Convoca el obispo de Chilpancingo a “todo el pueblo de Dios” a donar ropa y alimentos para los desplazados de Chilapa. No se resolverá la violencia si no se desarticula al “grupo delictivo”, dice el Cipog-EZ en referencia a Los Ardillos
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 15 de mayo de 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que familias desplazadas luego de ataques de grupos delictivos en Chilapa, comenzaron el regreso a sus comunidades.
En un mensaje en redes sociales, la secretaria compartió un video en el que dice que con el apoyo del gobierno federal se dio el retorno de las personas desplazadas a sus comunidades, luego de seis días de bloqueos y enfrentamientos en el municipio de la parte baja de la región Montaña.
En el video se observa que agentes de las Fuerzas Armadas llevan objetos a un camión de carga, colchonetas y bolsas con las que salieron los pobladores.
El martes la presidenta Sheinbaum informó que luego de seis días de bloqueos y ataques con drones y explosivos, que provocó el desplazamiento de cientos de personas en pueblos de Chilapa, la secretaria Rodríguez se trasladaría a Guerrero para resolver la situación.
Ese día el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que los ataques en Chilapa serían por un conflicto entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, y aunque el funcionario negó rotundamente diálogo con ellos, Gobernación expuso que había comunicación por separado con esos grupos para lograr la paz en la región.
La tarde del martes se quitaron los bloqueos y para el miércoles la secretaria Rodríguez en compañía de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudieron a la comunidad de Alcozacán para hablar con los pobladores y conocer las necesidades, ademas de brindar servicios médicos, alimentos y seguridad.
La comunidad de Alcozacán fue mencionada por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) como un lugar de refugio para las personas desplazadas de Tula y Xicotlán, luego de los ataques realizados pro grupos criminales.
También el miércoles, Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado visitaron la comunidad de Coatzingo, también en Chilapa para mantener presencia institucional, además que se reanudaron clases, servicio médico y entrega de medicinas.
Según el CIPOG-EZ, Coatzingo fue la comunidad en la cual integrantes del grupo de Los Ardillos se mantuvieron mientras realizaban ataques a los pobladores de la comunidad de Tula.
Luego del anuncio del retorno por Rosa Icela Rodríguez, en un comunicado la Secretaría de Gobernación informó del retorno de 118 personas, incluidos niños y personas adultas mayores a la comunidad de Xicotlán además de la entrega de artículos de primera necesidad.
“Con el apoyo del Ejército mexicano la Guardia Nacional, el Gobierno del estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación dio inicio el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades en el municipio de Chilapa, Guerrero, luego de garantizar un esquema de seguridad y vigilancia en la zona”, indicó Gobernación.
Anuncian censo de viviendas afectadas y la entrega de enseres
La dependencia informó que se brindó asistencia psicológica por la Comisión de Víctimas y mantener mesas de diálogo para garantizar el retorno de forma permanente y en condiciones de seguridad.
“Comenzará el censo de las viviendas que resultaron afectadas, para apoyar en la reconstrucción y se darán enseres a quien los necesite. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional establecerá un corredor seguro para libre tránsito de la población hacia la cabecera municipal, así como para el ingreso de suministros a sus localidades” indicó Gobernación.
Tras la información brindada por el gobierno federal el gobierno del estado representado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que comenzó el regreso de las familias desplazadas de Chilapa con el acompañamiento de autoridades federales y estatales.
La representación estatal indicó que soldados del Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado hicieron recorridos de prevención en las comunidades, para la verificación de que viviendas, escuelas y centros de salud no tuvieran daños ni afectaciones.
“Venimos a protegerlos y a ayudarlos. El estado es su aliado y vamos a permanecer acompañándolos para que puedan vivir en paz en sus hogares”, dijo el subsecretario Rodríguez Cisneros.
En las acciones de vuelta para los pobladores de Chilapa participa el subsecretario de Gobernación César Yáñez, el secretario de Seguridad estatal, Daniel Ledesma Osuna y personal tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de Guardia Nacional, Derechos Humanos y de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Acompaña el subsecretario a la reinstalación de los desplazados
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros pidió a la población de Xicotlán, no confrontarse con los agentes de seguridad y evitar andar en el poblado y sus alrededores con armas.
Rodríguez Cisneros acompañó a retornar a Xicotlán a los pobladores que días antes fueron desplazados por los ataques armados del grupo criminal de Los Ardillos.
En un video se observa al funcionario en la cancha central del Xicotlán dando indicaciones a los pobladores, y pidiendo a todos “portarse bien”.
