Chilpancingo, Guerrero, a 8 de julio de 2026.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y su Policía Comunitaria, de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), reprochó a los tres órdenes de Gobierno que no hayan hecho justicia a las víctimas de la violencia, pero sí pretendan criminalizar al promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) Jesús Placido Galindo.
En un pronunciamiento enviado a los medios de comunicación ayer, las autoridades comunitarias de 11 comunidades nahuas que pertenecen al sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PF, manifiestan su respaldo al dirigente indígena, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó sus dos cuentas bancarias en las que recibía apoyo de organismos nacionales y extranjero para el apoyo de las comunidades indígenas.
Además, rechazan los señalamientos que, mediante las redes sociales, señalan a la CRAC-PF de estar vinculados con grupos delictivos.
La agrupación denuncia que esas acusaciones vienen de las autoridades y del grupo delictivo Los Ardillos, posiblemente con el fin de justificar acciones de persecución en contra de la institución comunitaria y de las comunidades.
“La CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán y las autoridades de 11 comunidades que pertenecemos a la institución, desmentimos las publicaciones en redes sociales donde se nos acusa de ser un grupo criminal, una vez más, lo aclaramos ante pueblo de México, y exigimos a los tres niveles de Gobierno que no nos sigan calificando como un grupo delictivo”.
Agregan: “Somos una institución fundada legalmente a través de leyes que nos amparan, sin embargo, hemos sufrido atropellos por el grupo criminal de Los Ardillos, quienes desde el 2015 nos han matado a compañeros de una forma cobarde cuando bajan a Chilapa a realizar compras”.
Recuerdan que entre las masacres que han sufrido están la de los 10 músicos de Alcozacán, ocurrida “en territorio de Los Ardillos” en enero del 2020 “y el Gobierno nunca hizo justicia”.
Además, señalan que en el 2019 “400 Ardillos nos acataron en la comunidad de Rincon de Chautla, entregamos evidencias, identificación de militares en servicio y exmilitares que formaban parte del grupo criminal de Los Ardillos y 10 camionetas que decomisamos y nunca se hizo justicia”.
Denuncian que han sufrido ataques en todos los pueblos que pertenecen a la Policía Comunitaria. Recuerdan que las más recientes ocurrieron el 2 de mayo cuando mataron a dos de sus compañeros de la comunidad de Alcozacán, así como la del 6 al 11 de mayo cuando fueron atacados los pueblos de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
Denuncian que días antes, el Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros les pidió que se retirara la Policía Comunitaria “porque ellos (el Gobierno) se iban a hacer cargo de los delincuentes, pero mientras las comunidades no estaban resguardadas el grupo criminal entró a nuestras comunidades en donde perdieron la vida hombres, mujeres y niños”.
Exigen al Gobierno que “ya basta de cubrir a delincuentes, al parecer el Gobierno moderno toma como delincuentes a los que defendemos nuestras tierras, que es gente campesina y trabajadora que no necesitamos andar robando para darle el sustento a nuestras familias. en lugar de perseguir delincuentes”.
Reprochan que las autoridades acusan a los luchadores sociales, “que nos han apoyado para que se escuche la voz de los pueblos a nivel nacional e internacional, como es el caso de Jesús Plácido Galindo, a quien le damos nuestro respaldo, no queremos que el gobierno siga inventando excusas en su contra para no hacer su trabajo y queden en el olvido nuestros seres queridos, a quienes el grupo delictivo les ha arrebatado la vida”.
Aclaran “al Gobierno” que las decisiones que toman dentro del territorio comunitario se consulta a través de asambleas “y no es como Los Ardillos lo están manejando que Jesús Plácido nos dice que hacer, él solamente da a conocer al pueblo de México lo que nuestros pueblos viven”.
Indican que esto es lo que les molesta tanto al Gobierno, como al grupo delictivo; “que la gente se dé cuenta de lo que hacen y los tratos que tienen con los gobiernos locales y estatales, ya que dicho grupo criminal terrorista se ha hecho fuerte a través de que tienen políticos comprados en el poder que le rinden cuentas directamente a Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos”.
Firman el documento los coordinadores Cornelio Germán Hernández, Juan Pasado Ahuelicán y José Aureliano Máximo Alonso.
Texto: Redacción
