19 noviembre,2018 6:28 am

No aceptarán la imposición de presas en el gobierno de AMLO, dicen ambientalistas

Exigen la salida de la Policía Estado del  territorio de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco, y que cesen las órdenes de aprehensión contra integrantes del Cecop y la Policía Comunitaria.
Acapulco, Guerrero, 19 de noviembre de 2018. Organizaciones sociales defensoras del medio ambiente advirtieron al nuevo gobierno federal que va encabezar Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre, que no aceptarán imposición de proyectos de presas hidroeléctricas que han llevado al enfrentamiento y represión de aquellos que defienden sus tierras.
Desde la comunidad de Salsipuedes, zona rural de Acapulco donde este sábado y domingo fue el encuentro número 13 del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensas de los Ríos, en las conclusiones pidieron justicia y libertad para los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), y la cancelación de las órdenes de aprehensión que hay en contra de ellos.
El sábado que se inauguró el encuentro en esa comunidad ubicada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se pretende la construcción de la presa La Parota, estuvieron además de integrantes del Cecop, el Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan, representantes de la CRAC- PC, así como de organizaciones de Colombia, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Puebla, desde donde llamaron a defender las tierras.
Ante los momentos de “gran efervescencia y cambio político en menos de 15 días tomara posesión un nuevo gobierno, y existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que impero por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad”.
Por ello “afirmamos al nuevo gobierno no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, los derechos de los pueblos y los territorios”, según la lectura de las conclusiones.
Abundaron que la reciente iniciativa que presentaron senadores de Morena “denominada Ley del Desarrollo Agrario que pretende abrogar la Ley Agraria, va en ese mismo sentido, se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista del Artículo 27, que en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional, extranjero y si pretenden que ese sea el cambio pronto van a chocar con el pueblo que los eligió”.
Consideraron que cualquier proyecto de nación debe de respetar los modos de vida de las personas que habitan los territorios, por ello “denunciaron la profundización del modelo neoliberal con proyecto para facilitar el control del territorio al gran capital, como lo son las zonas económicas especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando”.
Durante la lectura de las conclusiones, Rodolfo Chávez dijo que como movimiento les preocupa la situación de violencia que viven los miembros y familiares de simpatizantes del Cecop, y es que durante el encuentro hubo testimonios del continuo “hostigamiento y represión del que han sido objetos por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de las policías Estatal y Ministerial”.
Las organizaciones del MAPDE solicitaron una investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas y modo de vida del líder social, que el gobierno del estado de Guerrero brinde las medidas de protección a Marco Antonio y su familia porque su vida “corre peligro, y cese el hostigamiento contra su persona”.
Libertad de los 19 presos
Además se pronunciaron por la liberación de los 19 integrantes del Cecop que están presos en el penal de Las Cruces desde el 7 de enero, y de Gonzalo Molina de la CRAC- PC, que está preso en el penal de Chilpancingo.
“Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de La Concepción, Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crescenciano Everardo, Feliciano Ascencio y además al compañero Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014” puntualizaron.
Otras de las conclusiones es la salida de la Policía Estado y que cesen la ejecución de las ordenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento, cancelación de todas las ordenes de aprehensión de los miembros del Cecop  y la Policía Comunitaria de Cacahuatepec.
Además de justicia por el asesinato de los defensores de territorio en la sierra norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar, así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
“La cancelación definitiva de los proyectos de las presas, La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, el Purgatorio en Jalisco, Paso de la Reyna Oaxaca y el Naranjal en Veracruz, Milpillas en Zacatecas”, expuso.
También piden el desmantelamiento inmediato  de la presa el Zapotillo en Jalisco y una auditoría al proyecto de restauración de la cuenca del Río Verde.
Las organizaciones del MAPDER afirman que van a continuar la defensa de los pueblos, es por ello que al gobierno federal le piden revertir políticas de privatización del agua, eliminación de decretos de levantamientos de vedas y cancelación de concesiones.
Emilio Rodríguez, delegado de MAPDER Veracruz, dijo “para nosotros hacer este acto de solidaridad hacia estos Bienes Comunales es que se sepa que no están solos, que los seguimos en Puebla, Veracruz, Jalisco, sepan que no están solos y vamos por la libertad de los 19 presos políticos, y no vamos a descansar hasta que la presa La Parota se cancele de manera definitiva”.
Por su parte Silvia Villaseñor dijo que “el nuevo gobierno va a dar continuidad a la política económica, y esto quiere decir que se van a seguir impulsando los proyectos hidroeléctricos que causan daño en nuestro territorio y ríos, también vemos que no hay modificaciones de fondo para que nuestros pueblos pueda mejorar”.
Agregó que el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador “ha dicho que apoya a las organizaciones pero también ha dicho que se van a construir más hidroeléctricas en el país, y vemos que hay contradicción en algunas gentes de su gobierno, por ejemplo la futura secretaria de Energía dijo que se impulsarán hidroeléctricas privadas”.
El sábado de Tlachinollan, Rogelio Téliz dijo que hay 50 órdenes de detención de varios compañeros del Cecop que defienden sus tierras, porque el gobierno lo que busca es que ya no exista esa organización.
Consideró que una de las consecuencias de defender el agua y las tierras, es la detención por parte de las autoridades para que se lleven a cabo los proyectos y “es importante la organización, es el único derecho y solución que debemos tener para la defensa”.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Carlos Alberto Carbajal