¿Quién teme a las rastreadoras? Ellas, y no el Estado mexicano, encabezan las brigadas civiles que se reúnen para encontrar a personas desaparecidas en México. En 2022, sólo en 10 fiscalías estatales se documentaron 358 fosas clandestinas. De éstas, más de la mitad, 221, fueron localizadas por las buscadoras. Sólo reconocieron su trabajo las fiscalías de Guerrero, Baja California y San Luis Potosí; el resto se adjudicó el crédito de las localizaciones. De las 108 mil 594 personas desaparecidas en el país, 74.5 por ciento son hombres; madres, hermanas y parejas son quienes suelen asumir las labores de búsqueda y, por tanto, son blanco de múltiples agresiones y desplazamientos forzados
Especial de CONNECTAS para El Sur*
—Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él —gritaron aquel día rastreadoras de Guanajuato.
Un camión cargado de tierra llegó a la explanada del Zócalo de la Ciudad de México y arrojó el contenido frente al Palacio Nacional. Con esa materia, los colectivos Hasta Encontrarte, Una Luz en el Camino y Una Promesa por Cumplir simularon el hallazgo de una de las más de 2 mil 200 fosas clandestinas que han sido localizadas durante la actual administración federal.
La protesta ocurrió a las siete de la mañana del 13 de diciembre de 2021, frente a Palacio Nacional, oficina y morada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con este acto, el grupo de rastreadoras se convirtió en representante de las más de 108 mil familias que tienen a algún desaparecido en el país. Muchas de ellas a diario toman palas y picos para escarbar en cerros, terrenos, viviendas abandonadas y hasta en parques públicos para localizarlos. Buscan cuerpos de personas desaparecidas con el propósito de que los gobiernos los identifiquen.
“No hemos recibido el apoyo que necesitamos. La indiferencia de las autoridades nos orilla a salir a indagar y a ponernos en riesgo”, exclama Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte.
“Al ver que había omisiones de las autoridades, que a nadie le interesaba la búsqueda, nosotras dijimos: ¿qué más tenemos que hacer para ser escuchadas? Formamos el colectivo Justicia y Dignidad Veracruz”, explica Lidia Lara.
Las mujeres lideran, y no el Estado mexicano, las acciones para encontrar a sus familiares. En 2022, solo en 10 fiscalías de las entidades se documentaron 358 fosas clandestinas. De este total, más de la mitad, es decir, 221 fueron localizadas por ellas.
La crisis de las desapariciones tiene rebasadas a las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país, sentencia Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH).
“Las familias toman fuerza ante la inactividad de las autoridades, incluso bajo riesgos muy, muy grandes. Esto debe de cambiar. La búsqueda, ciertamente, es un derecho de las familias. Ellas tienen la potestad de hacerla, pero no hay que olvidar que es una obligación del Estado. Tiene que ser efectiva, pero también protegida”, advierte García.
“Somos incómodas”
En México, al corte del 5 de diciembre, 108 mil 594 personas permanecen desaparecidas. En el país, 74.5 por ciento de los desaparecidos son hombres. Las madres, hermanas y esposas se convierten en rastreadoras. El estudio Nosotras buscamos elaborado por el colectivo de familias Por Amor a Ellxs en agosto de 2021, documentó los casos recientes en los que brindó acompañamiento. En tres meses, 133 personas solicitaron apoyo por la desaparición de un familiar. En 85.7 por ciento de las ocasiones (114 veces) fue una mujer quien buscó ayuda.
Ellas asumen las labores de búsqueda “por el rol social adquirido del cuidado de la familia”, analiza Ligia de Aquino, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, enfatiza que la mayoría de los hombres deciden continuar con sus vidas y sus trabajos tras una desaparición. “Las mujeres no podemos hacer eso. Se termina la vida cuando esa persona no está. Eso nos mueve y nos hace más valientes para salir a buscarlos”.
“Tal vez las madres son la base de la familia. Tal vez nos es más fácil expresar sentimientos. Tal vez es un tema de cultura, sí, pero quiero pensar que amamos más”, añade Yadira González, del colectivo Unidas Siempre Buscando.
Las rastreadoras exhuman el terror que se vive en el país y que las autoridades quieren ocultar, analizan los especialistas. Los colectivos de mujeres lo resumen así: “Los criminales entierran cuerpos en fosas clandestinas y nosotras los desenterramos. Las autoridades lanzan cifras que afirman que la seguridad se fortalece. Pero nosotras, con cada fosa hallada, exhibimos una realidad distinta. Somos incómodas”.
Desaparecer a los desaparecidos
Mientras la rastreadoras encuentran, las autoridades borran o maquillan las cifras de los hallazgos y se adjudican el crédito del trabajo de quienes buscan incansablemente a sus seres queridos.
Lo que ellas hacen afecta a las autoridades. “Al hacer búsquedas y localizar cuerpos evidenciamos el mal trabajo que hay de parte del gobierno”, afirma Ceci Flores.
A pesar de que el trabajo de las rastreadoras es fundamental para las localizaciones de fosas clandestinas, las autoridades no registran la totalidad de sus hallazgos. Invisibilizan la labor de las familias. Es otra forma de desaparecer a los desaparecidos en México, coinciden colectivos.
Las fiscalías de 10 entidades del país no integraron en sus bases de datos 163 fosas clandestinas que 73 colectivos localizaron entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Únicamente las fiscalías de Baja California, Guerrero y San Luis Potosí reconocieron que algunos hallazgos fueron producto del trabajo de las rastreadoras. El resto se adjudicó el crédito de las localizaciones.