“Sean amigables con la autoridad, cualquier abuso de algún elemento ustedes no intenten confrontarse con ellos. Todos ellos tienen un mando, tienen un jefe que los manda, van a estar supervisando, seguro van a pasar por aquí, van a hablar con su comisario y si hay alguna algún señalamiento también se tiene que revisar”, dijo.
Agregó, “todos hay que portarnos bien, ¿están de acuerdo?, nada de andar en los cerros armados, de momento no hay que hacerlo y nunca nada que por los cerros andar con la 22, la escopeta, no se puede porque ahorita está la autoridad”.
Durante su mensaje estuvo acompañado del subsecretario de gobernación federal, César Yáñez Centeno; del Secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Ledezma Osuna, así como mandos del Ejército y la Guardia Nacional.
“Hay muchos hombres y muchas mujeres uniformadas trabajando para que ustedes estén en paz en sus hogares, a nombre del gobierno de México, de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y del gobierno del estado de Guerrero, de la maestra Evelyn Salgado Pineda. Les decimos a ustedes bienvenidos a sus hogares y vamos a estar con ustedes de manera permanente, muchas gracias a todos, pásenla muy bien”, dijo el subsecretario.
En su mensaje aseguró que derivado de los recorridos que hicieron constataron que no hubo ninguna vivienda afectada y que todos los animales de granja estaban a salvo.
Llama obispo a “todo el pueblo de Dios” a donar ropa y alimentos para los desplazados de Chilapa
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa emitió el miércoles un exhorto a los párrocos, rectores de templos, vicarios parroquiales, religiosas, religiosos “y a todo el pueblo de Dios realizar una ayuda humanitaria en alimentos y ropa, a través de Cáritas Parroquiales, para las comunidades filiales de la parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya.
A esa parroquia pertenecen las localidades de Chilapa que sufrieron violencia del 6 al 11 de mayo pasado del grupo delictivo de Los Ardillos.
Por separado, organizaciones sociales de Puebla llamaron a los tres órdenes de gobierno, “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa publicó un mensaje en su página en el que informó que en el transcurso de los últimos años, “varias de las comunidades filiales de la Parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya se han visto necesitadas de nuestra solidaridad cristiana”.
Derivado de ello exhorta, “a que desde ahora podamos realizar ayuda humanitaria en alimentos y ropa, y una vez que se haya recibido lo pertinente desde cada Parroquia hacerlo llegar con el responsable de Cáritas en cada Decanato, para que éste pueda hacer llegar la ayuda humanitaria a la administración de la mencionada parroquia, Arístides Iglesias Jijón”, recomienda el obispo González Hernández.
Agrega: “quiero pedir, a su vez, a la Cáritas Diocesana permanezca atenta para atender los comunicados y envíos de ayuda humanitaria que podrán ser remitidos desde Cáritas Nacional”.
Refiere que la misión de la Cáritas Parroquial, “nos invita a reconocer a Cristo Vivo en el hermano que sufre, en las familias dolientes, en quien necesita no sólo ayuda material sino también cercanía, escucha y consuelo”.
Agrega que en esta actividad “de ofrecimiento de ayuda humanitaria, se fortalece nuestra vocación como discípulos” y llamó a construir el tejido social “y a ser testimonio de un amor que transforma la indiferencia en solidaridad”.
El ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla
Por separado, las agrupaciones, Clínica Jurídica Minerva Calderón; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se pronunciaron ayer en un comunicado porque los gobiernos federal y estatal diseñen “medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
Refieren que el ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla “llama a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero”.
Contextualiza que en los días recientes comunidades del estado de Guerrero y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado ataques armados por parte de grupos criminales en contra de habitantes de comunidades indígenas de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, provocando el desplazamiento forzado de al menos 800 personas, el homicidio de cinco (los vecinos aseguran que son seis) habitantes, así como la quema de viviendas y el uso de drones explosivos contra la población”.
Refieren que el desplazamiento forzado “es una grave violación a los derechos humanos e impacta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, afectando el vínculo comunitario y espiritual que sostienen con el territorio”.
Denuncian que el asedio constante de grupos criminales organizados desde hace más de una década no es un hecho aislado, “sino que es parte de una condición de inseguridad agravada en años recientes frente a los procesos iniciados por las comunidades para garantizar seguridad y justicia”.
Después de contextualizar el ambiente las agrupaciones llamaron a los tres órdenes de gobierno “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas”.
