En el Congreso del Estado exigen la restitución del Artículo 14 de la Constitución y de la Ley 701 que cambió la legislatura pasada y quedó un vacío jurídico. El Poder Judicial niega los derechos conquistados por la Policía Comunitaria de su reconocimiento como parte del sistema de seguridad del estado con facultades para impartir seguridad y justicia, plantea Tlachinollan
Chilpancingo, Guerrero, 8 de noviembre de 2019. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) marcharon y participaron en un mitin en la sede de los juzgados federales y el el Congreso del Estado para exigir la restitución del Artículo 14 y las fracciones 35, 36, y 37 de la Ley 701 derogados por la legislatura pasada, y demandaron a los jueces federales dejar de dar amparos a delincuentes.
A las 11 de la mañana unos 500 integrantes de las cinco casas de justicia y comités de enlace que conforman la CRAC salieron del monumento a Nicolás Bravo en la avenida Vicente Guerrero, cerca del mercado de la capital, y caminaron rumbo a las sede de los juzgados federales ubicados a un costado del museo interactivo La Avispa.
Los policías comunitarios que participaron portaron sus uniformes: playera verde olivo y pantalón negro, pero sin sus armar. Al frente fue colocada una manta que en letras roja dice “CRAC-PC exigimos a ministros (SCJN) la cancelación de regresivas reformas a la Constitución (Art.14 y la Ley 701) del Estado”. Durante la marcha un helicóptero del Ejército estuvo siguiendo la movilización.
Sin contratiempos, la movilización llegó alrededor de la 12:30 de la tarde a la sede de los Juzgados Federales en la lateral de la Autopista del Sol, ahí durante 30 minutos la circulación de vehículos se paró mientras se desarrolló el mitin, donde recriminaron a los jueces federales el otorgamiento de amparos a delincuentes.
En su intervención el abogado del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz denunció que más de 250 comisarios municipales del sistema comunitario han sido notificados de un amparo otorgado por el juez segundo federal con sede en Acapulco para dejar de investigar al ex comandante y preso fugado, Euliser Hernández Hernández quien está acusado del asesinato del coordinador Julián Cortés Flores ocurrido el 12 de abril.
Mientras, a los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla se les ordenó poner en libertad a José Artemio Navarrete Sánchez, acusado que confesó haber asesinado a su hermano el 17 de mayo en la comunidad de El Coyul, del mismo municipio, así como el pago de una multa que suma 190 mil pesos. Ante esto el abogado expresó “solicitamos al Poder Judicial de la Federación dejar de perseguir al sistema comunitario y que no permita más amparos”.
El consejero de El Paraíso, Juan Fidencia recriminó el actuar de los jueces federales, y dijo que el 20 de octubre en una asamblea en esa comunidad de Ayutla se acordó que no se va a liberar a los delincuentes “mucho menos a entregarlos al Ministerio Público, donde salen después, y la violencia vuelve a los pueblos”. E indicó que hay otros tres presos que están buscando amparos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recordó que el Poder Judicial está para administrar justicia de la gente más olvidada pero para hacer cumplir el Estado de derecho, deben de saber que el Artículo 1 de la Constitución señala proteger los derechos humanos y que tienen que tomar en cuenta los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
“Por lo mismo se tiene que garantizar una adecuada administración, pero en Guerrero la autoridad ha pisoteado los derechos de los pueblos indígenas, los ha discriminado”, y exigió al Poder Judicial que cese la criminalización y persecución, “estamos viendo una aplicación restrictiva del derecho, no hay una aplicación progresiva del derecho. Lo que estamos viendo con los amparos”.
