A las 22:45 del 26 de septiembre se ordenó desaparecer y asesinar a los normalistas de Ayotzinapa y el Ejército lo pudo haber evitado, resalta Alejandro Encinas en conferencia de prensa. Fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos e instituciones municipales, estatales y federales, plantea. Antes, en reunión con López Obrador, presentan ante los padres el informe. Hay datos nuevos y muy relevantes que pueden cambiar el curso de la investigación, afirma Vidulfo Rosales
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 19 de agosto de 2022. Un mes antes de que se cumplan ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el gobierno federal presentó un nuevo informe sobre el caso, en el que reconoce que no ha hallado un solo indicio de que se encuentren con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo haber evitado el desenlace contra los jóvenes, y reitera que en las acciones de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala participaron autoridades de todos los niveles de gobierno.
De este modo, la desaparición de los 43 normalistas constituye un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos e instituciones del Estado mexicano, tanto municipales, como estatales y del Ejército, concluye en el documento, el cual fue resumido este jueves por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, en la que estuvo presente también el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, junto con otros funcionarios del gobierno federal.
Ante representantes de medios de comunicación, Encinas se refirió a las principales conclusiones del informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del caso Ayotzinapa en su papel de presidente de esta instancia creada al inicio del sexenio por decreto del jefe del Ejecutivo.
Enfatizó que el Ejército y autoridades estatales y locales conocieron en tiempo real los hechos ocurridos la noche de Iguala, por lo que pudieron haber actuado para evitar los delitos en los que participaron elementos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Encuentro “difícil, doloroso”, con los padres
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, se acepta en este informe de la Comisión de Ayotzinapa que fue presentado primero ante madres y padres de los 43 en un encuentro “difícil, doloroso”, según describió el subsecretario.
Encinas Rodríguez detalló que al filo de las 22:45 del 26 de septiembre de 2014 se dio la orden de desaparecer a los normalistas. “Todas las autoridades estuvieron infomadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución de que fueron objeto” los estudiantes, y por estas razones las omisiones en las que incurrieron “acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
Confirmó la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos y dijo que es necesario retomar la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri. También, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones del Tepehuaje.
Señaló que existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 24 integrantes de Guerreros Unidos, 17 funcionarios municipales y 10 funcionarios federales, cuyos nombres fueron testados del informe.
Soldado infiltrado, pero no protegido ni buscado
Asimismo, continuó el funcionario, los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien realizaba “funciones de informante” de la Sedena dentro de la normal de Ayotzinapa.
De acuerdo con el informe, sus actividades consistían en dar parte sobre lo que acontecía en las asambleas de la escuela y hacer seguimiento a las movilizaciones de los estudiantes. Su mando inmediato era el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, y su último reporte fue el 26 de septiembre de 2014 alrededor de las 10 de la mañana, horas antes de los hechos que se registraron esa noche.
López Patolzin desapareció junto con el resto de los normalistas, pero no se tomaron medidas para su búsqueda y localización como lo establece el “protocolo para militares desaparecidos”.
Encinas Rodríguez explicó que, desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, “todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento de las acciones de los estudiantes.
“Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Sedena”.
Detalló que López era “el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre”.
Los reportes del soldado “cesaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero, como lo marca su protocolo de desapariciones militares”. De haberse hecho, remarcó, “hubiera habido una acción inmediata en la búsqueda también de los 43 normalistas”.
Encinas insistió en que “los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López” a pesar de que esa “era su obligación”.
Crimen de Estado con responsables
Las autoridades federales, estatales y municipales estaban informadas. Hicieron seguimiento a las acciones de los estudiantes. Estuvieron al tanto, repasó Encinas, de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de sus llegadas al Rancho del Cura, a la caseta de Iguala y a la central de autobuses. Supieron, además, de la persecución, violencia contra los estudiantes, la posterior desaparición de éstos, “sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
“Esto acredita responsabilidades por acción u omisión en las actuaciones gubernamentales”, afirmó.
El informe señala que “autoridades federales y estales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, hay elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Otras de las conclusiones del informe son, por ejemplo, que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF, y que Guerreros Unidos “actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.
Indica que “en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos” y que “tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”.
Además, confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531, la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa, y el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
Romper el pacto de silencio
Por otra parte, Alejandro Encinas mencionó que ha existido contacto con Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (AIC). Dijo que el 16 y 17 de febrero de 2022 se realizó, en Tel Aviv, Israel, una entrevista con el exfuncionario, y se “le ofreció el criterio de oportunidad establecido en la ley, mismo que no aceptó”.
Actualmente, agregó, se mantiene comunicación con sus abogados.
Otros datos proporcionados por el presidente de la CoVAJ: a la fecha, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR ha solicitado 110 órdenes de aprehensión que han llevado a la detención de 112 personas.
Con ayuda de información de Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Centro Prodh, la CoVAJ logró obtener diversa documentación, de la que destacan 467 capturas de pantallas, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron mensajes clave para el caso. Se informó que 36 sujetos participaron en las conversaciones.
