El representante de la Contraloría Autónoma del Agua de Guerrero, Alfredo Méndez, considera que los títulos de concesión de grandes industrias instaladas en Puebla ocasionan el desabasto en Tierra Caliente y Montaña
Acapulco, Guerrero, 3 de diciembre de 2025. La Ley de Aguas Nacionales, en curso de aprobación en la Cámara de Diputados, no modifica el sobre concesionamiento que ha ocasionado el desabasto en algunas zonas del país, como en las regiones Tierra Caliente y Montaña, señaló el representante de la Contraloría Autónoma del Agua de Guerrero, Alfredo Méndez Bahena.
Vía telefónica, el académico de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), consideró que los títulos de concesión de grandes industrias instaladas en Puebla, extraen más agua de la que en realidad existe en la Cuenca del Balsas, que abastece a parte del estado.
Relató que la ley vigente fue promulgada en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, “estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces en ese momento en nuestro país se reformaron varias leyes tendientes a liberalizar el acceso de la iniciativa privada de los recursos naturales del país”.
La ley de 1992 hizo “separar el agua del resto del territorio, de tal manera que si un ejido o bienes comunales, aunque tuvieran un decreto presidencial que les otorgaba cierta porción del territorio, pues ahora el agua se separaba de ahí”.
El doctor en Desarrollo Rural, por Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, explicó que en estos 33 años se han otorgado más de 360 mil títulos de concesión en el país por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “sin tener forma de verificar si existe disponibilidad de agua”.
“Entonces, ahorita lo que tenemos en varios puntos del país, incluido nuestro estado, es que hay cuencas y acuíferos en donde hay más agua concesionada de la que en realidad existe en el territorio, es decir, no es sustentable; pero como las concesiones ya fueron otorgadas, entonces tenemos empresas extrayendo más agua de la que realidad existe y por esos diferentes centros de población ya no tienen disponibilidad”.
El académico de la UAG puntualizó que la Cuenca del Balsas está decretada en veda, “es decir, ya no se pueden otorgar nuevas concesiones, pero quedaron fuera los derechos de varias comunidades que no tienen garantizado su abasto para uso económico”, son los casos de pueblos de las regiones Montaña y Tierra Caliente.
Indicó que el problema proviene desde el origen del río en la región Tlaxcala-Puebla, donde “hay enormes concesiones a la iniciativa privada de tipo industrial, están las ensambladoras de autos, están las textileras, la industria de la mezclilla, hay varios parques industriales en la zona de Puebla”.
“Entonces desde ahí el caudal del río que llega a Guerrero, llega muy disminuido, eso es algo que lo hemos constatado”, sostuvo y puso como ejemplo el maratón del río Balsas, afectado también por la reducción del caudal.
Méndez Bahena también expuso el caso del ejido El Jagüey, Chilapa, ubicado en la cabecera de la Cuenca del Balsas que perdió una concesión de riego que era utilizada también para el pueblo, durante la pandemia de Covid, y no se la renovaron por la veda.
Aseguró que el gobierno federal pregona acabar con los instrumentos del neoliberalismo, pero la iniciativa que presenta la Conagua es “gatopardista porque propone que haya dos leyes para regular el mismo bien que es el agua”, dijo Méndez Bahena.
La Contraloría Nacional Autónoma de Agua y Agua para todos, son organizaciones que han lanzado una campaña para frenar la Ley de Aguas Nacionales, que probablemente llegue hoy al pleno de la Cámara de Diputados, presionando a legisladores a que presenten reservas a la ley.
La propuesta de los activistas es que se reconozca que el agua “forma parte de los territorios y que entonces ni los núcleos agrarios ni los pueblos indígenas tendrían por qué estar gestionando concesiones, aparte de los decretos con los que ya cuentan”, explicó su representante en Guerrero.
Indicó que en la Montaña hay afluentes de los ríos Balsas, Papagayo y otros de Costa Chica, “son justamente estas comunidades las que han mantenido la provisión de agua en las cuencas, pero no tienen derecho a acceder de manera directa si no es a través de una concesión, entonces eso nos parece violatorio de sus derechos”.
El académico de la UAG dijo que es difícil conocer el número real de concesiones de agua en el estado porque el Registro Público de Derechos de Agua “está muy mal, hemos bajado la base de datos y es muy difícil de consultar porque, por ejemplo, aparece en las coordenadas mal ubicados, hay sitios que aparecen en medio del océano, o sea, hay poca claridad para poder tener cifras claras”.
“Creemos que eso no es casual, o sea, las bases de datos están mal hechas justo para que no se pueda verificar la información, para que no se pueda rastrear”.
Ramón Gracida Gómez