La operación del gobierno en Chilapa no resuelve el problema de violencia: Cipog-EZ
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, declaró ayer por teléfono que la operación de los gobiernos federal y estatal en las comunidades nahuas de Chilapa, no resuelve el problema de fondo, “porque no vienen a perseguir, detener, ni a desarticular al grupo delictivo que nos ha estado atacando”.
El martes pasado el Gobierno federal anunció una aparatosa operación integrada por 690 soldados del Ejército, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 de la Policía Estatal, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
A tres días de que se anunció en las comunidades nahuas de Chilapa que han venido siendo atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, Plácido Galindo informó que en la reunión del miércoles en la que estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, no firmaron ningún compromiso para garantizar la seguridad de las familias de los pueblos atacados.
“Nomás fueron palabras, no firmaron las autoridades ni los representantes de los desplazados ningún documento, fue solamente una visita de cortesía para decirles a las víctimas que les van a abrir las escuelas, a mandar maestros y que van abrir hospitales, pero estas demandas ya están establecidas en convenios firmados anteriormente y que no se han cumplido”, denunció Plácido Valerio.
Recordó que en convenios como éste, anteriormente, los gobiernos estatal y federal se han comprometido a construir un banco del Bienestar en Alcozacán, además, un centro de salud ampliado y un mercado interno, “pero de todo lo que se comprometieron anteriormente no han cumplido nada a las comunidades, y ahora vienen con lo mismo”.
Con respecto al problema de violencia, concretamente, el dirigente del Cipog-EZ señaló que la operación que se anunció “no garantiza la solución del problema de fondo”.
Declaró que es insuficiente y que no resuelve el problema de la violencia de fondo; “para resolverlo se tiene que desarticular a ese grupo y detener a los cabecillas para garantizar la paz”.
Agregó que también se tiene que aplicar, como en otros estados del país, una operación Enjambre contra las autoridades municipales que están vinculadas con el crimen organizado “y que han estado apoyando al grupo delictivo que ha estado atacando a las comunidades nahuas”.
Reprochó que, al respecto, no hay una postura firme de los gobiernos federal y estatal para combatir al crimen organizado, “para ellos nomás es dialogar y dialogar, pero las ejecuciones y desapariciones siguen, porque las acciones sólo son mediáticas”, denunció.
Ya no quieren estar en sus pueblos pero no tienen a dónde ir, dicen desplazados de Chilapa
La violencia provocó que la gente ya no quiera estar en sus pueblos, “la verdad ya no queremos vivir aquí, pero no tenemos a dónde ir”, dijo una pobladora de Xicotlán, municipio de Chilapa, del grupo de 118 habitantes según el gobierno federal, que regresaron a la comunidad, luego de que las autoridades federales y estatales les prometieron seguridad y paz.
El miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habrá presencia permanente del gobierno federal en Chilapa; mientras que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde se comprometieron a garantizar la seguridad y fortalecer la paz.
Aunado a la promesa de las autoridades, ayer, personal de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado visitaron nuevamente Coatzingo, donde se encontraban refugiados pobladores de Xicotlán, a quienes trasladaron en camionetas Urvan oficiales de regreso a su localidad.
Los pobladores llegaron a las 11:30 de la mañana a la cancha de Xicotlán ubicada a espaldas de una sede de la Secretaría del Bienestar en la carretera federal, escoltados por soldados del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
A pesar de que durante todos estos días vecinos de las comunidades desplazadas y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) insistieron en que fueron Los Ardillos los que atacaron a la localidad de Tula desde Coatzingo, algunos pobladores de Xicotlán dijeron que abandonaron sus hogares porque fueron atacados por Los Tlacos, el grupo delictivo rival.
Uno de los habitantes, quien se reservó su identidad, dijo que Los Tlacos y el Cipog-EZ son, “los mismos criminales”, que los ataques armados en Xicotlán iniciaron porque los pobladores se negaron a sumarse a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.
Indicó que se negaron a sumarse porque no coinciden con las prácticas de la organización que también comete crímenes, al igual que Los Ardillos, y por ello fueron agredidos.
Otra vecina, quien también pidió reservar su identidad, abundó que el Cipog-EZ convocó a los hombres a sumarse a la Policía Comunitaria, pero la realidad es que pretendían obligarlos. Como madre de familia le pidió a su esposo que no accediera, debido a que, si algo le llegara a pasar, nadie más responderá por ella y sus hijos.
Esta es la primera vez en más de una semana que pobladores de Xicotlán dan esa versión que coincide con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el martes pasado, dijo que “aparte de que hay población que no tiene nada qué ver” con la delincuencia organizada, la violencia “sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”.
Resguardo policiaco, sí; comida y atención médica, no
Los vecinos regresaron a sus casas poco a poco, con cautela, pero sobre todo con miedo.
