Ciudad de México, 29 de julio de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno federal busque censurar con los lineamientos sobre los “Derechos de las Audiencias” contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como alertaron especialistas.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la mandataria federal argumentó que este esquema garantiza únicamente el derecho de las audiencias.
“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias.
“Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, aseguró Sheinbaum en conferencia mañanera.
Ayer, el Gobierno federal presentó los “lineamientos” que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, la regulación incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad”, señaló ayer la mandataria federal en su conferencia mañanera.
Las medidas exigen a los medios no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, y aclarar cuando un contenido sea una noticia, opinión o publicidad.
Además obliga a los medios a contar con un “código de ética” y designar “defensoras de las audiencias” o serán castigados y multados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada con funcionarios afines a la 4T.
Los “lineamientos” para controlar a los medios fueron sometidos a una “consulta pública” desde ahora y hasta el próximo 21 de agosto.
Sobre las multas a imponerse, este miércoles Sheinbaum aclaró que las multas son una de las partes más polémicas a tomarse en cuenta, pues deberá verse quién y cómo se podría sancionar a una empresa.
“Hay un tema que tiene que ver con las multas. Por eso, se puso a consulta -que ya venía desde la ley- quién pone las multas, que es la parte más polémica. Por eso, se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta.
“Pero, si se fijan, pues es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar. Si no es verdad lo que pusiste, tiene que haber derecho de réplica del propio medio, a la persona, o tomar las medidas internas para decir: ‘a ver, esto que dijimos no es información, es una opinión'”, mencionó.
Sheinbaum dijo que habrá “candados” para evitar que las críticas al Gobierno sean interpretadas como violación al derecho de las audiencias.
“Habrá candados para que una crítica incómoda al Gobierno no pueda ser interpretada como una violación a la audiencia, pero ni siquiera es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente; es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle ‘oye, quiero mejorar el derecho a la información'”, agregó.
Alertan por riesgo de censura previa
El anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias –presentado en la conferencia matutina– establece un procedimiento de derecho de réplica al margen de la Constitución y abre la puerta a la censura previa y la autocensura en radio y televisión, advirtieron especialistas.
En el marco de la consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), expertos y ciudadanos han enviado observaciones en las que señalan su preocupación por los controles preventivos que se pretende imponer a los concesionarios.
El proyecto contempla la figura de defensores de las audiencias, mecanismos de queja, un código de ética y reglas para la televisión abierta, así como para la radio y televisión de paga. Sin embargo, el foco del debate está en las obligaciones impuestas a los contenidos.
Rodrigo Guzmán Araujo, abogado y consultor en telecomunicaciones y competencia, advirtió que el artículo 12 de los Lineamientos exige a los concesionarios adoptar medidas para no difundir información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”.
A su juicio, esto constituye una censura previa (ex ante) contradictoria con la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, la cual establece que el derecho de réplica opera únicamente de forma posterior (ex post facto) a una publicación errónea.
“El artículo 12 busca establecer un mecanismo de regulación ex ante para no difundir información falsa o descontextualizada. Por su parte, la Ley Reglamentaria opera de manera posterior para que se difundan aclaraciones respecto de datos transmitidos”, explicó.
Por su parte, los especialistas Alfonso Núñez Reséndiz y Diego Ubach Nieto señalaron que el uso de términos ambiguos otorga un margen discrecional a la autoridad y vulnera la certeza jurídica.
Núñez Reséndiz destacó la contradicción interna del texto: mientras el artículo 2 prohíbe la censura previa, el artículo 12 exige contar con “elementos para concluir que la noticia era veraz”, bajo amenaza de multas de entre .01 por ciento y 1 por ciento de los ingresos de los medios.
Al no definir qué es un “elemento suficiente”, indicó, se fuerza a la autocensura.
En el mismo sentido, Ubach Nieto advirtió que definir qué es “información descontextualizada” dependerá de interpretaciones políticas, editoriales u oficiales.
“A diferencia de la información histórica presentada como actual, que es verificable, la ‘descontextualización’ puede depender de visiones ideológicas. Esta falta de precisión genera incertidumbre y deja la interpretación a discreción del regulador”, dijo.
El analista Omar Roque González planteó que el Estado no debe asumir el rol de árbitro sobre la verdad o el contexto suficiente.
“Aunque la iniciativa no establece de manera expresa una censura previa, sí puede generar un control posterior sobre los contenidos. La combinación de conceptos ambiguos, revisión administrativa y sanciones económicas puede provocar autocensura y reducir la pluralidad informativa”, alertó.
Entre los comentarios recibidos ya en la consulta pública también figuran posturas a favor de vigilar a los medios.
“Me parece una reforma excelente; nos damos cuenta de que varios canales de radio y televisión le mienten mucho a la gente, ya sea por intereses partidistas, de patrocinio o monetarios”, opinó el ciudadano Víctor Alfonso Niño.
Claudia Guerrero, Natalia Vitela/ Rolando Herrera / Agencia Reforma
