Tlapa, Guerrero, 10 de marzo de 2025. En el Día Internacional de la Mujer las mujeres y niñas indígenas de la Montaña de Guerrero resisten los maltratos y agresiones sistemáticas no sólo de los hombres, sino de las instituciones que deben protegerlas, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
La institución defensora de derechos humanos en un boletín que tituló En las garras de las instituciones señaló que hay un gran abismo entre las mujeres y niñas indígenas que luchan contra la pobreza y la violencia con los gobiernos racistas que imponen su visión etnocéntrica, que profundiza la desigualdad y la exclusión social.
Manifestó que las instituciones del Estado como la fiscalía regional, el Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales, los ayuntamientos municipales y las comisarías no protegen los derechos de las mujeres al revictimizarlas.
Expone que lo paradójico de estas actuaciones deleznables de los funcionarios es que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, salga en su defensa.
Detalla que día y noche las mujeres tienen que soportar la violencia machista, desde los espacios como las Comisarías donde les imponen castigo a sus conductas insumisas y solapan a los agresores cuando se quejan por demandar pensión a sus parejas.
Las obligan a regresar con sus maridos, sin importarles que sus vidas estén en peligro
Menciona que en las presidencias municipales las síndicas y síndicos no creen en sus testimonios y las obligan a regresar con sus maridos, sin importarles que sus vidas estén en peligro y se convierten en sus defensores a cambio de dinero y las obligan a firmar actas con amenazas de demandas, que además han pagado en 500 pesos, y con esas acciones quedan en las garras de la violencia institucionalizada.
Destacó que en la Fiscalía regional desde hace cuatro años nadie se encarga de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio en la ciudad de Tlapa, y el personal existente carece de formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que afecta y se incurre en dilación de la justicia, primero al enfrentarse, a tener que viajar por horas para que puedan interponer una denuncia al Ministerio Público.
A eso se suma que les piden que traigan a sus peritos intérpretes y asesores jurídicos porque tienen mucho trabajo, y las mujeres pagan cuotas elevadas con el fin de acceder a la justicia o perder el caso.
Al momento de hacer las investigaciones, ponen reticencias para tipificar el delito de feminicidio y lo califican como homicidio simple, sin tomar en cuenta el contexto ni los antecedentes de violencia; donde se hacen evidentes las irregularidades con la dilación para llegar al lugar de los hechos, al contaminar la escena del crimen, no se aseguran los indicios o se pierde evidencia y la carga de la prueba la dejan a los familiares de las víctimas, agrega.
Señala que la Fiscalía regional, si los familiares presentan pruebas de la responsabilidad del acusado, de manera abrupta detienen las investigaciones y ponen obstáculos para ejecutar las órdenes.
En el proceso judicial los jueces y juezas son insensibles al hacer valoraciones incorrectas y pedir testigos y documentos que acrediten la violencia en el seno del hogar.
A parte de eso no hay asesoras jurídicas que les den confianza, tampoco peritos intérpretes y no existen refugios seguros y apropiados para salir de sus domicilios y ponerse a salvo, como parte de las medidas de protección y prevención a que está obligado el Estado para evitar hechos de violencia extrema.
Destacan que, ante eso, las mujeres indígenas enfrentan una lucha desigual desde su hogar en las comunidades precarizadas hasta en los surcos del capital agroindustrial.
Pero ante estos problemas añejos que arrastran las instituciones del Estado, las mujeres indígenas no sucumben y siguen caminando con la certeza de que alcanzarán la justicia al exigir que cumplan con su responsabilidad de proteger sus derechos.
Texto: Carmen González Benicio
