Busca recuperar el reconocimiento constitucional que se borró con la reforma al Artículo 14 en la Legislatura pasada, insisten voceros en visita a El Sur. Tienen pruebas de que el ex comandante Eulieser Hernández asesinó a un detenido en reeducación, relatan.
Chilpancingo, Guerrero, 17 de enero de 2020. Voceros de tres casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) aclararon que la institución de seguridad y justicia de los pueblos no recibe dinero del gobierno del estado, como denunció el ex-preso político Gonzalo Molina Gonzalez, después de que en un comunicado informaron de su expulsión.
La CRAC conformó una comisión de vocería con un representante de cada una de las cinco casas de justicia, y ayer los voceros de la Casa de Justicia de Caxitepec, Federico Cantú Guzmán, de Espino Blanco, Taurino Reyes Leyva y de San Luis Acatlán, Adulfo Esteban de la Cruz, en una visita a la redacción, informaron que hubo una petición para tener un presupuesto mínimo de operación al gobierno del estado en marzo de 2017, y al Congreso del Estado en diciembre de 2018 pero de ninguno hubo respuesta.
No obstante, la estructura comunitaria sigue sus labores en 250 localidades de La Montaña y Costa Chica con un subsidio de dos ayuntamientos para dos casas de justicia, insuficientes para las necesidades de la institución que sostienen las comunidades.
Esto es, 170 mil pesos mensuales del Ayuntamiento de San Luis Acatlán para la casa matriz, para una estructura de alrededor de 700 comunitarios en 42 localidades, y 60 mil de Acatepec para la casa de Caxitepec.
Informaron que ahora la exigencia al gobierno estatal es el respeto a sus sistemas normativos y la autodeterminación de los pueblos, y recuperar el reconocimiento constitucional que se borró con la reforma al Artículo 14 constitucional en la legislatura pasada, y por la que se promovió una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sigue en curso.
Después, consideraron que podrían revisar el tema del presupuesto para la Policía Comunitaria de la CRAC que consiguió lo que no pudieron las corporaciones del estado, que incluso autoridades de los tres niveles de gobierno han reconocido en distintos momentos que el territorio donde opera tiene los índices delictivos más bajos de la entidad.
A pesar de sus resultados, indicaron que tampoco hay coordinación con los gobiernos del estado o con la federación para una operación conjunta, o si van a hacer una detención en el territorio comunitario.
Incluso, recriminaron que tampoco son parte a la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz que sesiona todos los días en Guerrero.
Pese a la posición del estado, estimaron que “hay un respeto (porque) no nos molestan en nuestra casa”.
Taurino Reyes adelantó que hay pláticas con el gobierno federal mediante funcionarios que estuvieron en el aniversario de la CRAC en la Casa de Justicia de Caxitepec el año pasado, a quienes próximamente van a entregar un proyecto de presupuesto con las necesidades básicas de comunicación y equipamiento.
Subrayaron que también son institucionales, no bloquean carreteras ni toman casetas de la autopista, sus manifestaciones son pacíficas.
Señalaron que la diferencia con otros grupos que surgen como autodefensas y se ostentan como policías comunitarios, es que la CRAC cambia cada año a sus policías comunitarios, a los comandantes cada cuatro años, y terminado el periodo de cuatro coordinadores por las casas de justicia se convierten en consejeros.
Las designaciones no son personales, la gente conoce a sus vecinos y elige en asamblea a las personas que van a ser policías y representantes.
Por ejemplo, indicaron que en Acatepec el mismo día toman protesta los comisarios y los policías comunitarios que se nombran en el pueblo.
Aseguraron que tampoco hay “intocables” en la CRAC, si hay señalamientos de abusos o corrupción deben presentarse las denuncias ante la institución para que se investiguen, y si existen pruebas, los señalados serán reeducados, también en respuesta a la acusación de Molina Gonzalez de que, con su expulsión la CRAC le hace el juego sucio” al gobierno del estado del cual “es aliado”.
Los voceros ratificaron que la expulsión de Molina González obedece a que no respeta el Reglamento Interno.
Fueron capturados en flagrancia los tres presos del Colectivo Zapata Vive
De la demanda del Colectivo Zapata Vive de liberar a tres integrantes de su asociación detenidos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en la toma de la caseta de Tlalpan, el vocero Adulfo Esteban de la Cruz indicó que fueron capturados en flagrancia y su caso sigue en revisión.
Aclaró que su libertad no depende de los coordinadores, sino de la asamblea que se reúne cada tres meses de manera ordinaria para resolver los asuntos, “si se encuentra culpable la asamblea decide qué tiempo se van a quedar o si se van en ese momento”.
Añadió que el procedimiento de los integrantes del Colectivo es distinto al del ex comandante de la CRAC, Euliser Hernández Hernández, que se encontró responsable del homicidio de un detenido en reeducación, Andrés Bibiano Chávez, originario de Michoacán, porque tienen pruebas.
Además, mencionó que está señalado del asesinato del coordinador de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, un día después de que el coordinador leyó en asamblea el documento donde se establecía la responsabilidad del ex comandante. “Quedó muy dolido porque Julián leyó el acta donde dice que asesinó a un detenido”.
De los detenidos del Colectivo aclaró que están acusados de complicidad en la huida del ex comandante Eulieser Hernández, y por violaciones al reglamento.
Indicó que hace dos días fue a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán un agente del Ministerio Público con un amparo para que los dejaran en libertad. Dijo que en estos casos la CRAC responde por escrito sobre la razón de su detención, y continúan los procesos comunitarios. “Hasta ahora sí lo han respetado”.
También dijo que se malinterpretó la detención de Eulieser Hernández por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Copala el 12 de julio, antes de su escape de la CRAC.
Confirmó que lo detuvo la UPOEG y avisaron a la CRAC para que fueran por él, pero no se concretó la entrega del detenido en ese momento a pesar de que iban comisarios y consejeros, fue después de una reunión en Marquelia donde se estableció que la Policía Ciudadana lo entregaría a la asamblea el 30 de julio.
Ahí, la misma asamblea determinó que se quedaría en detención mientras se investigaba, “ya han salido muchas pruebas en contra de él de su mismo teléfono”.
Rechazó que la CRAC haya torturado a Eulieser Hernández como denunció el Colectivo Zapata Vive.
Añadió que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvieron en la comunidad de Horcasitas en San Luis Acatlán, para revisar el sitio donde estuvo detenido, “no había huellas, no había nada”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo Torres
