Tres migrantólogas, en entrevista con El Sur, se refieren a las causas de la caravana precedente de Honduras y mencionan la propuesta de que el gobierno mexicano pida oficialmente la intervención de dos agencias de la ONU.
Ciudad de México, 27 de octubre de 2018. Se ha dicho que son más de 7 mil hondureños los que conforman la Caravana Migrante en territorio mexicano, que ya viene en camino otra de unos 2 mil más y que varios cientos se han regresado a su país ante las adversidades en el viaje. Nada de eso es nuevo: el desplazamiento forzado de centroamericanos a Estados Unidos es una realidad desde hace años, por lo que este es el momento en que México debe de poner en práctica los tratados internacionales que ha ratificado respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y que buscan refugio.
Esa es una de las conclusiones de un grupo de expertas en migración consultadas por El Sur, que coinciden también en que ese desplazamiento continuará, al menos en los próximos meses.
“Se habla de que vienen más centroamericanos… En primer lugar, México tiene que eliminar esa política de criminalización de la migración. Lo que vimos hace unos días no fue una caravana de migrantes, sino de desplazamiento forzado por la violencia. Entonces, se ha criminalizado y genera este tipo de prejuicios respecto a hondureños, cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos, aunque muchos han manifestado que se quedarían en México si se les brinda esa oportunidad”, dice Carmita Cisneros Monzón, experta en migración y quien ha atendido a esta población a través de organizaciones de protección como Casa Refugiados, Sin Fronteras y Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (Cafemin).
México está obligado a dar respuesta a las solicitudes de refugio, explica: “No se niega el factor económico, pero el éxodo es principalmente por la violencia, falta de oportunidades, amenazas, persecución”.
–Pareciera que esto, en términos políticos, fortalece a Donald Trump. Sucede justo cuando se aproximan las elecciones intermedias en Estados Unidos –se le recuerda a Carmita.
–La Caravana Migrante hondureña responde a un problema de años atrás, es un reflejo. Si le preguntas a cualquier casa de refugio de migrantes, a defensores de derechos humanos en México, descubres que la mayoría de las personas atendidas, al menos en los últimos cinco años, es hondureña.
La caravana se formó, sí, en un momento coyuntural político importante –continúa–, se manifiesta con unas 5 mil personas ahora, pero los hondureños migran de manera forzada desde hace mucho tiempo. La caravana se formó por la desesperación de buscar mejores condiciones de vida, porque en su país no hay. Se da en un momento en que Trump refuerza su discurso de odio y México evidencia su política restrictiva, que, lejos de garantizar los derechos de las personas trata de contener. Vale la pena quitar esas sospechas, pues es lo que más genera miedo en la sociedad civil, en redes.
–Sin embargo, Trump usa el tema.
–Sabemos sobre sus discursos xenófobos, racistas y clasistas, pues estas personas de la caravana vienen de contextos de pobreza y violencia. No es lo mismo un migrante que tiene un nivel socioeconómico más elevado. Ese miedo o fobia a los pobres se nota en frases como “son delincuentes” y “van a asesinar”.
Dejar de encerrar a los migrantes
El lunes pasado, en el momento en que los hondureños contaban su cuarta jornada en México, el Presidente estadunidense anunció que había alertado a los militares y a la patrulla fronteriza sobre el avance de la caravana migratoria, al calificar la situación como una “emergencia nacional”.
La académica e integrante de la red latinoamericana migrantólogos, Amarela Varela, indica que a los desplazados “se les debe reconocer públicamente como eso: desplazados forzados. A los gobiernos federal, estatales y municipales demandamos que no utilicen el dinero público para reprimir, sino para garantizar medidas humanitarias mínimas para el trayecto de la caravana”.
Los miembros del Movimiento Migrantes Mesoamericano, del cual forma parte Varela, proponen que el gobierno mexicano pida por la vía oficial y a través de canales diplomáticos la intervención de la ONU, específicamente de dos agencias: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a fin de atender esta realidad de desplazamiento forzado.
–En México, ¿cuáles son los retos para el gobierno actual y el que viene?
–Lo que proponemos desde hace al menos una década es que se cambie la perspectiva en el gasto público de seguridad nacional en torno a la migración y se convierta en seguridad humana. En vez de invertir los impuestos para sostener centros que mantienen recluidos a los migrantes, e incluso se habla de separación de familias, se deben utilizar para robustecer los sistemas de protección de derecho a asilo y reforzar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
La también investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) recuerda que el sacerdote Alejandro Solalinde ya genera una agenda de política pública para el próximo gobierno en torno a migración. “Además de fortalecer los mecanismos para un acceso real al refugio y asilo en el país, necesitamos hablar de que el dinero público se invierta en políticas de integración para los migrantes y refugiados”, sostiene.
–¿Cómo se ha beneficiado Trump de esta situación?
