Texto: Guillermo Rivera/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 9 de marzo de 2018. Al ingresar a la habitación del hospital, no hubo duda. Guadalupe reconoció a Felícitas, su hija, entre ese revoltijo de carne aplastada. Por fin la encontraba.
Dos semanas antes, como cada tarde, Felícitas partió de casa, en el barrio de San Antonio, Chilpancingo, rumbo a su trabajo de mesera en una establecimiento de alimentos. Se despidió de Guadalupe y le dijo que volvería en la noche. La joven mujer de 33 años no podía saber que eso no sucedería.
Comenzaba diciembre de 2015 y, a veces, Felícitas no regresaba a casa. De vez en cuando tardaba unas cuatro jornadas en volver: bien porque se escapaba con su pareja, que vivía en otro municipio, o porque amigas le invitaban a trabajar en otra ciudad y era bueno obtener un ingreso extra. Tenía un hijo de 8 años.
Pero Felícitas ya se había tardado más de la cuenta y su madre, Guadalupe, y Adriana, su hermana, se preocuparon.
El 24 de diciembre Adriana compró un ejemplar de El Diario de Guerrero y vio ahí la fotografía de una mujer con el rostro desfigurado por tantos golpes recibidos. La persona estaba siendo atendida en el hospital general de Tierra Prieta, en Ahuacuotzingo.
“Estábamos muy alarmados”, cuenta con voz tenue Adriana. Mostró la foto a su mamá. Guadalupe y uno de sus hijos, Ambrosio, corrieron al hospital.
Adriana cuenta entre sollozos: “La vi después. No la reconocí”.
Aumento de 400 por ciento
¿Qué hace una familia en Guerrero ante un feminicidio? “En el estado es muy común que la gente no denuncie, prevalece el estigma”, responde Rosa Icela Ojeda Rivera, directora fundadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hannah Arendt, creado en 2005 y perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
“Que los casos aparezcan en las páginas policiacas de los medios gráficos, acarrea estigma, vergüenza”, añade.
La reconocida académica y una de las pioneras del feminismo en Guerrero, señala que cuando los familiares ven las notas o escuchan las declaraciones de funcionarios, “que constantemente vinculan los casos con la delincuencia organizada”, prefieren no denunciar, “por miedo”. Es normal “que no recojan los cuerpos. De manera extraoficial, sabemos que muchas víctimas no identificadas van a la fosa común”.
“Desde hace 20 años hemos hablado del feminicidio y desde hace 10 exigimos atención”.
Ojeda Rivera está al frente de un equipo especializado que elabora informes con cifras documentadas y revisa los expedientes caso por caso, de 1994 a 2015. “Son números a partir de hemerografía que contrastamos con registros oficiales”, puntualiza.
También, solicita al gobierno la información de los casos por número de averiguación y nombre.
La primera investigación, que abarca el periodo 1994-2004, fue publicada por el Congreso de la Unión en 2006. Ojeda resalta que nunca antes se había hecho un estudio sobre feminicidios en el país. Titulado Violencia feminicida en Guerrero, ella fue la coordinadora.
La UAG se encargó de publicar la segunda investigación, Feminicidios. Violencia de género en contra de las mujeres en Guerrero, que va de 2005 a 2015.
En total, los dos estudios contabilizan mil 767 feminicidios en la entidad. Y arrojan un dato alarmante: en el segundo decenio hubo un aumento de 400 por ciento.
“No sabíamos nada”
Felícitas vivía con su mamá y cinco hermanos en una pequeña casa en San Antonio. Ese 24 de diciembre, cuando su familia la encontró, llevaba tres días en el hospital. Fue hallada en la calle. “Sus captores la tiraron ahí”, dice Adriana.
Los médicos informaron que tenía el estómago desecho. “Este ha sido el golpe más duro para mi mamá”, susurra Adriana.
Pese a su estado, Felícitas presentó un par de momentos de lucidez y alcanzó a decir que, tras salir de su trabajo, unos sujetos la capturaron y la trasladaron “a un tipo cueva, donde había más mujeres que eran violadas y golpeadas”, recuerda su hermana. “Dijo que todas estaban amarradas, en el monte”.
Felícitas falleció el 2 de enero de 2016. “Desde ese tiempo a la fecha, mi mamá ha estado hospitalizada casi siempre. Se le sube la presión a cada rato”.
–¿Buscaron denunciar?
–No, no lo contemplamos. No sabíamos nada.
–¿El hospital no lo recomendó?
–No. Nos llevamos el cadáver y eso fue todo.
Guadalupe se hace cargo de su nieto, quien tiene ahora 10 años. Al niño le dijeron que su mamá murió por un accidente.
En la casa, el tema del feminicidio de Felícitas no se habla. Por si fuera poco, Adriana tiene una historia propia, similar a la de su hermana, que le ha llevado años poder externar.
Qué es un feminicidio
El Código Penal del estado, en su artículo 135, específica que el asesinato de una mujer se considerará feminicidio cuando cumpla una de las siguientes características:
- a) Que la víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo.
- b) Que a la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida.
- c) Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima.
- d) Que existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctimas.
- e) Que haya existido entre el sujeto activo y la víctimas una relación de familia, sentimental, afectiva de confianza.
- f) Que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público.
- g) Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, antes de la privación de la vida.
