Rubén Aguilar Valenzuela
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe entregar a El Universal, que lo solicitó, las declaraciones patrimoniales y de intereses, en versión pública, de los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
La SFP dijo que no podía proporcionarla porque el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa (Sedena) la había reservado por cinco años. De inmediato surgen muchas preguntas: ¿Por qué la opacidad? ¿Qué esconden? ¿Hay casos de corrupción?
En versión de la SFP, publicarlas “pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas (personas), así como la propia seguridad y defensa nacional del país”. ¿Por qué? El aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), propiedad privada del Ejército, es una instalación civil, parte del sistema de aeropuertos que tiene el país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la SFP la entrega de esa documentación. La SCJN dio la razón al Inai. Y dijo que las declaraciones patrimoniales de altos mandos, incluyendo al secretario de la Defensa, están abiertas al público, “salvaguardando los datos personales”.
¿Por qué los ingenieros militares que intervinieron en la ampliación y restructuración del aeropuerto de Santa Lucía no pueden dar a conocer su declaración patrimonial y de intereses? ¿La negativa de la SFP refleja la posición del Ejército o es decisión de la Presidencia de la República?
Es muy evidente que la negativa de la SFP a acatar una resolución del Poder Judicial, instancia del Poder Ejecutivo, violenta la división de poderes que mandata la Constitución. En este sexenio no es la primera ocasión que ocurre.
La solicitud de información que hace El Universal es pertinente y se encuentra en el marco de la Ley de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, para ver si éstos no se están enriqueciendo al margen de la ley.
Es la SFP la primera que debería garantizar el acceso a la información del ejercicio de los servidores públicos. No hacerlo da la idea de que se les protege y de que existe delito que perseguir. ¿Por qué no hacer transparente lo que debe ser público según la ley?
El actual gobierno, el Ejército como parte de él, ha sido enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Con mucha frecuencia y facilidad recurre al recurso de no dar información porque el tema es de “seguridad nacional”. Santa Lucía es la terminal cuatro, especializada en carga, del sistema de aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no saber cuánto costó?
¿Los 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se enriquecieron de manera indebida? ¿Recibieron bonos fuera de la ley? ¿Por qué la SFP piensa que está en riesgo su “vida, seguridad o salud”? Si no se hacen públicas las declaraciones patrimoniales de estos militares se tiene derecho a pensar que se cubren actos de corrupción.
@RubenAguilar
