Humberto Musacchio
A fines del año pasado apareció el libro ¡Cállense!, publicado por Grano de Sal, la firma editorial de Tomás Granados, hijo del legendario Miguel Ángel Granados Chapa. El volumen recogió la protesta de casi medio centenar de periodistas por los actos de censura que gobernadores y otras autoridades protagonizaron en varias entidades federativas y en el Senado de la República.
Algunos ingenuos creímos que con eso se detendría la represión contra periodistas y medios de comunicación, porque prohibiciones, persecución y castigos a los comunicadores lesionan más al poder que a sus víctimas. Lamentablemente, la campaña de censura no se ha detenido.
Hasta ahora, en los desplantes antiperiodísticos de las autoridades no había intervenido el Poder Ejecutivo federal, lo que alentaba la idea de que los alcaldes, gobernadores y senadores serían sometidos al orden constitucional. Pero no ha sido así y ahora, desde el cargo más alto de la República se promueve la actitud represiva.
En nombre de “las audiencias”, el gobierno federal ha establecido –por decreto– una normatividad que lisa y llanamente es censura. Pero dice Ariadna Montiel que “la autoridad no revisará previamente las transmisiones. El procedimiento sólo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta”. O sea, censura a posteriori.
El decreto presidencial ha estimulado a los represores. El desfile de abusos lo encabeza la “gobernadora” de Veracruz, Rocío Nahle, quien prácticamente desde su llegada al poder estatal se ha dedicado a hostigar, señalar y proceder contra periodistas, en una entidad en la que es deporte el asesinato de comunicadores. A la señora se le ha ocurrido meter a los trabajadores de los medios en un censo, quizá para ir palomeando a los asesinados. Pero el hecho nada tiene de gracioso. Además, la libertad de expresión es para todos los mexicanos y cualquiera tiene el derecho de ejercer el periodismo, por lo menos hasta hoy.
Otro ejemplo de la intolerancia oficial nos lo acaba de ofrecer Vidal Llerenas, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo sectorizado en la Secretaría de Economía, que decidió sancionar a la editorial Penguin Random House porque en el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, que trata de las canalladas de Sergio Andrade, se menciona el nombre de Gloria Trevi sin autorización, pese a que la cantante fue figura central en los abusos del tipejo aquel contra varias aspirantes a figurar en los escenarios. El IMPI, pésimo leguleyo, dice que si bien el libro trata de hechos que “generaron interés mediático y social”, la editorial necesitaba autorización de Gloria Trevi para mencionarla. En esa línea, todo periodista deberá solicitar permiso de cada personaje público o simple ciudadano, que quiera mencionar. Habrá libertad para informar, pero sin nombres.
En la misma cruzada está la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que dirige un tal José Merino. Ahí se trabaja arduamente para elaborar las más disparatadas sanciones contra radio y televisión, lo que por supuesto no incluye a los medios del Estado, hoy malamente dirigidos por Jenaro Villamil, quien ha redu-cido a meras cajas de resonancia del poder al Canal 11, a Radio Educación y otras emisoras, antes caracterizadas por la pluralidad.
La lista de autoridades represoras incluye a Salomón Jara, quien en Oaxaca funge como gobernador; a Ricardo Gallardo, quien ha demostrado estar del color de su partido, el Verde; y a la infaltable Layda Sansores, altísimo ejemplo de los abusos que pueden cometer los mandatarios morenistas.
La difamación, el insulto y otras faltas tienen prevista la respectiva penalidad en nuestras leyes y no había necesidad de nuevas sanciones para medios y periodistas que incurran en falta. Lo de ahora puede acabar como un pésimo negocio para el actual gobierno, porque nada hay menos productivo que legislar sin razón. Víctor Rico Galán, extraordinario periodista y hombre de izquierda, decía que no hay que comprar las broncas, porque esas se dan gratis. Pero los gobernantes de Morena se empeñan en emplear su capital político como pistola de suicida.