La sobreviviente
“Cuando lo recuerdo, tiendo a llorar…”, dice Adriana en un volumen casi inaudible. La hermana de Felícitas cuenta que hace poco más de una década también fue secuestrada y violentada tras salir del trabajo, en un local de tortas cercano al centro de Chilpancingo. “Ya era tarde, pasaban de las 10 de la noche, caminaba, ya casi llegaba a mi casa. Y de pronto salieron dos tipos y me sujetaron”.
Adriana recuerda que gritaba lo más fuerte que podía, “pero mi grito se ahogaba. Creo que alguien les preguntó a esos dos qué pasaba, y respondieron que yo me había pasado de copas”.
Estuvo raptada unas tres horas en un sitio desconocido. La golpearon y la violaron. “Para mí fue mucho tiempo. No sé cómo escapé. Llegué a casa, fue algo traumático. Ya eran como las 2 de la mañana”.
A Adriana se le quiebra la voz, interrumpe el relato. Explica que aún no puede contar por completo, sin dificultades, ese episodio de su vida. Autoriza a Marina Reyna Aguilar a que complete la historia. “Ella es una sobreviviente de feminicidio –indica la presidenta de la Asociación Guerrerenses contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim)–. La violaron, la golpearon, la iban a matar, pero ni ella sabe cómo escapó”.
Más de mil 300 casos desde 2010
A veces por vergüenza, otras por desidia, pero, a diferencia de Chihuahua, la Ciudad de México u otros lugares, en Guerrero las familias no exigen justicia ante los feminicidios, enfatiza Ojeda Rivera, la directora del Observatorio Hannah Arendt.
Aunque en el estado este delito se tipificó en diciembre de 2010 y es un crimen que se persigue de oficio, la justicia es casi inaccesible. Cuesta. Es necesario pagar asesorías y abogados. Un juicio tarda unos tres años y medio, según cifras oficiales. Una sentencia no significa condena. “Al analizar, sabes que en los feminicidios hay alta impunidad”, determina Ojeda. “En los MP hay un problema: tienen alta carga de trabajo y los casos que podrían considerarse de violencia mayor son enviados a conciliación.
“Víctimas confiesan que, en ocasiones, levantan denuncias ante el MP y luego reciben llamadas en las que alguien exige que las retiren. ¿La Fiscalía investiga?”, se pregunta Ojeda.
Las cifras sobre los feminicidios en Guerrero siempre serán un acercamiento a la realidad. Ante la falta de registros oficiales eficientes, el Hannah Arendt y la Agcvim han documentado los casos.
El informe del primero es el que contabiliza mil 767 feminicidios en la entidad: 318 de 1994 a 2004 y mil 449 de 2005 a 2015.
En este último decenio, las mujeres asesinadas y registradas como desconocidas sumaron 218.
En los datos recolectados, Acapulco siempre arroja los números más elevados. Las comunidades más violentas, según el informe académico, son las colonias Emiliano Zapata, La Garita, Ciudad Renacimiento, El Coloso, El Cayaco, El Quemado, Progreso y San Agustín.
Los municipios que siguen son Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa, Atoyac y Ometepec.
Para promover la Alerta de Violencia de Género en el estado, la Alianza Feminista de Guerrero, con base en su investigación, reportó que se produjeron 248 feminicidios en 2016 y 163 en 2017.
Ojeda detalla: “Las sentencias condenatorias son pocas. Por ejemplo, en 2014 hubo cuatro por homicidio y una por feminicidio, de 30 años”.
Desde que comenzó 2017, la activista e ingeniera geofísica María Salguero, creadora del mapa interactivo del feminicidio en México –y, posteriormente, del mapa del feminicidio en Guerrero–, alertó sobre el aumento de este crimen en Guerrero, específicamente en Acapulco. En su base de datos cuenta 162 en 2016 y 150 en 2017. En ambos años lidera Acapulco, con 93 casos en el primero y 75 en el segundo.
De acuerdo con Agcvim, del 1 de enero pasado hasta el 7 de marzo se produjeron 59 casos de muertes dolosas de mujeres: 28 en enero, 27 en marzo y cuatro en lo que va de este mes. “Es uno por día”, lamenta Marina Reyna. El último feminicidio registrado es el de la activista contra la violencia de género María Luisa Ortiz Arenas, cuyo cadáver fue localizado el pasado 6 de marzo a varios metros de la carretera Iguala-Taxco, en las cercanías de los poblados Agua Bendita y La Granja.
Si se suman los datos de las organizaciones y de Salguero, se descubre que se han cometido mil 334 feminicidios en el estado de enero de 2010 al 7 de marzo de 2018.
Más de 10 años de silencio
Hace poco más de un mes, un hermano de Adriana solicitó ayuda a Marina Reyna, pues trabajan en el mismo lugar. Él le habló del caso de intento de feminicidio. “Por medio de la asociación, le ofrecimos tratamiento sicológico gratuito”, cuenta la directora de Agcvim. “Años después está en tratamiento. Ahí permanece la crisis. No estar bien es como volverlo a vivir”.
La buena noticia es que Adriana denunció y reconoció a uno de los sujetos en fotos que le mostró la autoridad. Lo detuvieron.
La mala, que recientemente se enteró de que su violador podría salir pronto de la cárcel. Esa noticia ha vuelto a inquietarla.
