Chilpancingo, Guerrero, a 9 de julio de 2026.- El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar advirtió que no existe en la Constitución ni en la Ley de Amparo, el recurso de “revisión extraordinaria” que utilizó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que la Corte revise de nuevo la legalidad de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.
Aseguró que fue inventado “para torcer la ley”, a fin de reactivar un proceso con sentencia firme. Por ello, las asociaciones civiles que representan a las víctimas se pronunciaron en contra de la admisión del recurso por la SCJN este martes.
Su preocupación, dijo, es que exista línea política para echar abajo una sentencia sin precedentes que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, dictó en 2018 en el caso Ayotzinapa.
Además, advirtió que “si se reabre el proceso de revisión se corre el riesgo de dejar un precedente para todos los casos con sentencia firme; lo que se conoce como cosa juzgada y que garantiza la seguridad jurídica”.
Consultado vía telefónica mencionó que a partir de los juicios de amparo que promovieron policías municipales y detenidos que supuestamente le habían quitado la vida y habían incinerado a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, dictó en 2018 una sentencia histórica, más de 600 páginas.
La sentencia tumbó de manera definitiva la llamada “verdad histórica” que sostuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Del documento, el abogado indicó que la mayoría de los detenidos señalaron que fueron torturados para mantener la versión oficial, y el tribunal colegiado dio vista al Ministerio Público para que se aplicara el protocolo de Estambul.
Debido a que la Fiscalía General de la República no lo realizó, varios detenidos obtuvieron su libertad.
Advirtió que durante mucho tiempo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2014), reclamaba por estos amparos a los padres de los estudiantes desaparecidos, en sus conferencias matutinas, como si las víctimas los hubiera promovido.
Aclaró que la FGR fue la responsable de la liberación de detenidos, porque no hizo su trabajo.
Resaltó que fue lo contrario, con esa sentencia por primera vez se reconoció la calidad de víctimas a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, y no habían sido tomados en cuenta en las investigaciones.
De todo el análisis minucioso que realizó el magistrado ponente, recordó que se ordenó reponer el proceso judicial, mediante una Comisión de investigación para el caso Ayotzinapa.
“Lo novedoso es que esta comisión estaría integrada por un representantes de las víctimas, otra de la FGR que no haya tenido antecedentes con el caso, y otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para vigilar los procesos”, expuso.
Aclaró que la sentencia se emitió a finales de mayo de 2018 y cuando se publicó el 4 de junio, muchas instituciones se inconformaron: la misma a FGR, la Consejería Jurídica de la República, las cámaras de Diputados y de Senadores, las secretarías de Marina, de Defensa Nacional, de Salud, entre otras.
Desde entonces, dijo, las autoridades señalaron que el juzgador se extralimitó en sus funciones, porque el único órgano de investigación, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, es el Ministerio Público.
En cumplimiento de una promesa de campaña, al siguiente día que asumió la presidencia, López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Como no tenía facultades de investigación, la FGR creó la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Con ello, la mayoría de los recursos interpuestos contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito, en Tamaulipas, se perdieron por falta de seguimiento.
Sin embargo, aclaró que algunos recursos llegaron a la Suprema Corte, que a finales de 2024 dijo que el asunto debía retornar al tribunal colegiado para dar seguimiento del cumplimiento de la sentencia.
Por lo tanto, a finales de 2025 y principios de 2026 empezó a haber requerimientos para crear la Comisión que ordenó el Tribunal Colegiado. A los padres, a la FGR y a la CNDH les pidieron nombres de dos personas para integrar la Comisión.
Sin embargo, señaló que la CNDH y la FGR respondieron que no serán parte de este mecanismo.
En un amplio desplegado la CNDH declaró que las condiciones no son las mismas que en 2018, porque hoy existen la Covaj y la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, y no será parte de algo sin sustento legal. Finalmente indicó que el sábado pasado, supieron que se estaba alistando el asunto de atracción para su discusión el martes en la Suprema Corte, a petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde hace un mes es titular la exdirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján.
No obstante que la sentencia del tribunal colegiado quedó firme en 2024, cuando la SCJN refirió el caso para su seguimiento al Colegiado de Tamaulipas, ratificó Vicario Aguilar.
“Por eso la molestia de los padres, que la (nueva) Corte atrae el asunto y el problema de fondo es que deja un mal precedente para todos los casos que quedan firmes”.
Reconoció que no hay ninguna experiencia donde las víctimas formen parte de un órgano investigador, que ahora instituciones públicas desestiman porque no está en la Constitución.
Sin embargo, argumentó que la explicación está en la propia sentencia, ampliamente reconocida por países de la región, sobre la parcialidad que tuvo la FGR en la investigación de los crímenes de Iguala, que creó la necesidad de crear un organismo investigador con determinadas características.
Texto: Lourdes Chávez
