Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año– el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía para la pacificación nacional.
En Minatitlán, las autoridades federales tienen claras las principales líneas de investigación, que cruzan indivisiblemente a los dos factores señalados. Hace tiempo se perdió el control en esa ciudad petrolera y quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol en Minatitlán. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera de Coatzacoalcos-Cosoleacaque, que pasa junto a esa ciudad, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.
Desde hace aproximadamente cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán, Coatzacoalcos y los municipios de la zona, son comunes. Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos años antiguos asesinos de Los Zetas, que hoy están enfrentando a esa organización tamaulipeca en Veracruz. El fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significa. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.
Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.
Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
Lo que se ha venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al Cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos y no hay acciones. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de tal negligencia.
López Obrador está en otra lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional al arrancar febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. La racional de López Obrador es que los asesinos no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujan a ello.
El incremento de fuego y las cifras históricas de homicidios dolosos en su gobierno, son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugiere su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. Empero, las condiciones son totalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.
Pactar de facto con el Cártel del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80 en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su camino, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer, dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea.
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