METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Como cada 30 de agosto desde hace décadas, México no conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: lo padece en carne propia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el país supera la conservadora cifra de las 128 mil personas desaparecidas. Una crisis que crece a un ritmo de 12 por ciento anual.
Sin embargo, los números, fríos y oficiales, esconden una completa geografía del terror: 75 por ciento de los municipios mexicanos reportan casos de desapariciones, mientras que cinco entidades –Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León– concentran casi la mitad de todas las desapariciones, de acuerdo con datos de Red Lupa. Pero la epidemia se expande en otras regiones sin que tenga el foco mediático ni gubernamental. Tabasco, por ejemplo, registra un aumento de 87 por ciento en los últimos meses, seguido por Hidalgo, Baja California, Guanajuato y Chiapas, todos con incrementos de 20 por ciento. Sólo Yucatán parece respirar, con una reducción de 5 por ciento.
Pero, como sabemos, en las estadísticas se esconden historias, patrones brutales. Según el propio RNPDNL, 76.82 por ciento de las víctimas de desapariciones son hombres, predominantemente jóvenes entre 25 y 29 años. Aunque las mujeres, desde luego, no escapan a esta máquina de violencia: 21 por ciento de las desapariciones femeninas corresponden a niñas y adolescentes de entre 15 a 19 años. Ciudad de México, aunque no figura entre los estados más afectados en términos absolutos, vive un repunte alarmante en la desaparición de mujeres y niñas; es un recordatorio de que ningún territorio en la actualidad es inmune.
Frente a la inoperancia estatal, las familias buscadoras –encabezadas casi siempre por mujeres– asumieron la tarea que el gobierno abandonó. Según Amnistía Internacional, 97 por ciento de estas mujeres enfrentan violencia durante sus labores de búsqueda, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos. Mujeres como Aída Karina Juárez, quien buscaba a su hija Goretty en Zacatecas, fue desaparecida el pasado 25 de junio y encontrada asesinada en San Luis Potosí en agosto. El perfil cotidiano de Aída Karina, como el de muchas otras, esconde la dualidad de miles de mujeres en todo el país que alternan la vida familiar con la excavación en fosas clandestinas porque el Estado las ha orillado a ello. Al menos 30 buscadores han sido ejecutados desde que comenzó 2025, según documentan colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundec).
La respuesta institucional sigue siendo decepcionante y siempre indolente. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en marzo pasado seis medidas contra las desapariciones –entre ellas, la eliminación del requisito de esperar 72 horas para buscar y la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana–, su Primer Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre, omitió toda mención sustantiva al tema. Es decir, desapareció a los desaparecidos. El silencio fue estratégico: una negación oficial de la magnitud de la crisis, a pesar de que organismos internacionales –empezando por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas– han activado mecanismos de urgencia, como el Artículo 34, para exigir acciones concretas. El gobierno de México, en cambio, respondió con una nota diplomática rechazando las observaciones.
La impunidad en estos casos, cercana al 95 por ciento, alimenta un ciclo perverso de terror. Según investigaciones de InSight Crime, el crimen organizado innova en métodos para hacer desaparecer cuerpos –desde hornos subterráneos, campos de exterminio, hasta restos mezclados con escombros de construcción– mientras el Estado sigue llegando tarde, sin recursos, sin coordinación y, lo más grave, sin voluntad política o en franca colusión. Las desapariciones no son un efecto colateral de la violencia, son un proyecto de exterminio tolerado por omisión, como documenta el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila.
Es ingenuo asumir que esta crisis opera en el vacío. La colusión es simbiótica entre crimen, capital y Estado. Un engranaje perverso donde gobiernos, crimen organizado y capital transnacional convergen, según análisis, por ejemplo, de Open Society Justice Initiative. La desaparición forzada se ha integrado a una lógica de acumulación capitalista que beneficia a élites económicas globales. El crimen organizado genera entre 1.6 y 2.2 billones de dólares anuales, equivalente al PIB de países enteros, y gran parte de estos flujos se lavan en centros financieros globales mediante la complicidad de instituciones formales, revelan datos del International Law & Economic Development Center. En México, la alianza entre cárteles y autoridades locales es evidente: el CJNG en Jalisco opera con impunidad gracias a la colusión con gobiernos municipales y estatales, que facilitan el control territorial a cambio de beneficios económicos o políticos; es un caso que documentó DW en una investigación sobre infiltración criminal. Esta simbiosis convierte a las víctimas en mercancías desechables en una cadena de valor criminal que explota cuerpos, territorios y recursos. La “economía ilícita” no es marginal, es un pilar del capitalismo contemporáneo incluso para gobiernos que se asumen progresistas, donde las desapariciones son tanto un instrumento de terror como un mecanismo de acumulación.
Este año, como cada 30 de agosto, a México sólo le queda la rabia de miles que excavan con palas y la dignidad herida de quienes, como Aída Karina al buscar a su hija Goretty, pagaron con su vida el derecho a buscar. El informe de gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación calló una vez más, pero las fosas, como desde hace sexenios, siguen gritándonos.
