El dirigente de Iguala denunció vínculos de autoridades con actividades ilícitas, expone su hija Soledad. En México se hizo una mala investigación para proteger a sectores del poder y por eso el caso está en la CIDH y se espera que la Corte Interamericana resuelva, dice la Red Solidaria
Ciudad de México, 31 de mayo de 2022. En conferencia de prensa, María Soledad Hernández Mena, hija del dirigente social Arturo Hernández Cardona, señaló la importancia de recordar a su padre y de tener en la memoria por el acto en el que murió, que, dijo, fue el denunciar vínculos de autoridades guerrerenses con actividades ilícitas.
A 9 años de la desaparición forzada y posterior asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Hernández Mena señaló que “la justicia no ha llegado” y afirmó que a pesar de los años, han sido pocas las personas que han manifestado su dolor. Señaló que el tiempo que se han tardado las autoridades mexicanas en resolver el caso, resulta una burla.
Indicó que Arturo Hernández se forjó en la izquierda y esperaba algún tipo de justicia, pero que los hechos que denunció trajeron consecuencias graves. Dijo que no se puede afirmar que el estado mexicano lo lleve en su memoria.
A pregunta expresa de que si creen que en algún momento llegará la justicia que están buscando, la hija de Hernández afirmó que no se encuentra “dispuesta a sufrir por esto” pues afirmó que existe resistencia de las autoridades mexicanas para la resolución del caso.
María Soledad Hernández aseguró que los vínculos en Guerrero entre autoridades y criminales que denunció su padre, aún se mantienen y que actualmente las personas en el poder se vuelven más poderosas.
El 30 de mayo de 2013, Arturo Hernández Cardona fue desaparecido junto con otros seis activistas. El 3 de junio, el cuerpo de Hernández Cardona fue encontrado.
El día de la desaparición, integrantes de la Unidad Popular de Iguala tomaron una caseta de cobro durante un par de horas, exigiendo obra pública para colonias populares y fertilizantes para campesinos.
La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC) señala que de acuerdo con la declaración de un testigo presencial, el presidente municipal en esa ocasión, José Luis Abarca Velázquez, fue quien ejecutó a Arturo Hernández.
El pasado 5 de marzo, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición de admisibilidad del caso. El 23 de marzo pasado, la CIDH, resolvió acumular el Informe de Admisibilidad con el Informe de Fondo para ahorrar tiempo y también les pidieron observaciones al respecto.
Por su parte, la representante de RSDCIAC, María Magdalena López Paulino, indicó que el domingo 29 de mayo, se entregaron las observaciones y que el Estado mexicano cuenta con seis meses para resolver las mismas.
Agregó que aún no se ha terminado la primera etapa de investigación contra el exalcalde José Luis Abarca pues el expediente se encuentra en Matamoros y eso complica la resolución del mismo.
López Paulino señaló que tienen total confianza a lo que pueda realizar la CIDH, pero no con el Estado mexicano pues afirmó que se violentaron derechos que se encuentran en la Comisión.
Destacó que no creen en las autoridades mexicanas y buscan que el gobierno responda lo necesario pues se encuentran obligados a dar contestación al respecto. Afirmó que el Estado se ha negado a dar “la justicia” que ha solicitado la familia.
Sobre la carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que no se espera una nueva carpeta de investigación debido a que se encuentran en una instancia internacional y esperan que el Estado sea sancionado en la Corte Interamericana por las violaciones del caso.
Por otro lado, Ericka Zamora, también parte de la Red Solidaria, afirmó que desde el inicio en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se dieron irregularidades en el caso. Mencionó que la investigación no se hizo por desaparición forzada sino por secuestro y homicidio.
Afirmó que desde el primer momento se realizó una mala investigación y se buscó proteger a sectores del poder y existió una mala fe por parte de las autoridades encargadas en la investigación.
María Soledad Hernández destacó que el cuerpo de su padre llegó al Servicio Médico Forense vendado en algunas partes del cuerpo y con signos de tortura. La necropsia confirmó que la causa de defunción fue traumatismo craneoencefálico por heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego al cráneo y a cara.
Texto y foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
