La consejera del INE, Adriana Favela Herrera, pide a las autoridades electorales locales acercarse a las víctimas e informarse de los casos de ese tipo de violencia. La magistrada local Alma Delia Eugenio Alcaráz señaló que la pandemia por Covid-19, que obligó al confinamiento, hará difícil regresar al ámbito público a muchas mujeres activistas
Chilpancingo, Guerrero, 29 de julio de 2020. La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera, advirtió que la sola reforma de las leyes contra la violencia política de género no va a acabar con este problema, e invitó a las autoridades electorales locales a acercarse a las víctimas de las que tengan información, y que actúen en contra de los agresores.
“Es la única manera de tener una sociedad incluyente, donde las mujeres pueden participar sin miedo, en un ambiente de igualdad”, dijo en la mesa de violencia política contra las mujeres del foro virtual Análisis de la Reforma Policía Electoral en Guerrero organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Incluso, señaló que más vale que los acusen de sobre actuar a que se diga que no hacen nada.
Mientras, la magistrada electoral local, Alma Delia Eugenio Alcaráz, señaló entre los retos de la próxima elección es que en la reforma, los diputados locales dejaron a la interpretación de los partidos y del IEPC, la fórmula para la asignación de curules de representación proporcional, que puede ser comprendida de manera distinta por los tribunales estatal y federales, pero adelantó que puede tener una aplicación progresista o sólo de cumplimiento.
En representación del Congreso local, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, reconoció que los legisladores aún le quedaron a deber mucho a las mujeres en la legislación para la igualdad.
Indicó que siguen pendientes la armonización en materia de violencia política en razón de género, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en las leyes orgánicas de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, y ampliar el catálogo de acciones consideradas como posible violencia política y de posibles agresores de acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre violencia política contra las mujeres,
En la apertura del foro, la consejera del INE sugirió a las autoridades electorales en Guerrero, que esté o no en la legislación local, cómo autoridades deben verificar en qué casos van a tener que declarar la inelegibilidad de personas que ya cometieron actos de violencia contra las mujeres.
Recordó que el delito de violencia política en razón de género se establece en el ámbito penal, pero también de puede determinar y sancionar mediante un proceso especial sancionador en el ámbito administrativo electoral, o en un juicio electoral ciudadano en los tribunales.
Indicó que el IEPC debe considerar las tres vertientes para tener ese registro de personas que haya incurrido en violencia política en razón de género y se les impida obtener una candidatura de elección popular.
También señaló necesario contar con un registro nacional de casos de violencia contra las mujeres, por una polémica nacional sobre la competencia del INE. “Decían que el INE no le da mucho seguimiento a las cosas, podemos demostrar que sí podemos trabajar de la mano y que vamos a estar atentas a todos los casos de violencia política para tener con certeza cuántos casos se presentan en cada entidad, y qué medidas se adoptaron”.
Aclaró que ahora no basta decir a las víctimas que presenten una denuncia. Con las nuevas herramientas legales, las autoridades electorales tienen que acercarse a las personas agredidas, y convencerlas de que sí se les va a atender de manera adecuada y oportuna. Así, el IEPC recibe la denuncia y el TEE resuelve.
La consejera del Instituto Electoral de Tabasco, Rosselvy de Carmen Domínguez Arévalo, añadió que, si existe conocimiento de un acto de violencia política en razón de género donde un servidor público es denunciando, el órgano electoral debe dar trámite de oficio a una denuncia en las tres vías.
La magistrada Eugenio Alcaráz denunció que fueron excluidos cuatro temas de la reforma electoral del estado, que sí estuvieron señaladas en el proyecto.
El primero, es que las denuncias, tratándose de procesamientos especiales sancionadores, se pueden seguir por oficio o a petición de parte. Sin embargo, señaló que se sustrajo la palabra “oficio” del proyecto. Aunque, añadió que eso no implicará mayor problema porque la Ley general de procedimientos electorales ya lo contempla.
El segundo tema es sobre sobre la expedición de constancias de candidaturas. Dijo que el grupo de estudio y análisis que integró la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para el análisis de la iniciativa, excluyó la propuesta de que no hubiera constancias para quienes estén en el registro de agresores en razón de género de INE.
Señaló que el argumento del grupo fue que podría ser materia de violación de derechos políticos, pues sólo a una persona condenada penalmente se podían suspender derechos políticos.
Además, dijo que tampoco quedó establecida en la Ley de Medios de Impugnación, la nulidad de la elección por la comisión de actos de violencia en razón de género. No obstante, adelantó que si hay conductas graves y determinantes, entrarán órganos jurisdiccionales a estudio de nulidad de la elección.
El cuarto punto, es que no entró la propuesta de que sea inelegible la persona que esté señalada como deudor alimentario, “dicen que no podría ser porque no hay dependencia a cargo de ese registro”.
Observó que la pandemia por Covid-19, que obliga medidas sanidad, hará más difícil volver al ámbito público a muchas mujeres que hacen vida política en los partidos y que están en reclusión en sus hogares.
Consideró que los órganos electorales deben estar muy pendientes de que existan condiciones de que esas mujeres regresen al ámbito público que le corresponde, “sabemos que es un trabajo de los partidos políticos, pero debemos reconocer que los partidos no están muy interesados en que las mujeres estén activamente en la política”.
En la sección de preguntas y respuesta, la magistrada destacó que el reto del IEPC será elaborar los lineamientos de paridad en la integración de las candidaturas para que las mujeres no sean relegadas a los espacios con menor votación de los partidos.
Asimismo, dijo habrá un proceso desgastante por la asignación de diputados de representación proporcional, porque la fórmula que se estableció en la ley local, no tiene interpretación ni señala la intención del legislador. Adelantó que tiene una interpretación sumamente garantista, y otra con la que se diga “ya está y la libramos”.
También participó en el panel, la precandidata a alcalde Teloloapan, Silvia Isabel Barrera Salgado, quien impulsó con dos compañeras suyas un juicio para la protección de derechos políticos electorales, que obligó a los partidos políticos observar la paridad de género en el proceso electoral de 2015.
Recordó que recibieron amenazas de muerte, tuvo ofertas de candidaturas en otros partidos para que desistieran, y luego fue vetada por el instituto político donde militaba, el PRD, pero no claudicaron.
La consejera del IEPC, Vicenta Molina, señaló que el reto principal del instituto es apropiarse de la reforma, difundirla, propiciar el conocimiento, el análisis y sus alcances, “es importante seguir generando conciencia, para evitar la violencia contra las mujeres que han manchado por demás nuestra democracia”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Redes sociales
