El plazo límite para cumplir la sentencia es el próximo 14 de abril, a un año de emitida. El Legislativo local, ante el emplazamiento, adujo tener la imposibilidad material y jurídica para realizarla. De haber desacato los diputados podrían ser sujetos de sanciones que llegarían incluso al desafuero. Aprueban en la sesión de ayer protocolo para la consulta, pero no fijan fechas
Chilpancingo, Guerrero, 4 de marzo de 2022. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al Congreso local una prórroga del plazo para cumplir la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 81/2018, en la que se pidió al legislativo local realizar una consulta previa, libre e informada y la elaboración nuevamente de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Ambas leyes aprobadas por la anterior legislatura, fueron declaradas inconstitucionales por la SCJN y la resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril del 2021, fecha a partir de cual el Congreso local tenía 12 meses para reponer el proceso. El plazo se vence el próximo 14 de abril.
En una nueva notificación del 2 de febrero pasado, el máximo tribunal del país requirió al poder legislativo que cumpla con lo que establece en esa sentencia y lo apercibe de que “de ser omiso se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción primera del Código Federal de Procedimientos Civiles”.
En ese escrito refiere que el 22 de octubre, pidió al Congreso local, a través de la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo, que informara sobre el acatamiento del fallo dictado en la acción de inconstitucionalidad 81/2018.
Apenas este miércoles, en su sesión y ante el exhorto que hizo el PRD para acatar la sentencia y fijar una fecha para la consulta, el llamado fue desdeñado por la mayoría de Morena.
Respuestas del Congreso
El Congreso local respondió que el 26 de octubre, 9 de noviembre y 9 de diciembre pasados, el diputado Bernardo Ortega Jiménez y la diputada Leticia Mosso Hernández, presentaron al pleno del Congreso local diversas iniciativas de ley de consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y aformexicanas, iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Participación Ciudadana para su dictaminarían correspondiente.
Además, le informó a la SCJN que por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha elaborado una propuesta de protocolo de la consulta previa, libre e informada “culturalmente adecuada y de buena fe para el proceso de reformas y adiciones de la Constitución Política del Estado, para la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, para la iniciativa de Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para la Reforma y Adición de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, para la Reforma y Adiciones de la Ley 464 de Educación del estado de Guerrero y para la Ley que establece los mecanismos para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
De igual manera le comunica que dicha propuesta de protocolo será presentada a los integrantes de la Coordinación Política para su análisis y que de ser aprobada será discutida en el pleno de la Legislatura, “de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes”, dice el escrito de la SCJN.
Y agrega: “Ahora bien, la referida promovente (el Congreso local) manifiesta la imposibilidad material y jurídica para la realización de la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas y la emisión de la ley en el plazo mandatado por la SCJN”, ante tales consideraciones solicita le concedan una prórroga del plazo (no se menciona de cuánto tiempo) para el cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 81/2018.
Sin embargo, la SCJN resolvió que “no ha lugar a otorgar la prórroga para el cumplimiento de la sentencia dictada en el referido asunto, ya que el plazo fue fijado por decisión colegiada y motivada del Tribunal Pleno de la SCJN”.
Añade que, en consecuencia, la resolución deberá quedar cumplimentada dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación “lo cual tuvo lugar el 14 de abril del 2021 por lo que a partir de esta fecha el referido órgano legislativo debió llevar a cabo las actuaciones necesarias para cumplir en tiempo la obligación constitucional de desarrollar las consultas correspondientes”.
En consecuencia, requirió nuevamente el 2 de febrero pasado, al poder legislativo que en el plazo de diez días hábiles “contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre las nuevas acciones tendientes al cumplimiento dado al fallo constitucional, en específico, respecto a los avances de la consulta indígena y afromexicana ordenada en la sentencia, entre otras que considere pertinentes, debiendo acompañar copia certificada de las constancias correspondientes”, refiere la notificación de la que se desconoce si hubo respuesta del Congreso local.
Las sanciones
Pero la SCJN apercibe al Congreso local que “de ser omisa se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 59, fracción primera, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la invocada ley reglamentaria”.
El citado artículo establece: “Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; el auxilio de la fuerza pública; y si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia”.
También establece que si dentro de las 48 horas de la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviera cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratase de eludir su cumplimiento, el presidente de la SCJN turnará el asunto al ministro ponente para que someta al pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este refiere que si la autoridad incumple la sentencia y dicho incumplimiento es justificado, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad y agrega que cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.
De acuerdo al citado ordenamiento, las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria”.
Y sentencia que si se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, “procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Diputados locales y abogados que fueron consultados al respecto, interpretaron el apercibimiento como el posible desafuero de los diputados de la actual legislatura en caso de que incumplan en un plazo de aquí al 14 de abril la realización de la consulta previa, libre e informada y la elaboración de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
La Ley 777 que fue aprobada por la anterior legislatura el 24 de agosto de 2018 tiene por objeto: “Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer las competencias, bases de coordinación y colaboración entre el Estado de Guerrero, la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como todas las instituciones, incluidos los órganos auxiliares, que por las actividades que realizan, contribuyan a los fines y el desarrollo de la seguridad pública.
