Ciudad de México, 22 de agosto de 2025.- El proceso penal contra funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), por un presunto laudo fraudulento que ocasionó un daño de 16.7 millones de pesos al ISSSTE, no debe interpretarse como un caso de corrupción del Gobierno federal, sino como una muestra de su combate, afirmó el instituto.
REFORMA publicó que una juez federal vinculó a proceso a José Cruz Franco Mendoza, hasta el año pasado presidente de la Junta Número 4 de la JFCA, y a 7 de sus ex subordinados, por delitos contra la administración de justicia.
El ISSSTE emitió este viernes una tarjeta informativa en la que refiere que su área jurídica denunció este caso y que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con carpeta de investigación en contra de todos los implicados.
“La representación legal denunció penalmente a servidores públicos de la JFCA por un presunto acto de defraudación en un juicio laboral, al otorgar a la parte demandante una ventaja indebida y cometer actos y omisiones que ocasionaron un daño patrimonial al ISSSTE”, dice el texto oficial.
“La carpeta de investigación continúa integrándose respecto a todos los involucrados. El pasado 25 de julio de 2025 se llevó a cabo la continuación de audiencia inicial, en la que la Juez de Control vinculó a proceso a ocho personas imputadas”.
“Este caso constituye una muestra del combate a la corrupción que impulsa el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y de ninguna manera debe interpretarse como un caso de corrupción dentro de la 4T”.
En este asunto, la juzgadora de la causa estimó que los imputados supuestamente fueron parte de un “plan delictivo” para validar una demanda laboral fraudulenta que obligó al ISSSTE a pagarle a dos de sus trabajadores las prestaciones de nivelación salarial y la incapacidad permanente por un accidente automovilístico que no ocurrió.
Además de Franco Mendoza, fueron procesados Rosa Tapia Nieto, representante de los trabajadores en la Junta; Moisés Islas Ruiz, representante de los patrones; y Raúl Escobedo Pérez, quien renunció como auxiliar de la Junta Especial.
También, Ana María Guadalupe Villegas Villegas, auxiliar de Junta Especial; Julio Sereno Celaya, secretario de acuerdos; junto con María Nohemí Aline Herrera Gutiérrez y Armando Velázquez González, ambos actuarios judiciales.
Con excepción de Franco y Escobedo, el resto de los procesados continúan laborando en la JFCA.
La imputación
Según información del caso, el 21 de junio de 2022 la Junta Número 4 de la JFCA admitió una demanda en la que los trabajadores Olga Juana Cortez Ramírez, Christian Ibarra Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Margarito reclamaron distintas plazas y el reajuste salarial.
La FEMCC afirma que prácticamente todas las actuaciones de este procedimiento fueron fraudulentas.
De inicio, Ibarra nunca le dio una carta poder al abogado para que lo representara y aun así se dio trámite a la demanda, cuando la Junta debió requerir al trabajador o desechar su recurso por falta de representación.
El ISSSTE tampoco fue notificado de la demanda y, de hecho, tuvo conocimiento de ella hasta que Banca Afirme le informó que una de sus cuentas bancarias había sido embargada y el caso ya estaba perdido.
El 6 de octubre de 2022 los apoderados legales de Ibarra y Rodríguez ampliaron la demanda y cambiaron la plaza originalmente solicitada, reclamando otra que implicaba un reajuste más alto de salario, aguinaldo, prima vacacional y horas extras.
En esta ocasión, en nombre de ambos trabajadores, también demandaron la pensión de invalidez por enfermedades profesionales, alegando que el 6 de julio de 2021 sufrieron un accidente vial en Parque Lira, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Lo extraño es que ambos reportaron exactamente los mismos daños: secuelas postraumáticas de la columna lumbar y cervicales que requerían el uso de aparatos ortopédicos para caminar y pérdida del 60 por ciento de la vista.
El 21 de junio de 2023 la Junta Número 4 firmó sentencia o laudo que condenó al ISSSTE a pagar 13 millones 181 mil 339.81 pesos por concepto de nivelación salarial y prestaciones, más 3 millones 550 mil 600 pesos por concepto de pensiones, en favor de Ibarra y Rodríguez. Al mismo tiempo, absolvió al Instituto de pagarle a Olga Juana Cortez.
Debido a que no fue notificado, el instituto no pudo impugnar el fallo y quedó en favor de los demandantes, a quienes el 8 y 13 de diciembre del mismo año les entregaron sus cheques.
La Fiscalía imputó a los funcionarios de la JFCA de presuntamente falsificar notificaciones y asentar en actas que los apoderados del ISSSTE comparecieron en la demanda y participaron en los actos procesales, cuando en realidad nunca estuvieron presentes.
También, de haber condenado al Instituto con una norma derogada, es decir, la Ley del ISSSTE de 2007 y no la del 2012, a pesar de la fecha del juicio laboral y de que los demandantes entraron a trabajar en 2016 y 2017.
La indagatoria arrojó que no existe el formato o aviso de accidente de trabajo que expide el ISSSTE (RT 09), necesario para reclamar una prestación de este tipo.
Y lo que puso aún más en duda el percance es que, cuando se presentaron ante el presidente de la Junta Número 4 para la comparecencia de pago, ninguno usaba lentes ni llegaron asistidos por persona alguna, dada su supuesta insuficiencia visual.
Autoridades consultada dijeron que la Fiscalía ahora continúa su investigación contra los trabajadores, sus apoderados y legales.
Agencia Reforma
