Ciudad de México, 24 de enero 2018. El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad al presentar una iniciativa que contempla mayores castigos a los responsables, así como el decomiso de los bienes y dinero para regresarlo a la sociedad.
El también exsecretario de Hacienda aseguró que no tiene ningún acto de corrupción en su historia como funcionario.
“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.
En un acto en el que estuvo acompañado por los líderes del PRI en el congreso de la Unión, así como por los dirigentes de la coalición que lo impulsa, Meade manifestó que cerrarán filas en el combate a la corrupción y la impunidad porque es uno de los principales retos que tiene el país.
Meade indicó que la solución debiera empezar por la devolución del dinero o los bienes mal habidos ya que la ciudadanía exige que se prevenga y se combata frontalmente a la corrupción, castigando con fuerza a los corruptos y regresándole a la sociedad lo que se le quitó.
“Yo comparto y respaldo esa demanda”, sostuvo al explicar que el combate efectivo a la corrupción requiere de un marco jurídico bien diseñado, instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no rindan cuentas a los políticos, sino permanentemente a la sociedad.
También de servidores públicos profesionales, íntegros, eficientes, así como la participación activa de la sociedad civil, afirmó Meade.
Sostuvo que este debe ser el trabajo de partidos, gobiernos y ciudadanos en su conjunto para erradicar de una vez por todas con el inaceptable flagelo de la corrupción.
“Voy a fondo contra la corrupción y la impunidad” indicó el aspirante presidencial al entregar la iniciativa de reforma que, dijo, previene y castiga la corrupción con un mecanismo rápido, equitativo y justo.
Dicha iniciativa está compuesta de tres elementos centrales: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.
Argumentó que esta iniciativa facultará a los fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa.
Asimismo, se recuperarán los bienes obtenidos por la delincuencia organizada y con ese dinero apoyar los estudios y los proyectos productivos de niñas, niños y mujeres, fortaleciendo a las familias y su economía.
Afirmó que esta es una iniciativa sin precedente y reiteró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo corresponsable y unido.
Texto: Apro / Foto: Cuartoscuro