Ciudad de México, 19 de mayo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó hoy que el gobierno de Estados Unidos no haya concedido la extradición de personas solicitadas por México, entre ellas el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, vinculado a una red de factureras.
La mandataria señaló que ambos casos forman parte de los 269 requerimientos de extradición formulados por México entre enero de 2018 y mayo de 2026, sin que se haya concretado ninguna entrega.
“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno”, aseguró.
El ex mandatario panista es requerido por autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, tras acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados, delincuencia organizada, Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, dijo.
En el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por su presunta participación en una red de facturación ilegal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su proceso de extradición tampoco ha sido concedido por autoridades estadounidenses.
Este martes, en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que México ha solicitado reciprocidad en la cooperación judicial bilateral, sin que hasta ahora se refleje en los resultados.
El canciller Roberto Velasco informó que, de los 269 casos, 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de resolución en distintas fases del proceso.
Detalló que 183 casos corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional, de las cuales en 47, Estados Unidos ha solicitado información adicional.
El funcionario explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas adicionales en cualquier fase del proceso.
Velasco indicó que ninguno de los Estados está obligado a entregar a sus nacionales, por lo que cada solicitud se analiza conforme a su legislación.
Agencia Reforma
