Chilpancingo, Guerrero, a 18 de septiembre de 2025.- A cuatro años de la apertura del centro comunitario Gúwa Kúma: la casa de los saberes, en Ayutla, los gobiernos federal y estatal no apoyan con lo necesario para su funcionamiento, recriminó la abogada y enlace del centro con las comunidades indígenas, Noemí Prisciliano Fernández.
Este miércoles, mujeres indígenas, encabezadas por Inés Fernández Ortega, víctima de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en 2002, marcharon en Ayutla para visibilizar el problema de violencia contra las mujeres y para denunciar la falta de apoyos de los tres órdenes de gobierno.
En declaraciones por teléfono, Prisciliana Fernández, hija de Inés Fernández, recriminó que a pesar de que en sus discursos la gobernadora Evelyn Salgado Pineda habla de que hay apoyos para las mujeres víctimas de violencia, en los hechos no los hay.
Sólo con lo indispensable, Gúwa Kúma ha dado atención en los cuatro años que lleva abierto a unas 500 mujeres de los municipios de Acatepec, Florencio Villarreal, Tecoanapa y Ayutla.
El apoyo que les dan es de asesoría legal, psicológico, trabajo social, enfermería y, además, las ayudan con pláticas de prevención contra la violencia.
Noemí Prisciliano reprochó que a pesar de que el centro es resultado de la reparación del daño que se incluyó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), no ha recibido el apoyo de las autoridades, pues “lo han tomado como un centro más, cuando le deberían dar prioridad”.
Reprochó: “A pesar de que en Guerrero tenemos a una gobernadora que es mujer, no hemos recibido apoyo ni para el pago de salarios y viáticos de las profesionistas. Siempre se justifican de que no hay recurso, a pesar de que el Congreso del Estado nos etiqueta un recurso específico para el centro comunitario, realmente no lo ejercen como tal”, denunció.
Antecedentes
En 2002, Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa, fue víctima de tortura sexual por parte de soldados del Ejército mexicano.
Después de ocho años de una lucha jurídica y social, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el 30 de agosto de 2010 la Coidh emitió una sentencia contra el Estado mexicano, en la que determinó que Inés fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura sexual, y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.
Como parte de la reparación del daño, Fernández Ortega solicito un espacio para brindar atención a mujeres víctimas de violencia, como medida de no repetición.
El 17 de septiembre de 2021 se abrió el centro comunitario para beneficio de las mujeres y la niñez me’ pha y tu’ un savi.
Dentro del modelo se previó una colaboración interdisciplinaria entre las diferentes áreas de atención prioritaria, como atención médica, jurídica, psicológica y trabajo social.
En tanto que en 2022 abrió sus puertas el albergue para jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad que llegan a Ayutla a realizar sus estudios. A ellos les proporcionan estancia y alimentación.
La abogada Prisciliano Fernández explicó que desde el inicio Inés Fernández pidió que el centro fuera un proyecto diferente a los que ya existen y autónomo, pero el gobierno estatal no lo aceptó, “habló de lineamientos, de programas, es decir lo tomaron como cualquier otro programa”.
Explicó que derivado de ello están trabajando con el subsidio de alerta de género, es decir, de julio a diciembre les paga a las profesionistas el gobierno federal y de enero a junio el gobierno estatal.
Sin embargo, denunció que el estatal les paga con mucha irregularidad y no les ha cubierto meses de años anteriores.
En el centro trabajan dos abogadas, una psicóloga, una trabajadora social y una promotora de prevención, y ninguna ha recibido sus salarios correspondientes a los meses de mayo y junio, que corresponde cubrir al gobierno estatal, “pues siempre se justifican con que no cuentan con el recurso”, dijo la abogada.
Denunció que el gobierno estatal tampoco les apoya con la alimentación de los 50 jóvenes estudiantes para los días sábados y domingos, a pesar de que éstos vienen de comunidades alejadas y tienen que quedarse los fines de semana; sin embargo, el gobierno estatal sólo los apoya para la alimentación de lunes a viernes.
La abogada criticó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, siempre hablan de que hay apoyo para las mujeres víctimas de violencia, “pero aquí no se ve, no se ve reflejado en las defensoras de las mujeres indígenas y en las mujeres víctimas de violencia”.
Pidió a la presidenta Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Salgado Pineda “que regresen a ver a las mujeres de la Montaña, que sufren violencia y viven en extrema pobreza”.
Informó que igual no las han apoyado con mobiliario ni equipo para trabajar con más eficacia a favor de las mujeres violentadas.
Contó que desde hace cuatro años que abrieron están trabajando con el mobiliario que les donó la empresa Coopel, “pero ya está muy deteriorado”.
Explicó que siguen trabajando con los mismos archiveros, escritorios y sillas que les donó esa empresa, mientras que por parte de los gobiernos federal y estatal no han recibido ni una silla.
“Hemos acudido a reuniones tras reuniones en las que hemos pedido recurso para el financiamiento del centro comunitario, para el salario de las profesionistas y para el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia, pero no lo hay, aunque en sus discursos dicen otras cosas”, insistió la abogada.
En un boletín de prensa, Tlachinollan informó que la movilización fue encabezada por Inés Fernández, para denunciar las violencias contra las mujeres indígenas, así como para denunciar la falta de apoyo gubernamental.
Tlachinollan recogió la denuncia que hizo Noemí Prisciliano durante la protesta
“Desde que inició el proyecto, Inés lo ha echado a andar con sus propios recursos, porque no hay un fondo específico destinado al centro comunitario para cubrir el acompañamiento de las víctimas, ni para el salario de las profesionistas que desde el año pasado a julio no se ha cubierto”.
Agregó: “Hace como tres días terminaron de arreglar el techo y otros servicios, pero estuvimos tres años batallando para que nos dieran el recurso. Ha sido un viacrucis para que suelten el dinero para mantenimiento”.
Dijo que no cuentan con recursos económicos suficientes para un mejor seguimiento de las asesorías y acompañamientos de las mujeres indígenas.
Las 50 mujeres, tanto profesionistas que apoyan en la asesoría, como las que reciben el apoyo del centro, caminaron a partir de las 9 de la mañana de la unidad deportiva, ubicada en la entrada de la cabecera municipal y terminó en la Casa de los Saberes.
“Ahí, Eustolia, viuda de El Charco, abrazó la lucha que sigue dando Inés”, informó en su boletín Tlachinollan.
“La caminata fue por la vida, la dignidad y la justicia en un contexto de alta violencia”, informó el organismo de derechos humanos.
En un video que compartió el organismo, se vio a las mujeres indígenas, quienes con pancartas en la mano hicieron una parada frente a la Casa de los Pueblos “para recordar la tenaz lucha que emprendió Inés hace 23 años”.
Zacarías Cervantes / Foto: Tlalchinollan
