23 noviembre,2021 5:51 am

Necrofranquicias: la 4ª militarización de la vida pública

TrynoMaldonado

Metales Pesados

Tryno Maldonado

 

Las generaciones que hemos vivido bajo tres lustros de asedio sistemático de una didáctica del horror implantada por el poder estatal estamos familiarizadas con el nuevo escenario, nos es aterradoramente conocido. El guión es, por tanto, predecible.

Primer acto. Ante la avanzada simbiosis del Estado con el crimen organizado en una entidad federativa, un gobernador de un partido nuevo llega al poder.

Segundo acto. Como si se llamara a sorpresa, da cuenta del infierno que es no sólo su entidad sino su región.

Tercer acto. Dada la cooptación de sus policías para funciones del crimen y viendo un gran negocio político y pecuniario para su gobierno, dicho gobernador “denuncia” la situación, lanza un llamado desesperado a la administración federal para que envíe de inmediato a las fuerzas armadas a su entidad.

Último acto: Se desata el infierno.

La trama es conocida. En diciembre de 2006 el ex gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, solicitó a un muy cuestionado Felipe Calderón Hinojosa el envío de tropas a Tierra Caliente a unos cuantos días de su toma de posesión tras un proceso electoral sumamente dudoso. El antecedente inmediato de esta nueva hiperviolencia a cargo del cártel de La Familia Michoacana fue el de las cinco cabezas humanas arrojadas en una plaza pública. Y así el gobierno mexicano inauguró un infierno que la administración de López Obrador ha decidió perpetuar hasta el día de hoy con más recursos y mayor convicción para el suculento necronegocio del capitalismo gore de las fuerzas armadas. Mucho más de lo que el propio Felipe Calderón siquiera llegó a soñar.

El despliegue de tropas del entonces llamado Operativo Conjunto Michoacán fue casi inmediato, altamente performático, por supuesto, como casi todo en esta interminable guerra informal cuya agenda final no es más que el control de territorios, la implantación de didácticas de terror contra la población, la contrainsurgencia y el despojo de recursos. Y el cáncer se expandió por todas las regiones del país. Los primeros resultados del Operativo Conjunto Michoacán fueron, en 2006: mil 349 homicidios; en 2007: mil 484; en 2008: mil 906; en 2009: 2 mil 265; en 2010: 2 mil 29; en 2011: 2 mil 272; y en 2012: 2 mil 287 asesinatos. Todo esto fue sólo en Michoacán. Por no hablar del crecimiento exponencial de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el resto del país.

Hoy, a un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la demanda sobre el acuerdo presidencial de Andrés Manuel López Obrador que permite la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, volvemos al mismo guión y al mismo manual de guerra de baja intensidad que sentó la fatídica escuela de Felipe Calderón en Michoacán. El jueves pasado, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, fueron asesinados y abandonados 10 cuerpos que colgaban de un puente vehicular. Los nuevos gobernadores morenistas afines a López Obrador, como David Monreal, están colocando con esta excusa a militares en las direcciones de Seguridad Pública, y uno de sus primeros llamados a la administración federal es el envío de más tropas a sus entidades. ¡Más necronegocio para sus regiones! Tal como lo acaba de hacer Monreal al acusar que otros gobernadores “siembran muertitos” (sic) en Zacatecas tras el hallazgo de los 10 cadáveres en Ciudad Cuauhtémoc. Y López Obrador, nada tardo, como Calderón en Michoacán, no sólo accederá como hizo ante la misma petición del ex priista hoy morenista Alfonso Durazo Montaño para enviar una necrofranquicia de mil militares a Sonora para realizar “funciones de seguridad”, sino que es predecible que atienda la invitación para inaugurar esta nueva franquicia de muerte en Zacatecas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 entregado por el gobierno de López Obrador a los militares es histórico: 199 mil millones de pesos. Pero esto sin contar el presupuesto que le será asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de forma directa para la realización de obras públicas y otras 126 funciones que han secuestrado a las instituciones civiles. Sirvan como punto de comparación el presupuesto más alto que el gobierno de Peña Nieto entregó a las fuerzas armadas, “apenas” de 81 mil millones de pesos en 2018, y el más alto y lejano de 55 mil millones en 2012 durante la administración de Felipe Calderón, iniciadora de esta guerra y del gradual proceso de militarización de la vida pública del país.

Contrario a la promesa central de López Obrador de devolver a los militares a sus cuarteles –tras brutales masacres extrajudiciales y desapariciones forzadas en las que éstas han participado, como Tlatlaya o Ayotzinapa–, al día de hoy, con sus más de 80 mil efectivos patrullando el territorio mexicano, la 4T ha puesto al mayor número histórico de militares en las calles para realizar labores de seguridad. El necronegocio va viento en popa.

En esta nueva ola del modelo de guerra calderonista arropado por la 4T, incluso la capital del país sufrirá un inédito proceso de militarización. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la creación de una base militar –una necrofranquicia– para la Guardia Nacional en Azcapotzalco. Y ello ocurre tras el peligroso y retador llamado del titular de la Sedena, el general –CEO de estas necrofranquincias– Luis Cresencio Sandoval, durante los festejos del aniversario 111 de la Revolución Mexicana a cerrar filas en torno a la figura de López Obrador y su proyecto ideológico llamado Cuarta Transformación.

En tanto, en Chiapas –entidad donde las necrofranquicias de la Guardia Nacional han florecido como en ningún otro lugar–, el pasado domingo paramilitares de la ORCAO nuevamente realizaron ataques con armas de fuego de alto calibre contra comunidades civiles autónomas y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.