Verdad histórica desechada
De acuerdo con la narrativa de los hechos presentada, después de salir de la normal de Ayotzinapa los estudiantes se dirigieron a Chilpancingo, después a Tierra Colorada y, por último, tomaron la decisión de ir a Iguala. Después de llegar a ese municipio, se dirigieron al Rancho del Cura y luego a la central de autobuses.
Cuando salieron de la central comenzó la violencia que culminó con la desaparición de los estudiantes.
Encinas comentó que la creación de la “verdad histórica” fue “una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
De acuerdo con los pormenores del informe sobre la “verdad histórica”, ésta se sustenta en la información obtenida de una llamada telefónica el 25 de octubre, que proporcionó datos de El Chereje y El Pato; de los interrogatorios realizados bajo tortura, y en la supuesta incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
Debido a esta versión prevalecieron contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos “que acreditan un abuso de poder”. Derivó “en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”. Y generó, también, “vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.
Fue una construcción desde el gobierno federal, criticó Encinas, que pretendió crear una versión falsa de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que pretendió legitimar socialmente esa “verdad”, limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por los grupos criminales, así como la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, sin considerar la participación de autoridades estatales y federales.
“Se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad”, dijo.
En la conferencia también se indicó que la investigación del caso y la búsqueda de los estudiantes que faltan continúan, y que corresponde a la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), el análisis de la información y proceder a su judicialización.
Alejandro Encinas aclaró que la CoVAJ continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la autoridad federal y el GIEI.
Hay datos nuevos y muy relevantes que pueden cambiar el curso de la investigación, afirma Vidulfo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que dio a conocer ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “hay datos nuevos y muy relevantes que pueden cambiar el curso de la investigación”.
En declaraciones por teléfono anoche, el abogado reveló que estos datos “van más allá de lo que ya se publicó en los medios de comunicación”.
Sin embargo, declaró que los padres no van a dar a conocer estos datos, hasta que emitan una postura formal sobre dicho informe que será, posiblemente, el 25 de agosto.
“Eso ya es parte de la posición que tendremos que dar, es parte medular del informe, no podríamos ahorita decirlo”, atajó cuando se le pregunto cuáles son esos datos “nuevos y relevantes”.
“Son datos de gran relevancia que pueden ayudar e impactar en el curso de la investigación”, subrayó el abogado Rosales Sierra.
Sin embargo informó que apenas van hacer una revisión “exhaustiva e integral” del informe; “vamos a escuchar la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y luego de lo cual ya podremos emitir una posición”, insistió.
Explicó que este es un informe “complejo” y “profuso”, que tiene mucha información que impacta en los padres y madres de familia porque ya habla del paradero de sus hijos.
“Entonces tendremos que analizar de manera muy exhaustiva este informe para poder dar una valoración completa”.
Respecto a que este informe confirma que los estudiantes ya no están con vida, el abogado declaró que esta es una de las versiones, pero insistió que “hay otros elementos que se ponen sobre la mesa y que tienen que ser valorados y revisados por nosotros y por los expertos del GIEI”.
Otro de los datos que se reiteró ayer en la exposición del informe es la infiltración del Ejército a los estudiantes a través del soldado Julio César López.
De ello, Rosales Sierra explicó que lo relevante es que la “persona infiltrada” tuvo comunicación con sus superiores del Ejército mexicano y éstos omitieron hacer algo para evitar la desaparición, lo cual pudo haber impedido que desapareciera no sólo el soldado, sino los estudiantes con los que se encontraba.
Declaró que ello está mostrando el nivel de participación del Ejército en los hechos, “nos muestra el involucramiento del Ejército en la desaparición, nos muestra la infiltración del Ejército en la Normal, nos muestra el monitoreo en tiempo real que el Ejército mexicano tuvo de los estudiantes desde su salida de Ayotzinapa hasta su arribo a Iguala”.
Dijo que a través de esa persona infiltrada las autoridades sabían de los movimientos de los estudiantes, “luego entonces apunta más y confirma más la responsabilidad del Ejército mexicano”.
El abogado declaró que el informe habla también de la participación de autoridades municipales, estatales y federales y que casi todos los cuerpos de seguridad estuvieron implicados en la desaparición, “y por eso se concluye que es un crimen de Estado, porque todas las instituciones del Estado fueron partícipes de la desaparición”.
Padres y madres y sus defensores fijarán postura
Mediante un comunicado se informó que tras la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, las y los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos fijarán una postura hasta concluir una valoración de la información presentada.
“El día de hoy, las y los familiares de Ayotzinapa recibieron información relevante para llegar a la verdad. Por su complejidad y dureza la están analizando”.
“El informe reconoce que ha habido obstáculos militares y ministeriales. Fijarán postura cuando concluyan su valoración y cuenten con la opinión de los expertos del GIEI”, se lee en el comunicado.
El boletín está firmado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesoría por la Paz A.C., y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Texto: Guillermo Rivera y Zacarías Cervantes/ Foto: Agencia Reforma
