de la mañana con una misa en la capilla El Tepeyac, en la entrada a la cabecera municipal; después, los asistentes marcharon en las calles principales donde corearon las consignas, “No somos todos, nos faltan 43” y “Toño vive la lucha sigue”.
Los campesinos provenientes de las comunidades indígenas de Potoichan, Santa Anita, Patlicha, Totohuehuetlán, Ocotequila y Tehuiskojtla marcharon portando banderas de color rojo con letras blancas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN).
Mientras caminaban, invitaban a los transeúntes a sumarse a su movimiento, y explicaban que hace cinco años se organizaron para exigir sus derechos a tener una vivienda digna, y acceso a la salud, a la educación y a la alimentación.
Estuvieron presentes el dirigente nacional de la (CNPA-MN) Francisco Pablo Jiménez de la Comisión Ejecutiva Nacional; Jesús Gutiérrez Valencia, coordinador general de Defensa, Estrategia en Defensa de Derechos Humanos; Leonel Rivero Rodríguez, quien en su presentación estuvo su hijo Sandino Rivero, abogado de Nestora Salgado; del movimiento social Independiente de Veracruz, Omar Gatica; del Movimiento Independiente Obrero Campesino de Puebla, Violeta Valdez Alcántara; y del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban Cruz, Marlen Tirado Ramírez.
En representación de los padres de los 43 normalistas, la hermana de Antonio, Veneranda Vivar Díaz; de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Valdemar Policarpo Martínez.
El líder nacional de la (CNPA-MN) Francisco Pablo Jiménez, dijo a los asistente que es muy importante organizarse para sacar adelante al campo, porque el gobierno mexicano ha trazado una política de abandono al campo y la entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras hace que cada año haya más pobres.
Dijo que el gobierno mexicano se ha comprometido a armonizar las leyes mexicanas con los tratados internacionales y no lo ha hecho, y que ellos han elaborado una iniciativa de Ley de consulta a los pueblos Indígenas, en conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la (OIT), para que los pueblos sean consultados.
Por su parte, Sandino Rivero dijo que ellos defendieron a Francisco Jiménez Pablo porque fue acusado injustamente de delitos que no cometió, así como a varios presos políticos en cárceles de máxima seguridad, porque es el mecanismo que utiliza el gobierno para criminalizar la protesta social.
Explicó que es un error que las autoridades repriman la protesta social, porque se está atentando a los derechos, y que junto con la CNPA han elaborado una Ley General de Consulta que es muy importante para los pueblos, porque el gobierno y las empresas extranjeras se han apoderado de los recursos naturales.
Informó que no se les informa a los pueblos sobre los beneficios y consecuencias de estos proyectos, aunque hay derechos internacionales que los protegen en México, que no hay una Ley de consulta que ampare y dé certeza jurídica a los pueblos.
Comentó que ha desarrollado poco en la suprema Corte de la Nación, pero no da certeza a las comunidades, por eso están promoviendo la Ley General de Consulta para que el gobierno y las empresas que quieran llevar a cabo un proyecto se informen de una manera libre, previa e informada, pero sobre todo respeten la decisión de cada pueblo.
Gudelia Santiago y Viviana Flores leyeron el posicionamiento con sus exigencias: que con la visita de la relatora de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz a México, sean atendidas las exigencias de las organizaciones, y que el gobierno mexicano acepte las recomendaciones que este organismo internacional le exija resolver. Seguimiento a las cuatro líneas de investigación dictadas por los organismos internacionales al gobierno mexicano para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; justicia por los asesinatos de los activista, Antonio Vivar Díaz, Rocio Mesino Mesino y Ranferi Hernandez Acevedo.
Pidieron que el gobierno atienda las recomendaciones dictadas por los organismos normativos en materia de consulta a los pueblos indígenas, atendiendo y aceptando la iniciativa de Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas por las organizaciones campesinas e indígenas de México y la defensa de la Ley 701.
Pidieron mayor presupuesto al campo, educación, salud y la cancelación de las concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado a empresas paraestatales y extranjeras, sin consultar a las comunidades y pueblos originarios.
Demandaron el cese a las agresiones constantes hacia las escuelas normales del país, y justicia para Nochixtlán, Oaxaca.
Al término del foro se realizó un evento sociocultural, donde participaron la danza del diablo y artistas locales, como El Cóndor Gamiño, que cantó rap de protesta, y Saúl Moran Oropeza, con canciones de protesta.
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