Pese a que la Suprema Corte de Justicia los ubicó como responsables y pidió que se investigara su participación en el ataque de policías que dejó 17 campesinos muertos, a 30 años de los hechos, la mayoría ni siquiera pisó la cárcel y los que sí, meses después obtuvieron su libertad bajo fianza
Chilpancingo, Guerrero, 28 de junio de 2025. A 30 años de la masacre de 17 campesinos en el llamado Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ninguno de los ocho funcionarios, aparte del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ubicó como responsables y pidió que se investigaran, está en prisión.
La mayoría ni siquiera pisó la cárcel y los que sí, meses después obtuvieron su libertad bajo fianza, de acuerdo con el informe de la SCJN.
En cuanto al director operativo, Manuel Moreno González, los dos comandantes y 18 policías de la Policía Motorizada implicados en los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad, también fueron liberados en distintas fechas, de acuerdo con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino.
Los funcionarios son el ex secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el ex procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, y el ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy.
Asimismo, el ex subsecretario de Seguridad Pública, Rosendo Armijo de los Santos; el ex director de Gobernación estatal, Esteban Mendoza Ramos; el ex director operativo de la Policía Estatal, Manuel Moreno González, y el ex fiscal especial, Adrián Vega Cornejo.
Con respecto al gobernador Figueroa Alcocer, ni siquiera fue señalado en ninguna de las tres causas penales que se integraron del caso, aun cuando en la investigación de la SCJN se le encontró “la mayor responsabilidad”, por el “imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes y por poner en manos inadecuadas unos conflictos tan destacados”.
Los cuatro primeros funcionarios de primer nivel, José Rubén Robles Catalán, Antonio Alcocer Salazar, Rodolfo Sotomayor Espino y Gustavo Olea Godo, ya fallecieron.
En tanto que de Armijo de los Santos, Mendoza Ramos y Moreno González se desconoce su paradero y Vega Cornejo, por su parte, nunca dejó de ocupar cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por ahora, es el coordinador de asesores del Poder Judicial. Así lo presentó el presidente del TSJ, Ricardo Salinas Sandoval, en la ceremonia con motivo del 174 aniversario del Poder Judicial, el jueves pasado.
También están fuera de la cárcel nueve agentes del Ministerio Público y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre ellos, el determinador de la agencia central de Acapulco, Elías Reachi Sandoval, quien dirigió las primeras investigaciones en el lugar de los hechos.
Ellos estaban señalados por delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, intimidación, lesiones graves, homicidio, portación de arma prohibida, disposición indebida de las armas dotadas a los cuerpos policiacos estatales, acopio de armas reservadas y los que resulten.
De acuerdo con el informe 3/96 de la SCJN, que realizaron los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, el 5 de marzo de 1996, se ordenó la acumulación de las causas penales 3-2/996 y 3-2/996 BIS a la 82-2 /995.
Con respecto a la causa penal 3-2/996, el 9 de enero de 1996, la Fiscalía Especial ejerció acción penal por los delitos de abuso de autoridad, homicidio y lesiones en contra del director operativo de la Policía Estatal, Manuel Moreno, así como de los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina, además de 18 policías, aunque dos de ellos estaban prófugos.
En tanto que por los delitos de homicidio, lesiones, ejercicio indebido y abandono del servicio público, se ejerció acción penal en contra del primer subprocurador Rofolfo Sotomayor Espino, el director general de Gobernación, Esteban Mendoza; el delegado regional de Gobernación Gustavo Martínez Galeana y el director operativo Manuel Moreno.
De acuerdo con el informe de la SCJN, la orden de aprehensión se ejecutó el 10 de enero de 1996, en contra de los 18 policías, con excepción de los dos que estaban prófugos, así como en contra de los cuatro funcionarios.
El 16 de enero del 1996 se les dictó la formal prisión y se les sujetó a proceso. En tanto que el 5 de marzo de1996 se ordenó la acumulación de la causa penal al proceso 82-2/995.
Sin embargo, los procesados Rodolfo Sotomayor Espino, Esteban Mendoza Ramos, Gustavo Martínez Galeana y Manuel Moreno González, promovieron un juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, que les fue admitido por el juez tercero de Distrito en los números 174/96-III y 189/96-III.
Con respecto a la causa penal 3-2/996 BIS el 7 de febrero de 1996, el fiscal especial ejerció acción penal por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público en contra del subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos, del fiscal especial Adrián Vega Cornejo, la agente del Ministerio Público, Francisca Flores Rizo; el agente determinador del Ministerio Público, Elías Reachi Sandoval; el agente auxiliar del Ministerio Público, Javier Reyes Grande; el delegado regional de la Procuraduría de Justicia del Estado, José María Alcaraz López; el agente del Ministerio Público comisionado, Gildardo López Reyes, y el agente auxiliar del Ministerio Público, Jorge Rafael Reyes Serrano.
