Ciudad de México, 31 de diciembre de 2017. Patricia Mayorga, quien se ha desempeñado como corresponsal de Proceso en Chihuahua, compartió fuente e inquietudes profesionales con Miroslava Breach, ejecutada el 23 de marzo presuntamente por informar sobre los políticos locales ligados con el narcotráfico.
En este testimonio, Mayorga relata cómo trabajaron las dos reporteras en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ya dominado por los capos y en un ambiente político que se pudrió bajo el gobierno de César Duarte.
El día que me pidieron acudir a la Fiscalía Zona Centro a identificar la voz de dos audios en los que Miroslava Breach Velducea y yo, por separado, conversábamos con un hombre, imaginé que se trataba de unas llamadas que nos habían hecho desde el Partido Acción Nacional (PAN) para preguntarnos por las fuentes de un reportaje sobre precandidatos ligados al narcotráfico, pero al enterarme ahí mismo de que encontraron las grabaciones en la computadora de un presunto sicario, pareció que me habían quitado el suelo donde pisaba.
“En lo toral, es lo que señalan esos audios de esas llamadas extraídas de la laptop Sony Vaio que fue asegurada en el domicilio en las calles de Las Torres número 1914 de la colonia Villas del Rey”, informó el agente del Ministerio Público al juez en la audiencia del miércoles 27.
El ambiente en Chihuahua ya era difícil desde la transición en el gobierno estatal. Pasamos por un sexenio peligroso para el periodismo porque las autoridades negaron sistemáticamente las desapariciones y desplazamiento forzados, mientras la corrupción avanzaba hasta los niveles que ahora conocemos.
Llegó al gobierno el panista Javier Corral Jurado, quien se había enfrentado abierta y públicamente con el ex gobernador priista César Duarte Jáquez y en la campaña posicionó el tema de los narcocandidatos. Como periodistas no sabíamos dónde estábamos parados, y menos después del homicidio de Miroslava Breach. El control de los medios se ejerció con Duarte a través de convenios de publicidad y Corral los retiró. No sabíamos qué “arma” de control tendrían los grupos delictivos y las autoridades que ya se iban.
Justamente los audios hacían referencia a uno de los precandidatos del PRI que fueron exhibidos como narcos y sustituidos por su partido cuando se hizo pública la situación.
Al siguiente día yo tenía que dejar el estado, por el riesgo que implicaba continuar ahí después del asesinato de mi amiga Miroslava. Si alguna duda quedaba para salir y dejar a mi casa, mi familia y amigos, se dispersó de inmediato. Me fui a la mañana siguiente.
En junio del año pasado, cuando me encontraba en la Sierra Tarahumara, recibí una llamada del portavoz del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera. Puedo decirlo porque se ventilaron su identidad y las declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, presunto coautor intelectual y material del homicidio de Miroslava.
Piñera me preguntó en qué fecha habíamos publicado el reportaje mencionado y me explicó que “la raza” de la sierra necesitaban tener la certeza de que las autoridades municipales o quien en ese momento era el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, no habían hablado: “Ellos lo que nada más necesitan es tener la certeza de que se sepa que no fueron ellos los que pasaron información a los reporteros”.
Le dije que yo había ido a unos lugares y Miroslava obviamente conocía Chínipas, pues reporteamos los municipios. Después de colgar, recibí la llamada de Miroslava. Estaba enojada con Piñera por atreverse a pedirnos el origen de la información, que no sólo incluía precandidatos de Chínipas sino de otros municipios, aunque nos aseguró que no intentaba que reveláramos las fuentes. Los panistas lograron deslindar al ex alcalde de Chínipas y no supimos más por el momento.
Los reportajes publicados sobre ese tema, en marzo de 2016, provocaron una serie de amenazas únicamente desde Chínipas y fueron recibidas a través de Miroslava. Eran presiones para que abandonáramos el asunto del narcotráfico, que estaba provocando desplazamientos, desapariciones y un incremento significativo de violencia. Todo era negado por el gobierno de César Duarte Jáquez. Las amenazas eran sutiles, con mensajeros; tal vez por eso no las dimensionamos.
Aun cuando Miroslava no presentó denuncia formal, mencionó las amenazas en diferentes espacios. Uno de éstos fue una reunión del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas efectuada en la ciudad de Chihuahua. Ahí nosotras dos comentamos dichos mensajes y la situación quedó apenas consignada en un documento.
Miroslava tenía la esperanza de que, con el cambio de gobierno, se pudiera hacer algo contra los delincuentes de la sierra y a favor de las víctimas, que llevan años resistiendo en medio de la crueldad y la violencia.
En una audiencia pública del gobierno estatal, luego de una rueda de prensa del fiscal general César Augusto Peniche Espejel, nos acercamos a él con otros temas de la Sierra Tarahumara. Cuestionamos por qué varios capos, reconocidos en diferentes municipios y a quienes conocen todos los pobladores, no son detenidos a pesar de que algunos están en la lista de los más buscados de la PGR.
Entre ellos figuran el grupo delictivo de Chínipas y Mario Eleno Corral Félix, El Cepillo, quien lideraba la mafia que controla parte del municipio de Guadalupe y Calvo y que fue asesinado semanas después del homicidio de Miroslava.
El Cepillo incluso puso a disposición de todo el pueblo de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y de El Vergel, municipio de Balleza, una red de wifi abierta. Peniche Espejel nos explicó que cuando recibieron la administración no había ninguna carpeta de investigación sobre esos casos.
Texto: Patricia Mayorga, Apro / Foto: César Martínez López, Cimacnoticias