–Usa este éxodo de desplazados para reforzar la política de odio que lo llevó a la presidencia. Esto sucede en un momento complicado, en el que se vienen las elecciones intermedias, y las encuestas decían que perdería de una manera aplastante y el Partido Demócrata tomaría ventaja. Aunque no creo que sólo sea él. Se hace un uso terrible del dolor que vemos en las rutas de caravanas de desplazados. Pero eso sí, Trump refuerza su política de tolerancia cero, que en realidad es una guerra total contra la migración.
Percepción de amenaza y criminalización
Miles de migrantes hondureños –no más de 3 mil, según autoridades hondureñas– siguen en ruta hacia Estados Unidos a lo largo de México. Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, menciona que el gobierno de Honduras recientemente tomó una medida polémica, al intentar impedir que las personas salgan del país. “Es cuestionable hacer cierre de fronteras, pues es arbitrario respecto a la libertad de movimiento”, precisa.
–Algunos consideran que no es casual la salida de la caravana en estos momentos.
–Hay indicios de que no lo hacen tan casual, es cierto. La caravana es muy grande y tiene la idea fija de llegar a Estados Unidos. Han existido varias más, organizadas por sociedad civil, y no han tenido un volumen como el de ahora. Me llegó información de organizaciones civiles de confianza en la zona sur, de que algunos migrantes se quedan en hoteles. Esto crea la sospecha de que hay otros intereses en la movilización, aunque el tema del desplazamiento forzado siempre ha estado ahí.
Integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Coria dice que la caravana se visibiliza ahora más por el número de personas que la conforman, “pero tampoco hablamos de una cifra incontenible o poco usual en términos migratorios. Al final, lo que hicieron los hondureños fue llegar a un punto de internación en México y no necesariamente cumplían los requisitos de ingreso al país.
–¿El tema se aborda con la mesura que se requiere?
–Al contrario, se crea una percepción de amenaza y criminalización en torno a este flujo, y que no es otra cosa más que el ingreso al país sin los requisitos. Está la situación de violencia en Honduras, un hartazgo de las personas de no encontrar vías de regularización migratoria o el reconocimiento de necesidades de protección.
El hecho de que tantas personas decidan salir de Honduras, dice por su lado Carmita Cisneros, “habla de la incapacidad del gobierno, la cual está presente en toda la región centroamericana: El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Honduras no garantiza la seguridad, no provee de oportunidades a las personas en diversos ámbitos. A eso se suman las condiciones de violencia que invaden ese territorio, factor indiscutible en este desplazamiento. Estas personas han sido amenazadas, algún familiar fue asesinado, el crimen ha intentado reclutar a los menores”.
No detención, no devolución
Los hechos hablan solos, apunta Cisneros: “El número tan grande de hondureños en la caravana, que año con año salgan de ese país, confirma la incapacidad de protección de los derechos humanos”.
–Ahí entra el papel de México.
–Antes que otra cosa, el gobierno mexicano debe reconocer la protección de la población hondureña desplazada y garantizar la no devolución a su país. Que se garantice un debido proceso para el acceso a la protección internacional: la de refugiados. La no detención, pues las personas tienen el derecho de llevar sus procesos de manera libre, y no tener que estar en centros de detención a las que llaman estaciones migratorias.
Es indispensable, enfatiza, “que el gobierno tenga la apertura de trabajar de manera coordinada con sociedad civil, que hace mucho en estos casos de emergencia humanitaria, y que se cuiden las maneras en que intervienen las autoridades; el día que llegaron al puente, vimos mucha represión en la frontera sur, policías lanzando gas lacrimógeno a niños y a todos en general. No es posible”.
Elba Coria concuerda: se minimiza la situación de violencia en Centroamérica y la falta de capacidad de los gobiernos, en este caso el de Honduras, para proteger a su población contra amenazas de distintos tipos. “Se habla de migrantes, pero una gran parte de ellos requiere necesidades de protección internacional, si hablamos de casos específicos de refugiados, de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores o mujeres”.
Lo que debe de hacer el Estado mexicano, concluye, “es brindar asistencia humanitaria en lo que se resuelven las diversas situaciones jurídicas. Si llegan a puntos de internación y solicitan el ingreso a un territorio, debe de haber procedimientos de identificación de grupos vulnerables para referirlos a espacios en donde se atiendan de forma adecuada y derivarlos a los procedimientos convenientes.
“El Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de detectar esas necesidades de protección. En un marco objetivo donde hay información sobre la situación de violencia, desplazamiento, violaciones a derechos humanos y discriminación en Honduras, el que existan datos de parte de organismos internacionales fiables, debe de dar lugar a esos procesos de identificación. Debe de jugar un papel importante la Comar. Ahí están las instituciones, veamos si operarán como se debe”.
Texto: Guillermo Rivera
Foto: Isaac Monroy / DPA
