Denuncian que el funcionario desvirtúa y deslegitima su “trabajo histórico” en defensa de los jornaleros agrícolas, y exigen que se emita una “rectificación” desde la Secretaría de Gobierno del estado
Chilpancingo, Guerrero, 13 de febrero de 2026. Más de 300 organizaciones nacionales e internacionales, así como activistas en lo individual, manifestaron su respaldo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, frente al señalamiento del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del estado, Omar Estrada Bustos, de que ese organismo “recluta” jornaleras y jornaleros agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo.
En un pronunciamiento difundido ayer denunciaron que el funcionario desvirtúa y deslegitiman el “trabajo histórico” de Tlachinollan.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante las declaraciones realizadas por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Omar Estrada Bustos, en las que se afirma que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan ‘recluta’ jornaleras y jornaleros agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo”, refiere el escrito de las y los activistas nacionales y extranjeros.
Consideran que las afirmaciones del funcionario no sólo son imprecisas, sino que desvirtúan y deslegitiman el trabajo histórico Tlachinollan, con más de tres décadas de acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, frente al abandono institucional, violencia estructural y la vulneración sistemática de sus derechos”.
El funcionario estatal declaró a El Sur el martes que Tlachinollan, “tiene una especie de reclutamiento de jornaleros agrícolas con empresas que no están vinculadas al Servicio Nacional del Empleo”.
En respuesta, las agrupaciones y activistas, aclararon que la labor de Tlachinollan en el ámbito de la población jornalera agrícola, ha sido de acompañamiento integral “y nunca de reclutamiento laboral”.
Entre algunas de las agrupaciones que respaldan a Tlachinollan están: Alianza Campo Justo, integrada por Oxfam México; Fundar; Centro de Análisis e Investigación; Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Global Exchange; Impunidad Cero; Instituto de Derecho Ambiental, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos.
Explican que Tlachinollan, además, documenta violaciones a derechos laborales y humanos, fortalece capacidades para su defensa y sostiene espacios de atención como la Casa del Jornalero en Tlapa, donde cada año miles de familias reciben alimentos, atención médica y un lugar para pernoctar durante sus trayectos migratorios.
Destacan que, junto con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, realiza un registro anual que se hace público y se comparte con instituciones, el cual aporta información clave sobre trayectorias migratorias, migración de niñas, niños y adolescentes, y el acceso a programas sociales.
“Cabe destacar que este registro es único en la región e incluso más detallado que las plataformas públicas existentes, y que en su elaboración Tlachinollan no actúa como intermediario laboral, sino que registra, documenta y acompaña a las familias jornaleras”.
Recuerdan que, además, el organismo que dirige Abel Barrera Hernández, también ha acompañado casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos, como los de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), así como a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, “y ha sostenido procesos comunitarios de defensa del territorio y de exigibilidad de derechos”.
Añaden que por ello resulta “especialmente preocupante” que se intente responsabilizar a una organización de la sociedad civil por problemáticas que tienen su origen en la falta de atención estructural de las autoridades, pues desde hace años la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no funciona en la práctica, pese a que presentó algunas iniciativas en noviembre de 2025 en Tlapa.
Asimismo, aclaran que los intentos de coordinación del organismo con autoridades de los estados de destino no han ido más allá de la firma de convenios formales, sin efectos reales en atender de raíz la violación de derechos de la población jornalera de Guerrero.
Critican que, mientras tanto, el apoyo del gobierno del estado de Guerrero se ha limitado de manera insuficiente a la entrega de algunos proyectos productivos ocasionales en comunidades,, que forman parte de la población jornalera agrícola, así como a la distribución de despensas, “sin que exista una política pública integral con enfoque de derechos, que atienda las causas estructurales de la migración interna y el abandono histórico de las comunidades de la Montaña y de otras regiones jornaleras”.
Reprochan que tampoco se han establecido mecanismos claros desde la Secretaría del Trabajo a nivel local para regular, supervisar o sancionar a las empresas que ofrecen empleo fuera del marco legal.
“Esta situación no se resuelve exclusivamente mediante un enfoque centrado en la migración jornalera a partir de las empresas registradas en el Servicio Nacional del Empleo”.
Denuncian que, ante la falta de oportunidades y alternativas reales, muchas familias jornaleras se ven obligadas a aceptar los empleos que se ofrecen o exhiben en diferentes espacios, incluyendo la Unidad de Servicios Integrales (USI) y sus alrededores, así como a trabajar en condiciones indignas que vulneran sus derechos.
“Estas familias continúan migrando en condiciones de extrema vulnerabilidad, enfrentando extorsiones por parte del crimen organizado y abusos de policías municipales y estatales, mientras que en los campos agrícolas persisten condiciones de explotación laboral en un escenario de debilitamiento constante del sistema de inspección del trabajo y de falta de claridad en las competencias entre los ámbitos federal y local”, denuncian.
Frente a ello, agrupaciones y activistas exhortan a las autoridades estatales y al Gobierno federal que cesen los señalamientos que buscan deslegitimar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y reconocer públicamente la labor de acompañamiento que realizan.
Además, piden establecer una coordinación real y sostenida con las organizaciones y comunidades, orientada a mejorar de manera estructural las condiciones de vida y trabajo de la población jornalera agrícola.
Asimismo, fortalecer los sistemas de inspección laboral y de protección a personas jornaleras, con un enfoque de derechos humanos, intercultural y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, exigen que se emita una “rectificación” desde la Secretaría de Gobierno del estado aclarando que Tlachinollan es una organización de defensa de los derechos humanos, y que de ninguna manera participa en el reclutamiento de personas jornaleras para labores agrícolas.
Otras organizaciones firmantes son: Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC); las organizaciones que integran el Espacio OSC; Aartículo 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Centro Nacional de Comunicación Social; Comunicación e Información de la Mujer; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, integrada por 88 organizaciones en 23 estados de la República mexicana.
En tanto que entre las firmas individuales están: Jessica Marjane Durán Franco, defensora de derechos humanos; Sergio Aramís Figueroa Pierce; Ara Figueroa, de Colectiva Oración Qaribe; Maria Elena Valdivia, directora ejecutiva de Migrants and Minorities Alliance; Marianela Fernández Islas, coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral y Arelhí Galicia Santamaría, investigadora de Fundar.
Zacarías Cervantes