En los últimos 10 años, las fiscalías estatales de México han registrado el hallazgo de 3 mil 864 inhumaciones clandestinas. De estas, 455 fueron localizadas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2022. Es decir, en promedio se localizaron 1.76 fosas diarias durante este año.
En el mismo periodo fueron encontrados 443 cuerpos completos y 810 segmentos humanos, lo que indica que hay 4.84 exhumaciones cada día. De los restos localizados en ese lapso, se identificó un total de 269. Esto significa que hubo sólo 1.03 identificaciones forenses al día en todo el país, menos de la cuarta parte de las personas fallecidas encontradas.
Una revisión a la información oficial y a la documentada por colectivos detectó discrepancias entre lo que encuentran las familias y lo que reportan las autoridades. Por ejemplo, mientras en Baja California la fiscalía informó de 42 fosas localizadas en 2022, los colectivos documentaron 67.
Experiencias similares se encontraron en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
“Si los matas, no los desaparezcas”
Contrario a lo que ocurre con las familias, entre las autoridades puede percibirse una falta de coordinación, incluso en los datos que las dependencias entregaron vía transparencia; ello, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas obliga al Estado mexicano a crear un registro nacional de fosas.
Desde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se han hecho esfuerzos para la creación de este registro, aún insuficiente.
Las buscadoras tienen la expectativa de que la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que comenzó operaciones este año, será una de las acciones clave para que su trabajo dé como resultado una mayor identificación de cuerpos.
Desde su dolor, las rastreadoras no sólo exigen a las autoridades que generen proyectos eficaces o invitan a la población a que se sume a las búsquedas, sino también ruegan a los criminales que finalicen las desapariciones de personas.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme Sonora, publicaron el 7 de julio una carta que busca que los delincuentes no envíen a fosas clandestinas a los desaparecidos:
“Si los matas, no los desaparezcas. Déjalos donde los encontremos. Si algo te debían, con su vida ya pagaron. No seas tan inhumano. No sólo les hiciste daño a ellos, nos dañaste a toda la familia. Si aún los tienes con vida, devuélvelos, te lo suplico, por favor. Si desapareces a nuestro ser querido, no lo entierres, no lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, no lo quieras borrar de la Tierra, no lo quemes, por favor. Ayúdanos a que no pase eso; al fin, ya está muerto, tu objetivo ya lo cumpliste”.
Desplazamiento, medida de auxilio en Guerrero
En abril de 2010, unos sujetos desconocidos desaparecieron a Yatzil Martínez Corrales, de 24 años, en un mercado en la colonia Progreso, de Acapulco, Guerrero. Su hermana Yoltzi, licenciada en Derecho y entonces funcionaria, abandonó su trabajo para buscarla.
Con el tiempo, Yoltzi se ganó la confianza de grupos de búsqueda y lideró el colectivo Raúl Trujillo Herrera. Ella y sus compañeras emprendieron unos 20 rastreos de personas en municipios conflictivos del centro de Guerrero. Una vez, rumbo a Chichihualco, varios sujetos las encañonaron y las echaron de la zona. En 2018, Yoltzi se focalizó en mujeres desaparecidas.
Con sigilo, las buscó en bares y cantinas clandestinas de la región de Acapulco y alrededores. Su objetivo principal era hallar a Yatzil. En un poblado cercano al puerto, encontró mujeres víctimas de trata sexual. Notificó a la fiscalía estatal. Por medio de un operativo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) rescató a una decena de ellas.
Yoltzi asegura que, con sus búsquedas, perjudicó el negocio de más de un funcionario. Que sus investigaciones dejaron al descubierto que habitantes, síndicos y autoridades municipales estaban involucrados para que el negocio de explotación de mujeres operara en los establecimientos ilegales en los poblados.
De acuerdo con su denuncia en la FGR, gestionar los casos de mujeres en la Fiscalía de Guerrero coincidió con las primeras amenazas que llegaron a las redes sociales del colectivo. Luego comenzaron las llamadas intimidatorias a su teléfono para disuadirla de investigar. Culpa a agentes de la fiscalía de las represalias por señalar a funcionarios locales. “Ya no pude tener paz”, confiesa.
“Las amenazas más fuertes vienen cuando, como buscadora, te enfocas en rescatar a mujeres en trata. Ellas generan dinero”, asegura Yoltzi. No tardaron en perseguirla sujetos en vehículos. Se cambió de domicilio y se cortó el cabello. La advertencia decisiva se registró la madrugada del 14 de enero de 2021. Los agresores, presuntos funcionarios de seguridad y criminales, según Yoltzi, incendiaron el automóvil de su pareja frente a su casa, a dos calles del centro de Chilpancingo, la capital guerrerense.
Días después del incendio, hombres en motonetas rondaron su domicilio. Ella y su pareja salieron a buscar ayuda. Cerca de la casa se aproximaron a policías estatales, pero notaron que los agentes mandaron una seña a los hostigadores. Yoltzi pensó que nadie la protegería de un atentado mayor. Entonces, tomó un poco de ropa y huyó con su hijo a Ciudad de México. Se alojaron en un refugio otorgado por el Mecanismo de Protección.
Esta área de la Segob ha otorgado refugios a 37 personas buscadoras originarias de Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, Ciudad de México, Sonora, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja California. En todas las regiones del país las rastreadoras fueron forzadas a huir para protegerse de un posible riesgo de muerte.
Texto: Guillermo Rivera y Lauro Rodríguez
* Esta es una versión resumida de la investigación realizada por CONNECTAS con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) como parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. El texto completo se puede leer en https:www.connectas.org/especiales/rastreadoras-2/
