Texto y foto: Francisco Magaña
Atoyac, Guerrero, 31 de agosto de 2018. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado o guerra sucia en el municipio de Atoyac en la década de 1970, montaron una exposición fotográfica en la Placa del Perdón en el Zócalo de la ciudad, y exigieron que el Ejército regrese a sus cuarteles, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La actividad fue convocada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).
La vicepresidenta de esa organización, Tita Radilla Martínez dijo que es importante no olvidar estas fechas y seguir conmemorándolas para recordarle a la sociedad que no deben de volver a suceder.
En la exposición pidió al próximo gobierno federal saneamiento de las dependencias y la revisión de funcionarios que atienden a los familiares, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, consideró, no ha cumplido su cometido, principalmente en la atención psicológica y la salud.
La defensora de derechos humanos denunció que lamentablemente este delito de lesa humanidad sigue siendo una práctica, “la negativa de las autoridades al esclarecimiento de los hechos es dolorosa para nosotros, y lamentable porque la mayoría de las madres de los desaparecidos ya murieron y el gobierno sigue en su misma situación de no responder ante los reclamos de los familiares”.
El perdón sólo lo pueden dar los familiares que se sientan sanados, y que se les hayan esclarecido los hechos y obtenido justicia
Manifestó que la sociedad tiene que saber lo que pasó con los detenidos-desaparecidos por el Ejército, y por eso es importante conmemorar este día para no olvidar y que no se vuelva a repetir, ante la terrible impunidad con que se han vivido.
Dijo que no se ha investigado ni sancionado a ningún responsable, “el Estado no se ha hecho responsable de las desapariciones de nuestros familiares, para nosotros el perdón moral sólo lo pueden dar los familiares que se sientan sanados, recuperados, que se les hayan esclarecido los hechos y obtenido justicia. Es un perdón moral”.
De cuál sea el concepto de perdón que tengan las autoridades expuso, “no sabemos el perdón jurídico, si van a perdonar a los perpetradores y no los van sancionar como pretende hacerlo el nuevo gobierno, el Estado tiene la obligación de sancionar a quien comete un delito, y sobre todo un crimen del tamaño del que ocurrió contra nuestros familiares desaparecidos”.
Demandó que las dependencias sean revisadas y saneadas. Agregó que se han creado en los diferentes gobiernos instancias como la CEAV, y la de búsqueda, que considera que no están funcionando.
Radilla Martínez dijo que los casos no están siendo esclarecidos, “los funcionarios están ahí ganando grandes salarios y sin embargo las familias sufriendo, hay miles de desaparecidos en el país y en su gran mayoría jóvenes que tienen niños pequeños que necesitan comer, ir a la escuela, necesitan un futuro, no se les puede abandonar como se hizo con nosotros”.
Comparó que en su caso el problema médico y psicológico no se ha atendido cuando el Estado tiene la obligación de atenderlos, como ofreció una atención especializada y no se cumplió.
Denuncio que “la situación es grave, no hay medicamentos, nos están dando un servicio deficiente aun cuando tenemos el reconocimiento de víctimas, pero no se nos trata como tales, no ha sido capaz la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas de llevar a cabo los programas, que ahí están pero no los llevan a cabo, nos ponen muchas trabas, nos dicen que el padecimiento de la persona tiene que ser consecuencia del hecho victimizante y nos dan el servicio hasta la cuarta generación”.
Propuso que el gobierno instale mesas de trabajo con familiares, una revisión de las instituciones, que el Ejército vuelva los cuarteles y que las policías sean capacitadas para hacer su papel en contra de la delincuencia, así como que los funcionarios públicos sean capacitados para que den el trato digno que la gente merece.
Insistió en que el Ejército debe de regresar a sus cuarteles porque los soldados no están capacitados para tratar con la población civil.
“Que entiendan los funcionarios que son servidores públicos y no dueños de las instituciones, proponemos un saneamiento, necesitamos paz, que se haga una revisión de leyes e instituciones”.
Radilla Martínez también mencionó que se cumplieron 44 años de la desaparición de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, así como de otros desaparecidos, incluso algunos tienen 50 años desaparecidos.
