Ramón Gracida Gómez
Los delitos de lesa humanidad, como la masacre de Aguas Blancas, no prescriben, señaló la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, ante el cierre de la investigación por parte del gobierno estatal, revelado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
El Sur publicó este viernes que la Secretaría de Gobernación (Segob) le informó a la dirigenta de la OCSS, Norma Mesino Mesino, que el caso de los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, fue cerrado en 2016 por intervención del gobierno estatal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el marco del 30 aniversario del suceso, Mesino Mesino había solicitado a la dependencia federal que la investigación fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).
Consultada al respecto, Núñez Ramos, quien era alcaldesa de Atoyac en aquel año, municipio a donde se dirigía el contingente de la OCSS antes de ser masacrado por la policía motorizada del estado, dijo: “Los delitos de lesa humanidad no preescriben”.
“En el caso de Aguas Blancas, existen tres instrumentos jurídicos determinantes de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”: La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 104/95, la resolución 3/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 49/97.
La resolución de la SCJN, subrayó Núñez Ramos, “ordena los procedimientos legales para sancionar a los culpables, a quienes identifica por nombre, apellido, cargo y responsabilidad”.
Recordó que el documento del máximo tribunal del país señala como principal responsable de la masacre de Aguas Blancas a Rubén Figueroa Alcocer, quien sigue vivo, anotó Núñez Ramos, y por igual a su sustituto, Ángel Aguirre Rivero, “quien debió proceder así como las autoridades federales señaladas como responsables de la realización de la justicia”.
“Es realmente dramática la crisis de derechos humanos que sufre nuestro país, sin que el gabinete respectivo cumpla con sus responsabilidades jurídicas”, aseveró la ex alcaldesa de Atoyac.
En el marco del 30 aniversario de la masacre, hace casi tres meses, El Sur publicó una entrevista a Núñez Ramos, en la que se destacó que desde el principio la entonces presidenta municipal denunció la acción premeditada del asesinato de los 17 campesinos por órdenes del gobernador Figueroa Alcocer, al dar a conocer el diálogo telefónico que tuvo con él un día antes de la masacre y horas después del multihomicidio.
