Chilpancingo, Guerrero, a 16 de abril de 2025.- El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la respuesta del gobierno mexicano, a la activación del protocolo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de las personas víctimas de desaparición forzada en México.
En un comunicado denuncia que el Estado mexicano pretende mantener ocultos a los desaparecidos al minimizar la crisis humanitaria “generada por su omisión y aquiescencia”, y pretende seguir protegiendo a los perpetradores de las desapariciones tanto intelectuales como materiales, “ya sean agentes del Estado o civiles”.
El organismo cita al defensor de derechos humanos Michael Chamberlin, quien refiere que esta es la quinta vez que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) señala un contexto generalizado de violaciones forzadas en México; las anteriores fueron en el 2015, 2018, 2021, 2023 y ahora en el 2025.
“Es claro que por parte del gobierno mexicano las acciones e interpretaciones se ejecutan sin el obligado control de convencionalidad, ni considera el principio pro persona, como lo establece el artículo primero de nuestra constitución”, denuncia el Centro Morelos.
Cuestiona que desde la presidencia de la República se insista en que las desapariciones en México son cometidas por agentes no estatales, colocando a los 125 mil desaparecidos en otro supuesto jurídico denominado “desaparición cometida por particulares”.
Refiere que con ello le resta importancia al hecho de que las desapariciones ocurren sistemáticamente contra la población “y es una nueva forma de aquiescencia”, en tanto que el Gobierno, “al pelearse contra la evidencia, está protegiendo a los victimarios”.
El Centro Morelos indica que poco a poco se han ido dando a conocer casos en los que hubo la participación directa de agentes del estado en la desaparición de personas en diferentes lugares del país.
Uno de estos casos, refiere, es el que señalaron hace unos días las madres buscadoras de Chiapas, quienes aseguraron que los que desaparecieron a sus familiares vestían uniformes del personal de la Fiscalía y del ejército, por lo cual llevarán sus casos ante la Organización de las Naciones Unidas, ya que en Chiapas hay más de dos mil 220 personas desaparecidas por el Estado.
Otro de los casos es el que publicó la revista Proceso el 11 de abril de 2025 de que entre enero y mayo del 2018 fueron desaparecidas 54 personas en Nuevo Laredo Tamaulipas, de las cuales 52 fueron realizadas por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) que pertenece a la Secretaria de Marina Armada de México (Semar), y las familias siguen sin verdad y ni Justicia, puesto que no se ha investigado ni castigado a los señalados como responsables.
El Centro Morelos agregó que, además, no se pasa por alto que generales de la SEDENA sabían desde el 2018 lo que ocurría en el rancho Izaguirre en Teuchitlan, Jalisco, “y no actuaron durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.
Para el organismo de derechos humanos ocultar la verdad, “al intentar esconder a nuestras más de 125 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas, implica poca o nula posibilidad de que sean sancionadas, investigadas, y qué decir de ser denunciadas, mucho menos prevenidas”.
Denuncia que el Gobierno Federal está en contra no solo de sus obligaciones convencionales, sino en contra de las familias, 158 colectivas de personas desaparecidas, de las 108 organizaciones y 272 personas que se pronuncian solidarias con la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional en materia de Desapariciones forzadas por parte del CED de la ONU.
El Centro Morelos considera que la postura del gobierno resulta muy peligrosa porque “le manda un mensaje de impunidad a los perpetradores para que sigan operando sin consecuencias jurídicas”.
Indica que ante este contexto, “cada vez más peligroso”, la sociedad civil, las colectivas y colectivos de familias de desaparecidos a nivel nacional comienzan a entretejer lazos de unidad, de colaboración, de dolor, “pero también de esperanza y se están organizando para llevar a cabo una acción a nivel nacional los días 19 y 20 de abril de 2025”.
Adelanta que se trata de una Jornada Nacional de Búsqueda dentro del marco del Día de las Familias Buscadoras de Desaparecidos en México, a la que el Centro Morelos se suma.
Mediante esta jornada, el organismo exige la aceptación del Estado mexicano de la aplicación del artículo 43 del CED-ONU “sin restricciones”; reafirma su apoyo a la sociedad civil, a las familias, colectivos y colectivas de familias de personas desaparecidas “porque en Guerrero es necesario avanzar en la conquista de nuestras demandas”.
Se pronuncia por una estrategia de lucha de todos los colectivos, colectivas y organismos civiles para conquistar la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Guerrero y todos los derechos de las familias de las víctimas.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
