Metales pesados
Tryno Maldonado
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, conformado por expertos independientes, estuvo en México hace un par de semanas para dar constancia de la crisis de desapariciones en el país. Instó al gobierno de México a abandonar “de inmediato” la estrategia de militarización para el combate a la delincuencia organizada. Pero también resaltó la simbiosis entre Estado y crimen en dichos casos.
El comité de expertos independiente calificó esta estrategia militarista en asuntos de seguridad interna –de corte neoliberal e impulsada por los gobiernos desde los años noventa hasta la fecha– como “insuficiente e inadecuada”. Pero no sólo eso, sino que esta forma de abordar el conflicto no ha hecho más que sumar casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa y la Marina por graves casos de violaciones a los derechos humanos; incluidos los de desapariciones forzadas en los que las fuerzas armadas han tomado parte.
La permanente participación de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública en México, como señala el reporte, permite poner en duda la congruencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana. Ya no digamos con los principios humanistas más elementales de una agenda de izquierda, para la que sus políticas en materia de seguridad no podrían estar más alejadas.
Todo esto precede la eminente iniciativa de AMLO para reformar la Ley de la Guardia Nacional. El objetivo de esta nueva reforma legislativa sería la de darle el mando absoluto de la seguridad pública a las fuerzas armadas. Es decir, todo lo opuesto a su promesa de mantener la Guardia Nacional bajo un mando civil. La incongruencia e incumplimiento de sus propios principios y promesas de campaña en estos rubros quedaría, así, traicionada. Pero quienes pagarían el precio de quitar el freno a la cotidiana presencia militar en todo el país haciendo labores de seguridad pública seremos, de nuevo, como en cada unos de los últimos sexenios, nosotras y nosotros. Pero, sobre todo, los pueblos organizados contra el despojo, junto con comunicadores y defensores de territorios y derechos humanos.
En el contexto de guerra que vive México desde hace más de 15 años, cotidianamente se llevan a cabo ejercicios en escalada de una estrategia pedagógica de la crueldad que no tiene fin. El más reciente ocurrió el pasado 27 de abril en Irapuato, Guanajuato, cuando dos estudiantes universitarios fueron acribillados en su coche al trasponer un retén de la Guardia Nacional. El resultado: una joven se encuentra herida; el otro, Ángel Rangel, de tan sólo 19 años, falleció en el acto por una bala militar.
Desde 2006 a la fecha, más de 600 mil solados han estado patrullando las calles de todo el país. El cambio de régimen ocurrido partir de la llegada de la “Cuarta Transformación” no atenuó en absoluto esta estrategia iniciada por Felipe Calderón sino que constitucionalizó, de hecho, el proceso de militarismo de las funciones policiales por la Ley de la Guardia Nacional. Si el uso de la fuerza letal es el principio bajo el que las fuerzas armadas aplican una ley que de facto se los permite, no es raro que casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares –como el del joven estudiante Ángel Rangel– vayan en aumento. Pero no sólo eso. También el de las desapariciones forzadas.
Según el reporte de la ONU, tanto Marina como Sedena son las dependencias del Estado mexicano con mayor número de recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mientras que Sedena y la Guardia Nacional son las corporaciones con más denuncias por violaciones a derechos humanos. Todas ellas patrullan hoy en días las calles del país. Y la ONU recalca que los datos vertidos en su informe evidencian la estrecha relación entre el imparable militarismo promovido por la autonombrada Cuarta Transformación y el aumento de las desapariciones forzadas. Las desapariciones, según el reporte, continúan siendo perpetradas por actores públicos de los gobiernos municipales, estatales y federales. Con una impunidad casi del 100 por ciento. “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos; pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
@tryno
