Chilpancingo, Guerrero, a 28 de enero de 2026.- Las activistas feministas advirtieron que los registros de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres es una estadística de referencia para que se impulsen políticas públicas de atención y erradicación, pero no refleja la realidad del estado.
En entrevistas por separado, la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, y la coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón, coincidieron en que hay resistencias de los agentes del Ministerio Público a investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, y que las denuncias se concentran en los municipios con más acceso a los servicios.
Por ejemplo Acapulco, el de mayor población, o Chilpancingo que destaca entre los municipios con más incidencia del delito, con cinco feminicidios, siendo la sede de tres poderes en el estado, y con más presencia de instancias de atención a la población. Por otro lado, es grave que poco o nada se sabe de lo que ocurre en los demás municipios.
Indicó que la Agcvim, registró 113 muertes de mujeres con presunción de feminicidios en 2025 que trascendieron en la prensa y redes sociales, y en lo que va de 2026 son 12: en Acapulco ocho, y uno Chilpancingo, Olinalá Tecpan, Zihuatanejo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 2 mil 74 mujeres víctimas de homicidio doloso, Guerrero en séptimo sitio con 112 casos; 721 feminicidios, de los cuales 21 ocurrieron en Guerrero.
Reyna Aguilar señaló que las cifras no coinciden con la realidad nacional ni estatal, considerando las resistencias de parte de los servidores públicos, y que la Fiscalía especializada no tiene capacidad de tener personal en todo el territorio estatal.
“Nos hemos dado cuenta porque las tentativas de feminicidio no las registran como tal, quieren que esa chamba la realice la Fiscalía especializada en feminicidios, que no tiene personal en todo el territorio estatal”.
Recriminó que se presuma que la presidenta de México dio indicaciones de que toda muerte dolosa de mujeres se debe investigar como feminicidio, y no ocurre.
También señaló que los homicidios dolosos de mujeres y feminicidios deben ser presentados con seguimientos en el seno del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un mecanismo derivado de la Ley 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Los feminicidios no llegan ni por equivocación. No están atendiendo esta violencia extrema de emergencia en el sistema estatal ni en los sistemas municipales”, ratificó.
Denunció que la información oficial que se publica en redes sobre los sistemas y los actos de autoridades como la nueva secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, es imprecisa, y la preceden comentarios de felicitaciones sin razonamientos.
Señaló una fotografía en Facebook de la secretaria en su despacho sobre capacitación para el acceso al subsidio federal de acciones para el cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad.
Consideró que la información que presenta sólo hace patente que hacen las cosas por inercia, “que a todo lo quieren pegar pero no saben qué medidas de la Alerta están atendiendo”.
Candela Garzón señaló que la incidencia delictiva tiene correlación con la estadística de percepción ciudadana de inseguridad en 86.4 por ciento de los ciudadanos de Chilpancingo, y de 76.7 de Acapulco.
Señaló que en el seguimiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas han identificado situaciones de trata que no llegan a las estadísticas de las instituciones, y las mujeres jóvenes son las que más desaparecen.
Ratificó que no ha sido suficiente la acción de gobierno para resolver los problemas de violencia hacia las mujeres, y las cifras que dan como avances, son incompletas, “sólo permiten tener un panorama general”.
Sin embargo, añadió que las cifras de feminicidios y homicidio doloso de mujeres se centraliza en algunos municipios, donde es más fácil que haya una denuncia o protocolos de búsqueda, “y qué pasa en las zonas alejadas de las dinámicas de servicios”.
Denunció que tampoco hay datos desagregados étnico-racialmente, otro dato perdido de las víctimas, que deben hacer las autoridades para determinar las zonas, de manera puntual, con horarios de riesgos.
Lourdes Chávez