Francisco Tlalcorral Ocotlán se refugió los últimos días en Coatzingo, pero su esposa y sus dos hijos fueron los primeros en salir de Xicotlán y llegaron a Alcozacán. Luego de que personal de gobierno le informó que ya era seguro volver a su casa, Francisco se trasladó primero a Alcozacán, donde se reencontró con su familia.
Después volvió a Xicotlán para asegurarse de que no hubiera ningún sicario en su casa. Abrió uno a uno los cuartos que dejó cerrados con candados y los encontró vacíos, tal como los dejó. Sus hijos y esposa “no quisieron venir, están teniendo miedo… ya ahorita les voy a avisar que no hay nadie y entonces pueden venir”.
Relató, “salimos por el miedo, no porque queríamos, teníamos que salir, hasta ahorita que pudimos regresar, los animalitos no comen, no toman agua”; le preocupaba que a alguna de sus gallinas, guajolotes o cerdos “les hubiera tocado la desgracia”, de morir por una bala perdida.
A pesar de la presencia de militares y policías, para Francisco todavía hay desconfianza y miedo. La incertidumbre es latente, por eso “le pedimos al gobierno que nos ayude, nosotros cómo le vamos a hacer, ya llegamos y si ya nos vieron otra vez van a empezar a tirarnos, vamos a tener que volver a correr”.
Mientras Francisco revisaba su casa, su hermana María Octaviana también llegó a la suya, pero antes de constatar que no hubiera nadie lo primero que hizo fue alimentar a sus animales, perros, gallinas, pollos, guajolotes y cerdos que llevaban tres días sin agua ni comida.
“Es miedo lo que pasa”, expresó al tiempo que repartía masa para los animales que se paseaban entre sus pies de un lado a otro. María Octaviana recordó que antes de abandonar su casa para refugiarse dormía sentada con el temor de que, en cualquier momento las balas atravesaran su hogar.
Contó que cuando decidió huir convenció a Francisco de irse juntos, pero de otro hermano, Bernardo, no saben nada todavía, no han podido localizarlo, le llaman a su celular y no contesta. Con la presencia de los uniformados, María Octaviana volvió a Xicotlán para “ver mi casita cómo está, llegué a mi casa, gracias a Dios, pero qué voy a hacer, Diosito que me cuide”.
A las 2 de la tarde trabajadores de la Secretaría de Bienestar llegaron a la casa de María Octaviana para hacer un registro de cuántas personas se encontraban ahí y constatar que se reinstalaron.
En tanto que, en la cancha, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría del Bienestar también dialogaron con otros pobladores, hicieron un registro de las personas que regresaron, así como de personas que no han sido localizadas por sus familiares, como es el caso de los hermanos Tlalcorral Ocotlán.
A la cancha llegaron más cobijas y colchonetas, también una ambulancia del gobierno del estado a la que una madre de familia llevó a su hijo de dos años para ser atendido porque tenía fiebre, pero los paramédicos no llevaban ningún medicamento; le indicaron que el pequeño podría tener una infección estomacal y le dieron recomendaciones, nada más.
La madre optó por un remedio casero, tomate verde con aceite rosado para bajarle la fiebre a su hijo y permaneció en la cancha, junto con otras familias, porque se les informó que llegarían más refugiados, sin embargo, hasta las 4 de la tarde no llegó nadie más.
A pesar de que las autoridades ya sabían que en Xicotlán no hay ninguna tienda abierta y los refugiados llegaron a sus casas, donde ya no tenían comida, tampoco se instaló ningún comedor comunitario.
“Vamos a comer sopa”, exclamó una niña, emocionada y dando brincos de felicidad, al ver a policías estatales calentando agua en las oficinas de la Secretaría del Bienestar y sí, los oficiales prepararon comida, pero sólo para ellos.
En Xicotlán algunas mujeres se dedican a tejer a mano adornos para bolsas y carteras, estos bordados típicos, que en la capital llegan a costar entre 100 y 150 pesos, a ellas los acaparadores se los pagan en apenas 40 pesos, de esto y de sus siembras es de lo que viven.
Las escuelas permanecen cerradas
Xicotlán cuenta con el Centro de Educación Preescolar Vicente Guerrero, la primaria Francisco I. Madero y la Telesecundaria Albert Einstein, las tres escuelas se encuentran alrededor de la cancha donde se concentraron los pobladores que regresaron ayer.
De acuerdo con los vecinos, los planteles llevan más de una semana cerrados, los alumnos no han tenido clases y los maestros no se han comunicado, no han podido acudir por la situación de inseguridad en la zona.
