Texto: Agencia Reforma/ Foto: EFE
Ciudad de México, 17 de septiembre de 2018. Aunque organizacionalmente el proceso electoral 2017-2018 fue exitoso, aún persisten acciones que dificultan la emisión libre y secreta del voto, advirtieron organizaciones civiles que llevaron a cabo proyectos de observación electoral.
En conferencia de medios, para dar a conocer los hallazgos más importantes de los 28 proyectos apoyados por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) administrado por el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), activistas informaron que, además de la que ocasión la muerte de decenas de candidatos, en los pasados comicios se detectaron actos de violencia política en contra de las mujeres.
Advirtieron que otros problemas fueron las irregularidades en la propaganda electoral, las discrepancias entre los criterios adoptados por autoridades electorales, el uso de programas sociales para la compra y la coacción del voto y la violación de los derechos políticos de grupos vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas.
Héctor Emilio Jurado, de Alzando Voces, advirtió que persisten retos importantes en materia de paridad de género.
“Si bien es cierto que los partidos políticos cumplieron con la inclusión de mujeres en sus planillas, habría que indagar de qué manera fueron designadas y mantenerse vigilantes respecto a su permanencia en los cargos”, indicó.
Jurado señaló que también detectaron irregularidades en la propaganda electoral, pues mucha de ella fue elaborada con materiales no biodegradables, lo que generó toneladas de basura.
“En la Ciudad de Morelia, por ejemplo, se desecharon 118 toneladas en los 45 días que duraron las campañas locales y 90 días que duraron las campañas federales. Se identificó que los materiales utilizados en la elaboración de propaganda electoral no fueron biodegradables o reciclables”, afirmó.
En su turno, Cesarina Mendoza, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, habló de la violación a los derechos políticos de los grupos vulnerables y sobre las discrepancias entre los criterios adoptados por las autoridades electorales para resolver los mismos asuntos.
La activista sostuvo que aún persisten obstáculos para que los jóvenes accedan a puestos de elección popular.
“En materia de juventudes, las candidaturas de personas jóvenes, es decir, menores de 30 años, aumentaron en comparación con las elecciones pasadas, aunque quienes alcanzaron cargos públicos siguen siendo una minoría; sólo 5.73 por ciento de los cargos electos en el Poder Legislativo Federal fueron para personas jóvenes”, informó.
Señaló que otro grupo cuyos derechos políticos fueron transgredidos son los pueblos indígenas. Y Chiapas, dijo, es un caso importante.
“Otro grupo en condiciones de vulnerabilidad cuyos derechos políticos fueron transgredidos en este proceso electoral fueron los pueblos originarios, como es el caso de Chiapas, donde ex funcionarios de Gobierno falsificaron actas de registro para hacerse pasar por indígenas y así obtener un cargo de elección popular. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto la sentencia de la Sala Regional Xalapa, avalando las candidaturas de dichos ex funcionarios”, explicó
Casos como estos, agregó, ponen de manifiesto las discrepancias en los criterios aplicados por las autoridades electorales.
“Incluso en casos similares, las determinaciones de los Tribunales Electorales no tuvieron congruencia, lo que generó desconfianza de las y los ciudadanos hacia las instituciones e incertidumbre jurídica”, afirmó.
Ante ello, recomendaron, entre otras cosas, crear una Fiscalía electoral itinerante para poblaciones específicas y en condición de vulnerabilidad e impulsar ante el Congreso de la Unión proyectos de ley que tipifiquen actos de violencia política en contra de las mujeres.
Otras propuestas son incorporar una “batería de preguntas” relativas a la compra del voto y delitos electorales en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública y revisar y generar información de delitos electorales a escala geoelectoral como parte de la herramienta de Estadísticas Intercensales del INEGI y del INE.
