1 abril,2026 5:58 am

Incumple el Estado con dar la información a la CIDH sobre la tortura a Antonio Barragán

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad informa que el gobierno de México guardó silencio absoluto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejando vencer el plazo improrrogable establecido por el reglamento de la organización internacional, pero no lo exime de responsabilidades

Chilpancingo, Guerrero, 1 de abril de 2026. La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que el Estado mexicano “incumplió su obligación” de proporcionar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “detención arbitraria, tortura y prisión preventiva” del defensor social, Antonio Barragán Carrasco.

Informó que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenece Barragán Carrasco solicitó mediante su dirigente Norma Mesino, a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que asumiera el litigio internacional del caso Barragán Carrasco, y que la Red llevó el asunto ante la CIDH el 24 de marzo de 2025.

Derivado de ello, el 9 de septiembre del año pasado la CIDH notificó al Estado mexicano la petición P-587-25, presentada en nombre de Antonio Barragán Carrasco, “víctima de detención arbitraria, tortura y prisión preventiva”.

En un comunicado de prensa, la Red Solidaria informó este martes que conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH, el Estado mexicano contaba con un plazo máximo improrrogable de cuatro meses para presentar sus observaciones, plazo que venció el 9 de enero pasado.

Sin embargo, añadió que “el Gobierno de México guardó silencio absoluto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de Antonio Barragán Carrasco, dejando vencer el plazo improrrogable establecido por el reglamento de la CIDH”, denunció la Red Solidaria.

Para la Red, “el silencio del Estado mexicano no fue un accidente procesal, sino una decisión”.

Agregó que seis meses después de la notificación, la CIDH confirmó a la parte peticionaria, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que el Estado mexicano no ha remitido observación alguna, y que la propia CIDH se ha visto obligada a reiterar la solicitud ante la comisión gubernamental.

Para la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la negativa del Estado mexicano a responder ante la CIDH no es un mero incumplimiento burocrático, “sino que constituye una señal alarmante sobre la disposición del gobierno para rendir cuentas por las violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Advirtió que conforme al reglamento de la CIDH, el silencio del Estado no detiene el proceso y que el organismo internacional puede continuar el análisis de admisibilidad con los elementos aportados por la parte peticionaria, e incluso aplicar la Resolución 1/16 sobre Medidas para Reducir el Atraso Procesal, que permite diferir el examen de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo del asunto.

“Esto significa que el Estado podría enfrentarse a un pronunciamiento de la CIDH sin haber ofrecido ningún argumento en su defensa”.

Pero por lo pronto, alertó que México “envía así un mensaje preocupante a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

La Red Solidaria Década contra la Impunidad exigió que el Estado mexicano comparezca y responda ante la CIDH en el caso P-587-25 con plena transparencia. Además, que se garantice el acceso a la justicia de Antonio Barragán Carrasco y se investiguen de manera efectiva los actos de tortura, detención arbitraria y prisión preventiva de los que fue víctima.

También pide que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad internacional y cesen la cultura de impunidad que caracteriza a las violaciones graves de derechos humanos en México.

Barragán Carrasco, es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la OCSS, fue detenido en el 2001 por los presuntos delitos de secuestro y homicidio y se encuentra preso en el penal de Atlacholoaya, Morelos.

Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han denunciado que su detención fue ilegal, y que se declaró culpable bajo tortura y lo consideran un preso político.

Zacarías Cervantes

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