Los manifestantes pasan a las oficinas del PRD en Chilpancingo, donde detonaron cohetones, destruyeron muebles y ventanas y pintaron consignas. Celebran una misa en el lugar de la represión policiaca del 12 de diciembre de 2011 y reiteran su rechazo a que Ramón Almonte sea incluido en la terna para fiscal. Las investigaciones están estancadas en la FGE, denuncian familiares de los dos normalistas asesinados, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino
Chilpancingo, Guerrero, 13 de diciembre de 2021. “Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos”, es la consigna con que inició la marcha por 10 años del desalojo a balazos de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados los alumnos Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, y en la avenida Alemán, en el centro de la ciudad, los manifestantes cubrieron con pintas la fachada de la oficina estatal del PRD, forzaron con un mazo la puerta blindada y explotaron adentro seis cohetones que cimbraron el piso.
En el mitin frente al hotel Parador del Marqués, donde ocurrieron las graves violaciones a los derechos humanos contra normalistas el 12 de diciembre de 2011, los manifestantes incendiaron dos monigotes, uno con la fotografía del perredista Ángel Aguirre Rivero, gobernador durante el desalojo de sus compañeros, y en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Francisco, hermano de Gabriel Echeverría de Jesús, una de las víctimas del 12 de diciembre, advirtió a los diputados locales, que si nombran fiscal general al que fue secretario de Seguridad Pública en 2011, Ramón Almonte Borja, será un acto de provocación para el movimiento estudiantil.
En nombre del colectivo Los Olvidados, Francisco Echeverría recordó que Almonte Borja era jefe del subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Arreola Ibarra, quien llegó a la carretera, declaró a la prensa que los uniformados tenían la instrucción de liberar la vía tomada por los estudiantes, y “se hizo de la vista gorda” ante los cuerpos de normalistas muertos a unos metros de distancia.
“Hace 10 años esas balas nos arrebataron a nuestros hermanos. Ese día cambió el rumbo de dos familias. Es lamentable que en la actualidad las autoridades se siguen haciendo de la vista gorda; hay pruebas de lo que ocurrió, cámaras de vigilancia de Liverpool, de la gasolinera, y medios de comunicación en el lugar”.
También levantó la voz por justicia para “el compañero de la gasolinera”, Gonzalo Miguel Rivas, muerto días después por las heridas que le ocasionó un incendio de la gasolinería que se encuentra a unos metros de aquella manifestación estudiantil.
Subrayó que el análisis de los videos y fotografías de aquellos hechos, públicos en internet, revelan que quienes provocaron el incendio, huyeron hacia donde se encontraban policías ministeriales en el encauzamiento del río Huacapa, paralelo a la carretera, y los oficiales en lugar de aprehenderlos, facilitaron su salida.
No lo mencionó, pero en aquellos días, los normalistas fueron estigmatizados por la muerte del empleado de la gasolinera, auspiciado desde las instituciones que no han mostrado interés en el esclarecimiento de los hechos.
La protesta
Estudiantes, docentes y activistas llegaron a las 12 del día a las glorieta de El Caballito al norte de la ciudad, en unos 15 autobuses del servicio público, provenientes de Tixtla, donde se concentraron previamente. Unas mil personas en total.
En la avanzada, estuvieron la dirección de la Federación de Estudiantes Campesinos, Socialistas de México (FECSM), que aglutina a las normales rurales que quedan en el país, fundadas hace más de 90 años. Por turnos, hombres y mujeres explicaron a la población la razón de la manifestación.
Luego, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala; normalistas de diferentes estados como Tlaxcala, Michoacán y Sinaloa; representantes regionales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), del Frente Popular Francisco Villa, egresados de Ayotzinapa, y comuneros de Cacahuatepec.
Avanzaron a paso lento por las avenidas Insurgentes, Alemán y Lázaro Cárdenas, cuando tomaron la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero, que es parte de la Autopista del Sol, se unieron más activistas. La constante, fue el canto de consignas revolucionarias.
Los estudiantes llevaron dos ataúdes negros de cartón con leyendas contra la impunidad en una década y la exigencia de justicia, en la manta principal imprimieron imágenes de Gabriel Echeverría de Jesús, de Tixtla, y Jorge Alexis Herrera Pino, de Ayotac, muertos a balazos aquel 12 de diciembre, y diez cruces que representan alumnos de la normal Raúl IsidroBurgos de Ayotzinapa, asesinados.
En las mantas se leía: “Ángel Aguirre Rivero… asesino”, “Los masacrados serán vengados”, “Ayotzi, aguanta, Cañada se levanta”, “fue el Estado, ni perdón, ni olvido”.
Como cada año, protestaron fuerte en las oficinas del PRD estatal, que esta vez tenía reforzada la puerta de acceso. Los estudiantes tardaron casi 20 minutos golpeando con un mazo de frente la puerta blindada. Hasta que algunos entraron al edificio forzando una ventana lateral, pudieron romper las cerraduras por dentro.
Antes de que estuviera abierta la puerta se escuchó caer vidrios y muebles por los golpes, casi al salir, la explosión de seis cohetones que alarmaron a los vecinos. Cuando se retiraron los manifestantes, llegaron bomberos del estado.
Estamos cansados de paz aparente de gobiernos priistas, perredistas y morenista: párroco Filiberto
A las 4 de la tarde, el sacerdote activista por la presentación de desaparecidos, José Filiberto Velazquez Florencio, celebró una misa de aniversario luctuoso para Alexis y Gabriel, en la carretera federal que entronca con la de cuota, donde los estudiantes cayeron muertos.
Destacó el hartazgo de la sociedad de las desapariciones y las muertes, “estamos cansados de una paz aparente, con gobiernos priistas, perredistas o morenistas”.
Como referencia señaló la aparición sin vida del maestro universitario Salvador Catalán Barragán, y su hijo adolescente, Marcos Robles Alejo, y del activista de derechos humanos, Vicente Suastegui, que sigue desaparecido.
Rogó para que en este día, que se conmemora también a la Guadalupana, se escuche la demanda de justicia, y para que el próximo fiscal del estado garantice la justicia a las familias de las víctimas, en un estado donde 97 por ciento de los crímenes permanecen impunes.
Para concluir, sólo hubo dos intervenciones en el mitin político, de la representación de la Ayotzinapa, que recriminó las atrocidades cometidas por las autoridades que reprimen y asesinan a estudiantes, “no es posible que por ser normalistas el gobierno nos trata como delincuentes”.
Francisco Echeverría, en nombre de su familia y la de Alexis, adelantó que las nuevas administraciones pueden premiar a los responsables de los crímenes contra los estudiantes.
“Como lo mencionó el compañero en su momento, es lamentable que quienes tuvieron que ver con la muertes del 12 de diciembre y del 26 de septiembre, hoy sean premiados con la oportunidad de acceder a cargos públicos”.
Aseguró que en la terna que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, enviará a los diputados para que nombren al próximo fiscal del estado, aparece el abogado Almonte Borja, que fue separado de la SSP por los eventos del 12 de diciembre.
Francisco Echeverría informó que la investigación de los crímenes del 12 de diciembre sigue estancada en la ahora Fiscalía General del Estado, nunca fue atraída por la dependencia federal, y la investigación especial de la Comisión Nacional de Derechos HUmanos (CNDH) no incluyó elementos que evidencian que funcionarios estatales trataron de incriminar a los estudiantes. Confió en que instancias internacionales revisen los procedimientos y puedan coadyuvar en el camino de la justicia.
Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera
