Miami, 22 de mayo de 2025.- Una corte civil en Miami dictó hoy una sentencia de multa millonaria contra el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno mexicano.
García Luna, detenido en Estados Unidos en 2019, purga una sentencia de 38 años y ocho meses de prisión por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El tribunal dispuso una multa de 748 millones de dólares a García Luna y otra a su esposa, Cristina Pereyra, de mil 740 millones.
García Luna fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
La jueza civil Lisa Walsh, en una audiencia pública, decidió que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares (unos 15 mil millones de pesos). Su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares (unos 33 mil millones de pesos) por haber obtenido ambos ganancias de contratos de seguridad con el gobierno, supuestamente para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en México.
En 2021 el gobierno mexicano demandó a García Luna, su esposa y más de 50 personas y empresas en Miami, por haber comprado allí propiedades y hecho inversiones con millones de dólares que se pagaron en México con dinero del Gobierno federal.
García Luna no respondió a la demanda. Su esposa sí lo hizo, pero no cumplió las órdenes de la Corte y fue declarada “en rebeldía” el 21 de febrero de 2024.
El juicio estaba programado para comenzar en abril, pero las partes anunciaron que tenían un “acuerdo preliminar”.
Las partes eran otras empresas, algunos ex funcionarios de gobierno y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes fueron socios de García Luna en estos negocios.
El 19 de mayo, los abogados que representan al gobierno mexicano presentaron declaraciones para apoyar su solicitud de sentencia final.
Esta mañana, la jueza dio la razón al gobierno mexicano y dictó sentencia contra el funcionario y su esposa. En la condena, la jueza aplicó la conocida como Ley Rico, que regula actividades de crimen organizado y lavado de dinero en Estados Unidos.
La jueza confirmó que Pereyra participó en la malversación de 580 millones de dólares y García Luna lo hizo en desviar 249 millones. Aplicando la Ley Rico, a solicitud del gobierno mexicano, dictó una sentencia final en contra de García Luna y Pereyra por tres veces el monto que habían demostrado los abogados del gobierno.
Aunque este es un caso civil, al confirmarse esta sentencia podrían seguir acusaciones criminales contra García Luna y su esposa, tanto en México, donde ocurrió la malversación de fondos, como en Estados Unidos, donde se invirtió el dinero.
El origen del litigio
Se trata del caso en que México interpuso en 2021 una demanda ante la Corte Civil en Miami por un esquema ilegal en el que hubo contratos con el gobierno mexicano y buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami.
Durante este proceso civil que inició en septiembre de 2021, ni García Luna ni su esposa Linda Pereryra se defendieron.
El 22 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, pidió a la jueza Linda Walsh dictar sentencia condenatoria por default contra ambos demandados.
La semana pasada la acusación agregó argumentos legales para justificar una condena por default, y pidió que se fijen los siguientes pagos:
-Contra Pereyra, quien reside en Alexandria, Virginia, 580 millones de dólares, más mil 780 millones de dólares por daños y perjuicios.
-Contra García Luna, preso en una cárcel de Lee County, Virginia, 249 millones de dólares, más 748 millones de dólares por daños y perjuicios.
Estos montos derivan de la totalidad de los treinta contratos por 580 millones de dólares que empresas relacionadas con García Luna recibieron luego de su salida del gobierno a finales de 2012.
Según el actual gobierno mexicano, esos contratos fueron ilegales y obtenidos con sobornos.
La parte central de este litigio es contra la familia Weinberg, presuntos prestanombres de García Luna, quienes acapararon propiedades en Florida, y están en negociación con la UIF.
Texto y foto: Agencia Reforma