Pero el contenido contraviene la recomendación 9/2016 del 29 de febrero de 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al entonces gobernador Héctor Astudillo, a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Congreso local, así como al Ayuntamiento de Olinalá, a quienes recomendó que en el ámbito legislativo se definiera como mínimo “una adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”.
La reforma que aprobó la anterior legislatura a la Ley 777 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “porque no se realizó una consulta previa al proceso legislativo y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas”.
Aprueban diputados protocolo para consultas a indígenas y afros, pero no fijan fechas
Con pronunciamientos “en favor de los pueblos originarios y afrodescendientes”, “por la no simulación”, y “porque verdaderamente se integren todos los diputados” a la organización de ese ejercicio, el pleno del Congreso local ratificó por unanimidad el Protocolo para desarrollar de manera libre, previa e informada y de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de los derechos a las comunidades indígenas y afroamericanas, en un ambiente tenso, y en apariencia de desconfianza.
Los diputados no fijaron una fecha para la realización del proceso, para el que escasamente tendrían poco más de un mes, de acuerdo al emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la fijó para antes del 14 de abril.
El documento se aprobó el 22 de febrero por el pleno en sesión de la comisión permanente, según declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel.
Entonces había coordinación para sacar adelante este proyecto de consulta para regular los derechos de los pueblos originarios y en materia de seguridad pública, que incluye a las Policías Comunitarias.
La Suprema Corte emplazó a los legisladores a realizar la consulta antes del 14 de abril, o en su caso se aplicarían sanciones.
Ayer, el protocolo se ratificó con 35 presentes en votación nominal (abierta) que solicitó el presidente de la Jucopo.
Lo mismo hizo el día anterior la diputada del PRI, Alicia Zamora Villalba, para someter a votación como asunto de urgente y obvia resolución, el punto de acuerdo de los partidos de oposición para urgir los trabajos conjuntos del legislativo con el ejecutivo estatal para comenzar de inmediato acciones urgentes, que rechazó Morena y la diputada del PT, Leticia Mosso.
Luego que los integrantes de la Mesa Directiva analizaron por unos minutos la petición, la presidenta y diputada del PRI, Flor Añorve Ocampo, dio cinco minutos para darle oportunidad de llegar a votar a los diputados que se encontraban en sus oficinas. Cuando fue cuestionada por la bancada de Morena, argumentó que fue un acuerdo de la Mesa.
Una vez pasados los 5 minutos, los morenistas reclamaron tiempo, y de inmediato se retomaron los trabajos para tomar la votación con pase de lista.
Sólo la diputada afrodescendiente, Marbén de la Cruz Santiago, pidió hacer un pronunciamiento a favor del protocolo, para pugnar “por un verdadero proceso de consulta, apegada a los estándares impuestos por la SCJN y los instrumentos nacionales internacionales y locales”.
Los morenistas finalmente se manifestaron “por los pueblos originarios y afrodescendientes”.
La morenista Beatriz Mojica Morga, destacó su descendencia afromexicana, y las sentencias de la Suprema Corte como un logro de los pueblos originarios y afros, para votar a favor “de una consulta seria y sin simulaciones”.
Del PT, Leticia Mosso pidió con su voto, “que se cumpla el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
Del PRI, el coordinador de la bancada, Héctor Apreza Patrón también se manifestó con la consigna “a favor de que se haga consulta sin simulación, como establece la SCJN”.
La diputada Gabriela Bernal añadió que “para que siempre consultemos a nuestros pueblos originarios”.
El priista, Esteban Albarrán desde la Mesa Directiva, votó “a favor de los derechos a las comunidades indígenas y afr mexicanas”, igual que los morenistas.
Al final, la presidenta de la Mesa, Flor Añorve, con voto favor, añadió “que verdaderamente se integren todos los diputados a esta consulta.
Pospondrán elección de comités vecinales
Por unanimidad en esta sesión se aprobó el proyecto de decreto para reformar un artículo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, para que las elecciones de comités ciudadanos que debería realizar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) este año, se posponga para el año siguiente.
La diputada del PRI, Julieta Fernández, aclaró que la elección de comités vecinales ya se pospuso dos veces, en 2019 y 2022. Añadió que estuvo mal planteada porque la ley que plantea la constitución de comités ciudadanos no señala demarcación, parámetros u objetivo para realizarse, y puede representar una duplicidad, lo que por costumbre ya se lleva a cabo en los municipios del estado, con las elecciones de comisarios y delegados.
Indicó que tampoco habla de las funciones de estos comités, pero el IEPC estimó en 160 millones de pesos el presupuesto para desarrollar estas elecciones “en un proyecto que no es viable”.
El morenista Carlos Cruz López, pidió hacer un agregado a la propuesta que se descartó por votación, para que en 90 días hábiles, la Comisión de Participación Ciudadana mantenga actualizadas las leyes de referencia para la elección de comités vecinales.
Julieta Fernández insistió en que se tiene que hacer una revisión general, no una corrección a esta ley, absolutamente, para estas reformas deben ir a una consulta que no es posible hacer en 90 días. El agregado se descartó con nueve votos a favor y 20 en contra.