Asimismo, en contra del agente auxiliar del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz; el jefe del Departamento de Servicios Periciales, Francisco de Paula Ricart Álvarez, y de los peritos Alfonso Alonso Piedra, Juan Olea Ventura, Gonzalo Barrera Abarca, Rafael Cruz Suástegui y Carlos Gruintal Santos.
Además, en contra de los agentes confidenciales de Gobernación, Olimpo Soberanis Méndez y Ramiro Orlando Soberanis Moreno, además de la directora de Averiguaciones Previas, Blanca María del Rocío Estrada Ortega.
En esta misma causa se ejerció acción penal en contra del ex agente especial de Gobernación, Armando Nieto Espitia, por los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad, pero el ex funcionario se encontraba prófugo.
El 10 de febrero de 1996 todos ellos rindieron su declaración preparatoria y ese mismo día obtuvieron su libertad bajo fianza.
Incluso cuando en un escrito, de fecha 19 de febrero de 1996, el agente del Ministerio Público especial adscrito interpuso un recurso de apelación en contra del auto que les concede la libertad, “por falta de elementos”, decretada a favor de los acusados, el 26 de febrero el juez penal les reiteró el “beneficio de la libertad caucional”.
Los funcionarios fueron absueltos a pesar de que, de acuerdo con el informe de la SCJN, se pudo concluir que “cuando menos existió negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador, sus funcionarios y policías incompetentes”.
En cuanto a los últimos, a pesar de que también se les encontró responsabilidad por los delitos graves de abuso de autoridad, homicidio y lesiones, fueron recuperando su libertad en distintas fechas.
La SCJN refiere que “la mayor responsabilidad para el gobernador (Rubén Figueroa) se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes, y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados”.
Según el documento, el gobernador “no atendió el problema por conducto del secretario general de Gobierno o el procurador, suponiendo que por sus ocupaciones él no pudiere desplazarse personalmente, sino que le ordenó a un inferior (el subsecretario de Protección y Tránsito), quien a su vez lo delegó en un comandante de la Policía Motorizada”.
“Todos fueron liberados”, señala Norma Mesino
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino, criticó que no haya nadie en la cárcel por la masacre, “todos fueron liberados, no hay nadie preso”, dijo.
Informó que el funcionario que estuvo más tiempo preso fue el mayor Manuel Moreno, pero igual ya salió libre, sin precisar la fecha, “tendríamos que hacer un nuevo monitoreo, para saber cuándo salió, pero ya tiene mucho”, dijo.
Norma Mesino, la dirigente de la OCSS que ha dado seguimiento el movimiento, declaró que nunca creyeron que las investigaciones de la SCJN traerían consecuencias jurídicas para los implicados en el caso Aguas Blancas, “porque recibió la orden del presidente Ernesto Zedillo, el principal genocida de la masacre de Aguas Blancas y de El Charco, municipio de Ayutla”.
Dijo que a pesar de que la SCJN fincó responsabilidades al ahora ex gobernador Rubén Figueroa y a todo su gabinete, no se ejerció acción penal porque la Procuraduría General de la República, una de las instituciones a las que la SCJN entregó los resultados de sus investigaciones, nunca atrajo el caso de la masacre.
“El caso, jurídicamente nunca salió de las autoridades de Guerrero”, recordó Mesino, quien dijo que tampoco avanzó a pesar de que se nombraron dos fiscales, y por el contrario, éstos sirvieron para desviar las investigaciones.
Uno de ellos, Adolfo Vanmeeter Roque, ya fallecido, cuando se encargó de la investigación incluso pretendió realizar la exhumación de las víctimas de la masacre a escondidas, pero el dirigente social (asesinado) Ranferi Hernández Acevedo, con un grupo de viudas lo impidió, porque pretendían exhumar los cuerpos sin protocolos y sin observadores nacionales e internacionales, como lo pedía la OCSS, recordó la líder de la organización.
Según dijo, el objetivo de la exhumación era ocultar las evidencias de que la masacre se trató de una ejecución sumaria y con tiro de gracia.
“Querían seguir manipulando todo, por eso en el informe 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pide que se reponga y se reabra el caso, porque supieron que fue muy viciado y manipulado, pero el Estado mexicano omitió la recomendación”.
Mesino denunció que el Estado mexicano tampoco cumplió la recomendación del organismo internacional para que se brindaran medidas cautelares para las víctimas directas e indirectas de la masacre de Aguas Blancas.
“Todo se quedó en el ámbito local, fue el gobierno estatal el que perpetró, investigó y cerró el caso”, sintetizó.
Norma Mesino contó que años después el gobierno creyó que dándole dádivas a las viudas y sobrevivientes iban a terminar con la presión, “surtió efecto con algunos, pero no con la OCSS”, dijo y recordó que, por el contrario, fue escalando su lucha hasta conformar el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), con el que se dio a conocer en el mundo la masacre de Aguas Blancas, lo que motivó que también escalara la represión en contra de sus integrantes que aún sigue.
Zacarías Cervantes/Foto: Internet
