Es un gran paquete que debe tomar con madurez y atender de inmediato el problema de los desaparecidos, asegura el prelado católico. El gobierno estatal “tiende a darse baños de pureza” pero de 2017 al actual han sido “años terribles”, señala.
Chilapa, Guerrero, 4 de noviembre de 2019. El gobierno de Guerrero no se esperaba el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violencia en Chilapa, que es un gran paquete que debe tomar con madurez y atender de inmediato el problema de los desaparecidos, opinó el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Señaló que el gobierno “tiende a darse baños de pureza”, en alusión a la declaración del gobernador gobernador Héctor Astudillo Flores de que la mayoría de los delitos que documentó la CNDH en Chilapa y sus alrededores se cometieron antes de 2015, año en que tomó posesión del cargo.
“Claro que el gobierno tiende a darse baños de pureza pero sabemos que 2017, 2018 y 2019 fueron momentos terribles para Guerrero. Chilapa era un verdadero infierno”.
Además, dio su voto de confianza para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haga un cambio en la inseguridad del país e insistió en que se deben desmantelar a las guardias comunitarias, que están al servicio del crimen organizado.
El obispo de la diócesis Chilapancingo-Chilapa fue consultado al concluir la homilía del domingo, en la catedral de esta ciudad, después de ausentarse por tres semanas debido a su viaje a Roma, donde encabezó la peregrinación de una delegación de 34 sacerdotes y dos obispos guerrerenses, a dos ciudades de Italia y a la región conocida como Tierra Santa.
Se le preguntó sobre su postura acerca del Informe Especial sobre la Situación en Materia de Desaparición de Personas y Delitos Vinculados que Impera en el Municipio de Chilapa de 2011 a septiembre de 2018, que fue entregado este pasado jueves 31 de octubre en Casa Guerrero, al gobernador Héctor Astudillo, en Chilpancingo.
En el informe, la CNDH destaca la impunidad y omisión de las autoridades, así como sus datos imprecisos de la criminalidad.
Además, ubica al municipio de Chilapa en el noveno lugar, de entre 234 áreas de alta criminalidad en el país, con una tasa de 136 homicidios por cada cien mil habitantes.
También se emitieron 73 conclusiones y propuestas a los gobiernos federal y estatal. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, les pidió a las instancias de los dos órdenes realizar acciones para disminuir la situación de criminalidad en la zona, mientras que al alcalde priista reelecto de Chilapa, Jesús Parra García, le pidió atender la prevención del delito y redireccionar los recursos económicos “suficientes y buenos”, que recibe el municipio hacía acciones de carácter social.
De entrada, el obispo reprochó que no se le haya invitado al informe de la CNDH. “Escuché el informe, aunque no me invitaron”.
Destacó que entre las recomendaciones que hace el organismo, se conmina a darle dinero suficiente a la Fiscalía General del Estado, porque existe un retraso en las investigaciones.
“Algo muy importante que me quedó claro, es que al gobierno se le invita a atender el asunto de los desaparecidos. Desgraciadamente, a las personas desaparecidas no se les hace mucho caso, son los mismos grupos de familiares los que andan buscando a sus propios desaparecidos”.
Agregó que es bueno el exhorto al gobierno estatal, para que se coordine con los familiares de las víctimas de desaparición.
Dijo que otro punto importante a su juicio es no revictimizar a los afectados.
“Estoy en contra de la sociedad en ese sentido, que ya se enseñó a revictimizar a estas personas, que mueren en estas circunstancias”, dijo el obispo, quien en octubre de 2018 declaró que las mujeres asesinadas en esos días “no andaban en misa”.
Luego, el prelado expresó que el gobierno de Guerrero no se esperaba este informe.
“Es un gran paquete, ya que el presidente de la CNDH sale el día 12 de este mes. Este informe, para mí fue duro. Ojalá lo tomen con madurez y podamos actuar, darnos la mano”.
“Mi reflexión para Chilapa es que afortunadamente las cosas se van tranquilizando en este municipio, pero una tarea que debe hacer el gobierno es dar precisamente la mano a los familiares de los desaparecidos”.
El prelado puntualizó que en el informe del organismo se hizo referencia a que se debe de realizar un censo de los desaparecidos, de fosas clandestinas, de cuerpos encontrados y de restos.
“Esto no se ha hecho aquí, y es donde, si el gobierno trabaja de buena voluntad, puede hacer muchas cosas a favor de la población, porque todavía es una deuda que tenemos con los desaparecidos, para que sus familiares estén tranquilos al saber dónde se encuentran y qué fue lo qué pasó”.
Acerca de los cuatro binomios que a consideración del ombudsman generan la violencia: pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, así como debilidad del Estado de Derecho y debilidad institucional en materia de administración y procuración de justicia, Rangel Mendoza opinó:
“Exactamente. Desde hace cuatro años he denunciado la corrupción, la simulación de las autoridades, que hacen y no hacen realmente, y sobre todo, qué está originando todo esto: la falta de oportunidades de trabajo y de estudio, la falta de infraestructura en todos los aspectos, incluso la gran cantidad de jóvenes que no trabajan y no estudian en Guerrero”.
“Ojalá nos caiga el veinte en las áreas municipal, estatal y federal, así como a la ciudadanía”.
–El gobernador ha declarado que la mayoría de los delitos registrados en el informe especial se cometieron antes de que asumiera las riendas de la administración, en 2015. ¿Coincide en su apreciación?– se le preguntó.
–No tanto. Claro que el gobierno tiende a darse baños de pureza, pero sabemos que 2017, 2018 y 2019 fueron momentos terribles para Guerrero y para Chilapa. En este ultimo año las cosas se han calmado, en eso sí estoy de acuerdo, pero cómo desmentir los asesinatos y feminicidios.
El prelado también opinó que está de acuerdo con que desde la federación se atienda el rezago educativo, la pobreza y la inseguridad, pero que el manejo de ese presupuesto debe ser de una manera recta y honesta.
“Reclamo que haya una buena y recta administración, y ese dinero de la federación se utilice realmente para sus fines”.
“En ese sentido (el presidente de la República, Andrés Manuel) López Obrador tiene mucha razón: el dinero se distribuía en la clase media y alta de la política, y realmente a la gente le llegaba poco”.
“Por ejemplo, en el presupuesto de educación yo tengo un informe de que llegaba solamente el 10 por ciento a las aulas. ¿Dónde quedaba el otro 90 por ciento? En ese sentido tenemos que ser muy honestos”.
Sobre el informe, dijo que espera que no sea un documento un poco retrasado.
Da el beneficio de la duda a AMLO
El obispo insistió en darle el beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para revertir en un año la situación de inseguridad.
“Es mejor darle el beneficio de la duda y ojalá actúe. Una de las maneras para pacificar es que arreglen las guardias comunitarias, que las verdaderas policías comunitarias las conserven, pero no las que están al servicio del crimen organizado”.
“¿Qué no hay gobierno que pueda meter orden y disciplina? ¿Cómo estos grupos se ponen a cuidar el orden, cuando ellos mismos cometen el desorden?”, finalizó.
Texto y foto: Luis Daniel Nava
