Difunde un mensaje para honrar sus luchas en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se suma a la demanda de Micaela Cabañas para que el gobierno de Guerrero dé una disculpa pública a las víctimas de la guerra sucia por el homenaje a Rubén Figueroa
Chilpancingo, Guerrero a 11 de diciembre del 2025.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que todos los asesinatos, desapariciones, persecuciones y encarcelamientos de defensores y defensoras de la época reciente de Guerrero, más de 50 casos identificados, siguen impunes, en un mensaje para honrar sus luchas este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Mediante una transmisión en Facebook, el director Abel Barrera Hernández se sumó además a la demanda de la hija del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala, para que haya una disculpa pública a las víctimas de la llamada guerra sucia, por “el homenaje inaudito” de este gobierno a Rubén Figueroa Alcocer,
Señaló que todos esperarían que a 51 años del cruel asesinato del maestro Lucio, las autoridades estatales le hubieran hecho homenaje, no a quien cometió crímenes graves, Rubén Figueroa Figueroa, un cacique, con quien emprendió una cacería contra todo movimiento disruptor, toda disidencia política, religiosa y social, señaló.
“No debemos aceptar que el gobierno denigre la memoria del maestro Lucio Cabañas, ante cacicazgos funestos que nos han ahogado en la violencia, con personas ejecutadas, asesinadas, desaparecidas, lanzadas al aire en los vuelos de la muerte. No podemos como defensores dejar pasar de largo este hecho que agravia la memoria”.
Insistió en que las autoridades tienen la obligación de reconocerlo públicamente, como lo ha pedido Micaela Cabañas Ayala, su hija, y a los demás luchadores con trayectoria heroica por la defensa de los derechos del pueblo, así como la semana pasada, el estado a Arnulfo Cerón Soriano asesinado en Tlapa, cuyo homicidio sigue impune y el principal señalado, libre, puntualizó.
Recordó el primer informe de Tlachinollan de 2009, por los asesinatos de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Ayutla de los Libres, relacionado con autoridades municipales, tras ser detenidos en Ayutla de los Libres.
“Pensaríamos que a 16 años, por ese reconocimiento, las defensoras y defensores estarían en mejores condiciones, lamentablemente no, hay más riesgo”.Tal es el caso de vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, en abril de este año, en una playa de Acapulco.
Aclaró desde la década de los 90, “la economía criminal, la delincuencia organizada se venía gestando por esta colusión entre caciques estatales y regionales, Ejército y policía, como ocurrió con la desaparición de los líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos hace 14 años en Tecpan de Galeana.
Reconoció asimismo a los padres y madres de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, varios fallecidos en estos 11 años de lucha, sin conocer el paradero de sus hijos; a los 43 normalistas desaparecidos, y seis asesinados en otros hechos, como Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús , ejecutados en un desalojo de la Autopista del Sol en 2011.
Aunque para los defensores está muy claro el patrón de criminalidad que los rodea, Barrera Hernández cuestionó que la Fiscalía no lo ve, ni detiene a los perpetradores, que mantiene tan alta la impunidad.
“Vamos a los expedientes pero no hay detenidos, y los pocos detenidos son liberados, como relató recientemente la hija de Marcial Bautista, Victoria”.
Recordó a Bruno Plácido Valerio, que encabezó la Policía Comunitaria en una situación grave de inseguridad y violencia en la Costa Chica, asesinado en Chilpancingo, a su hermano, Cirino Plácido también luchador social que murió por una enfermedad que no pudo atender, y el sacerdote Mario Campos, que falleció durante la pandemia de Covid-19.
Los abogados Isidoro Vicario Aguilar y Neil Arias Vitinio mencionaron, entre otros, a Juventina Villa, líder ecologista de la región de la Laguna, asesinada junto a su hijo, cuando se preparaba para salir desplazados tras muchas muertes y desapariciones incluida el de su esposo, Rubén Santana Alonso; a Rocío Mesino, a Celsa Valdovinos que dieron su vida por la defensa del territorio en el caos que provocan los grupos de la delincuencia organizada.
A las madres de los normalistas desaparecidos, Minerva Bello y Genoveva Sánchez que murieron sin acceso a la salud. Recordó también a Inés Fernández y a Valentina Rosendo Cantú, que demostraron ante la Corte interamericana de Derechos humanos que en Guerrero no les creen a las víctimas
A Ranferi Hernández Acevedo, asesinado con su esposa, su suegra y su sobrino, y la lucha de su hija Diana Itzel, en su demanda de justicia, las viudas de la masacre de El Charco. También a las que siguen luchando, Felícitas Martinez, fundadora de la Casa de Justicia en la Montaña, Martha Obeso, y más.
Lourdes Chávez