Dijo que lo que hace la autoridad federal es negar los derechos conquistados por la Policía Comunitaria que nació hace 24 años. “No más impunidad no más criminalización ni discriminación contra los pueblos indígenas”. Denunció el vacío jurídico que quedó con la derogación del Artículo 14 y de las fracciones 35, 36, y 37 de la Ley 701, donde se reconocía a la CRAC-PC como parte del sistema de seguridad del estado, y le daba facultades para impartir seguridad y justicia.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las afuera del Congreso, donde el coordinador de la CRAC-PC en Espino Blanco, Taurino Reyes Campos expresó que la protesta era contra el mal gobierno y mala administración que se ha dado en Guerrero donde los jueces se han coludido con la delincuencia organizada al otorgar los amparos, y recordó que en la CRAC-PC no hay impunidad ni corrupción y demandó a los diputados hacer su trabajo.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Adulfo Esteban de la Cruz recriminó que la Ley se haya derogado para afectar a la CRAC-PC y expresó “no golpeen al pueblo porque así los vamos a tratar cuando vayan a buscar el voto”.
En tanto el integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota e integrante de la Casa de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez exigió a los diputados echar abajo la Ley que el actual gobernador logró el año pasado cuando aún el Congreso era de mayoría priista.
Después una comisión de 50 integrantes de la CRAC-PC entró al Congreso donde fueron atendidos en una reunión que fue interrumpida en dos ocasiones porque los diputados de Morena iban y regresaban al recinto legislativo para votar los acuerdos y la Ley de revocación de mandato. El encuentro terminó a las 4:30 de la tarde.
El diputado de Morena Aristóteles Tito Arroyo se compromete a presentar un exhorto al Polder Judicial y las modificaciones legslativas
A la reunión en la biblioteca del Congreso acudieron los diputados del Grupo Parlamentario de Morena encabezados por su coordinador, Antonio Helguera Jiménez, Aristóteles Tito Arroyo, Erika Valencia Cardona, Nilsan Hilario Mendoza, Luis Enrique Ríos Saucedo, Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Alfredo Sánchez Esquivel, Arturo Martínez Núñez y Moisés Reyes Sandoval.
Casi al final del encuentro se integraron los diputados del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez y de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía. El diputado Tito Arroyo se comprometió con las autoridades comunitarias a que para la próxima semana presentará ante el pleno un exhorto al Poder Judicial por los amparos que se están dando y para que se deje trabajar a las autoridades comunitarias.
Informó que a finales de noviembre estará listo y será propuesta la nueva modificación a la Ley 701, y el Artículo 14, una vez que se tengan las conclusiones de los diez foros de consulta realizados en las comunidades indígenas del estado y de donde se retomaran las propuestas.
Entre las participaciones que hubo de las autoridades comunitarias frente a los diputados sobresalió la del comisario de Tierra Colorada, Malinaltepec, quien dijo que los diputados deben de estar conscientes de las diferencias que hay entre la CRAC-PC con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y lamentó que las acciones de esta organización así como de las autodefensas afecten a la CRAC-PC.
El consejero de la CRAC-PC de la comunidad de Paraje Montero, Fabián Carrasco dijo que a pesar de la disposición de los diputados de restituir los derechos de los pueblos indígenas hay temor y desconfianza por los diputados que estaban y apoyaban a la CRAC-PC en la pasada legislatura, que al final aprobaron lo que el gobernador Héctor Astudillo les envió y citó al diputado de MC, actual subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.
También solicitó a los diputados destinar una partida presupuestal a la CRAC-PC que asume responsabilidades del Estado al dar seguridad a las comunidades ante la desatención y omisión que a 24 años de su nacimiento persiste, porque quienes participan no tienen un sueldo.
Rodolfo Chávez solicitó a los diputados aprobar y reformar lo que se tenga que hacer en el estado sin esperar una opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) porque el problema le compete al estado, y remató “Astudillo odia a los pueblos indígenas por eso hizo la reforma a la Ley 701”.
En la marcha participaron también el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, y una comisión de observadores de Servicios Internacionales para la Paz que acompaña a los manifestantes.
En el trayecto algunos comentaron que salieron de sus comunidades a las 2 y 4 de la madrugada para llegar a la capital, sin desayunar ni comer, a las 5 de la tarde comenzaron a subir a los carros con los que regresaron a sus pueblos y llegarán en el transcurso de la madrugada de este viernes.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Jessica Torres Barrera