Mientras las autoridades educativas ajustaban el calendario escolar y luego se retractaron, en Xicotlán, al igual que en las otras comunidades bajo asedio del crimen organizado, las clases ya se habían suspendido y aún no hay una fecha determinada para que se reanuden.
Atacan otra vez a balazos y con explosivos a Huitzapula, Atlixtac; vecinos piden ayuda urgente
Vecinos de San Pedro Huitzapula Norte, municipio de Atlixtac, volvieron a pedir ayer ayuda de manera “urgente” a los gobiernos federal y estatal, debido a que en la mañana de este jueves reiniciaron los ataques a balazos y con artefactos explosivos que lanza desde drones el grupo delictivo que los ha venido atacando.
Mediante un mensaje de voz enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves, una mujer, llorando, dijo que “día y noche” el grupo atacante ha estado disparando “y ya hay personas heridas de bala, por favor, ayúdennos”, clamó.
En esa comunidad ha querido entrar la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que no está reconocida por las casas de justicia de la institución comunitaria original y que, los pobladores, señalan como vinculada con el grupo criminal de Los Ardillos.
En el mensaje de voz la mujer que clama el apoyo de los gobiernos federal y estatal refiere que los tiroteos comenzaron desde las 4 de la tarde del martes pasado, “pero dejan de disparar un rato y después reinician, esas personas tienen sus trincheras en el cerro, ya nos rodearon y ahorita ya bajaron del cerro y antier quemaron dos casas”, denunció en su mensaje enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves.
Informó que los niños y las mujeres pasaron la noche del miércoles en la Comisaría municipal, pero que el martes durmieron en el monte, pero como ese día llovió regresaron al pueblo y el miércoles durmieron en la Comisaría municipal.
Sin embargo, dijo que desde que llegaron los niños y adultos de más de 80 años no han comido, “y así están hasta ahorita”, aseguró ayer en su mensaje difundido a las 11 de la mañana.
En su mensaje de voz la mujer denunció que han pedido el apoyo de las autoridades federales y estatales mediante el número de emergencias 911 pero no les han hecho caso.
El caso de la agresión a los pobladores de San Pedro Huitzapula Norte es igual al que sufrieron los habitantes de las comunidades nahuas de Chilapa, que estuvieron sufriendo los ataques durante seis días sin la ayuda de los gobiernos federal y estatal.
Los pobladores han denunciado que los agresores se hacen llamar policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la institución comunitaria se ha deslindado de este grupo, y en las redes sociales los vinculan con el grupo delictivo de Los Ardillos.
Exige ex comisario de Palantla, Chilapa, a la secretaria Rosa Icela que también los atienda
El ex comisario municipal y dirigente de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, Constantino Calvario Merino reclamó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que también visite ese pueblo en donde hay víctimas de la violencia.
En una llamada por teléfono a El Sur denunció, además, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) suspendió el apoyo de la canasta básica a 15 familias víctimas de la violencia de ese pueblo.
El pueblo de San Jerónimo Palantla ha venido siendo atacado desde el 2015 y los pobladores señalan a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), aunque la dirigencia de las dos agrupaciones ha negado ser los responsables.
San Jerónimo Palantla se encuentra a unos 45 minutos de Alcozacán, la comunidad donde la CRAC-PF tiene su Casa de Justicia.
Calvario Merino dijo que también ese pueblo ha sido atacado, hay víctimas de la violencia y debe ser visitado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez para que en una mesa escuche las demandas de las víctimas.
Dijo que piden que, como en Alcozacán, y en Coatzingo, se instale una mesa de diálogo en San Jerónimo Palantla en la que reciban la información de los muertos, heridos, desaparecidos y desplazados para que les den apoyos.
“No puede ser que el Gobierno se reúna nomás con una parte y a la otra la dejen desprotegida”, reprochó.
Recordó que como las comunidades que ahora están siendo atendidas por parte del Gobierno federal debido a la violencia, también San Jerónimo Palantla ha sido víctima de esa violencia y requiere de la misma atención.
Denunció que no sólo no escuchan a los pobladores de esta localidad, sino que el Gobierno les está retirando la ayuda y que desde hace dos años la CEEAV ha excluido de la lista de víctimas a 15 familias.
Informó que la mayoría son familiares de asesinados, otros sobrevivientes de atentados y algunos son heridos en agresiones armadas.
Juan Luis Altamirano, Zacarías Cervantes, Redacción y Alina Navarrete Fernández/ Foto: Gobierno del estado