También se aprobaron dos juicios contra la síndica procuradora de Iguala, Nayeli Salmerón, por desempeño de funciones docentes y edilicias, y contra el regidor de Zihuatanejo, Héctor Francisco Chavarría Rodríguez, que labora al mismo tiempo en el sector Salud.
De forma unánime, con 31 votos, se aprobó la donación del ayuntamiento de Iguala de un bien inmueble a favor de la Fiscalía General del Estado, exclusivamente para la Construcción de un Centro de Justicia para la Mujer en calle Ixtla-Xóchilt, fraccionamiento Lirios.
De los proyectos de leyes en primera lectura, la Comisión de Hacienda autoriza al ayuntamiento de Eduardo Neri a donar dos superficies de tres hectáreas para una compañía del tipo de la Guardia Nacional, y otra de diez para la construcción de edificio de la GN, con beneficio para la Sedena.
Presentaron iniciativas tres diputadas de Morena. Yoloczin Dominguez Serna para la reforma del artículo 146 de la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos, para garantizar la vigilancia permanente de la calidad del agua de los ecosistemas acuáticos y que se encauce en la prohibición del vertedero de drenajes y/o aguas contaminadas en dichos cuerpos de agua.
Beatriz Mojica Morga pidió reformar disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de Servicios y Administración de Bienes Inmuebles, para que, al menos el 30 por ciento de los arrendamientos, servicios o invitaciones de las dependencias y entidades, salvo que las adquisiciones, la materia prima o no existan proveedores, en el estado o el país, serán suministrados por proveedores foráneos, sean contratar a proveedores locales.
Jessica Ivette Rayo, pidió precisar el concepto de cabildo abierto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, como en la Ley de Participación Ciudadana.
Se informó que ciudadanos solicitaron al Congreso local, la creación de dos municipios indígenas, el Tu’un Savi (mixteco), de Yoco Ñuu Chee, que se integrará con la población de Buena Vista y anexos, de San Luis Acatlán, y de 11 comunidades de Acatepec con sede en la comunidad de Yerba Santa,
Asimismo, por oficio, las comunidades indígenas que se han denominado municipios por autodeterminación de los pueblos, Huixtepec, Pueblo Hidalgo y Chimalapa, solicitaron recursos para impulsar la creación del decreto de creación.
Confían diputados en realizar la consulta ordenada por la Corte antes del 14 de abril
A 36 días de que venza el plazo para la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por la acción de inconstitucionalidad 81/2018, y realizar la consulta sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, hay optimismo de los diputados de distintas fracciones políticas de concluir a tiempo el proceso, atendiendo los criterios exigidos. De lo contrario los 46 diputados propietarios no sólo serían separados de sus cargos sino también la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Confirmaron que la sentencia tuvo un año de plazo, sin la atención de la anterior legislatura que dictaminó y aprobó los decretos en materia de derechos indígenas impugnados, pero las instancias involucradas ahora están laborando “a marchas forzadas”, reconoció la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández.
De Morena, Jacinto González Varona confirmó que la Corte negó la prórroga para el cumplimiento de la sentencia.
El 22 de febrero, el Congreso aprobó el Protocolo para la consulta, que se ratificó en plenaria ayer.
Indicó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), brinda capacitación al equipo técnico que operará los trabajos. Aseguró que hay 20 millones de pesos aprobados en el Congreso para eso, y la disposición de los 46 diputados a trabajar en el territorio.
Del PRI, Julieta Fernández consideró que hubo obstáculos para ponerse de acuerdo “por el trabajo de tantas comisiones”, pero ya se nombró el comité técnico del Congreso y del gobierno del estado. Consideró que el exhorto que se hizo un día antes a la Jucopo sirvió, y habrá un batallón para terminar a tiempo.
Informó que el miércoles a las 6 de la tarde hubo una reunión de trabajo en la Secretaría General de Gobierno. Aseguró que ya no habrá diferencias políticas, lo importantes es ir al diálogo con las autoridades que están dispersas con más de un millón de habitantes
Del PT, Leticia Mosso señalo que los trabajos se van a realizar a marchas forzadas como concluir con el dictamen que enviarán el 14 de abril a la SCJN.
Destacó que el compromiso de todos los diputados que conocen a la perfección las rutas de sus regiones para hacer el trabajo de territorio.
Admitió que en un principio no algunos diputados no entendían a profundidad este tema “y no le estaban dando como la importancia”.
González Varona indicó que la primera idea es que, antes del 8 de marzo se apruebe y envíe la convocatoria de la consulta a comisarios y comisariados, para que la difundan y se reúnan en sus pueblos y comunidades, para revisar las mismas reformas de 2017 a la 701 de Derechos y Cultura Indígena, y 777 de Seguridad Pública, para que la revisen en asambleas.
Como se eligió el gobierno comunitario de Ayutla, así los pueblos elijan en asambleas dos delegados, hombre y mujer, para que lleven sus opiniones y propuestas al Congreso.
El resultado de la consulta a delegados, el Congreso dictaminará y aprobará las propuestas de Ley que volverá a los pueblos para que tenga el aval de las comunidades.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Tomada de Internet
