En un informe especial sobre la participación en tareas de seguridad de lo que llama la “Fuerza Armada Permanente”, el organismo dice que la misma es “extraordinaria” y está “sujeta a fiscalización, subordinación y control del poder civil”. Desde el gobierno de López Obrador su intervención es parte de una política integral de seguridad pública y pacificación del país ante la capacidad bélica del crimen organizado, subraya
Acapulco, Guerrero, 23 de diciembre de 2024. En un informe especial sobre la incursión de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en tareas de seguridad pública, prevención y cultura de la paz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dice que es “falso” que haya un proceso de militarización del país y acusa a los medios de comunicación masiva de difundir información, para “establecer la percepción de una intromisión militar en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país”.
La Fuerza Armada Permanente (FAP), como le llama eufemísticamente la CNDH al Ejército y la Marina, “está regulada por el marco normativo, y su intervención, al ser extraordinaria, se encuentra sujeta a fiscalización, subordinación y control por parte del poder civil”, argumenta el organismo público en el documento de 138 páginas dado a conocer el viernes pasado.
Argumenta que el concepto histórico de militarización implica sistemas represores contra sectores progresistas de la sociedad, y lo que hay en México desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es militarización, sino una “política integral de seguridad pública y pacificación del país”. Indica como prueba, con base en datos oficiales, que en el sexenio 2018 a 2024 disminuyeron 72 por ciento las quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos respecto al sexenio 2006 a 2012.
En el informe sobre la participación del Ejército en labores de seguridad pública también se considera el poder de la delincuencia organizada que genera inseguridad pública. “Se ha advertido el alto grado de sofisticación estratégica y acceso a material bélico que poseen los actores vinculados a la delincuencia organizada. Desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estas situaciones representan una amenaza que obliga al Estado mexicano a implementar acciones urgentes y efectivas para neutralizar los hechos delictivos y reducir, de manera expedita, los índices delictivos actuales en el país que afectan la tranquilidad de la población”.
Afirma que la Revolución Mexicana liquidó al militarismo del país porque el Ejército se subordinó al poder civil, lo que logró que desde 1913 no haya otro golpe militar ni se instalara una dictadura como en Sudamérica.
El Ejército cometió graves violaciones de derechos humanos en la guerra sucia por instrucciones del presidente de México en turno y los gobiernos anteriores al de Andrés Manuel López Obrador, expusieron al Ejército a involucrarse en “eventos desafortunados”, justifica.
La CNDH indica que el objetivo del informe sobre la incursión del Ejército “en tareas de seguridad pública es evaluar el impacto de su actuación en un marco renovado de estrategia e incluso de normatividad, así como su incidencia en la recuperación de un entorno en paz”.
El documento consultado en la página de internet del organismo público arguye que en otros países como Italia, Francia y Estados Unidos, los ejércitos participan en tareas de seguridad pública, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.
Resalta que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), en desastres naturales como la tormenta Max y el huracán Otis, “ha reducido el sufrimiento de las personas, ayudando a la población afectada a restablecer las condiciones de su entorno, recuperar su dignidad y continuar con sus proyectos de vida”.
La CNDH recuerda que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en mayo de 2019 con el que se estableció, entre otros aspectos, la “reorientación de las Fuerzas Armadas, destacando la disciplina, formación, servicio de carrera y espíritu de cuerpo de estas instituciones para fortalecer a la GN (Guardia Nacional) y aprovechar sus recursos humanos, materiales e infraestructura en favor de la seguridad del país”.
Subordinado al poder civil, el Ejército y la Armada protagonizaron páginas negras
En el subcapítulo “Falsa militarización de la seguridad pública en México”, la CNDH afirma que el debate sobre la participación de la Fuerza Armada Permanente “en tareas de seguridad pública en México ha suscitado diversas interpretaciones y preocupaciones respecto a la militarización del país”.
Señala que la “idea” de que la “militarización” representa un peligro inminente para nuestro país cobró fuerza con la integración de la Guardia Nacional a la Sedena; no obstante, argumenta, “esta percepción dista del concepto histórico de militarización, que implicaba sistemas represores dirigidos contra los sectores progresistas de la sociedad”.
“Por un carácter absolutamente subordinado al poder civil, fue que el Ejército y la Armada nacionales fueron involucradas en tareas abiertas o solapadamente de represión en el pasado, y protagonizaron páginas tan negras como el 68 y la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’”.
Asegura que actualmente las políticas públicas buscan “atender las necesidades de los sectores más vulnerables, lo cual incluye un enfoque integral en materia de seguridad pública. En este contexto la operación de la GN se concibe como un elemento dentro de una estrategia más amplia para la pacificación del país, en la que la participación coyuntural de la FAP también desempeña un rol complementario”.
Señala que los medios de comunicación masiva difunden información desde 2022 para, “sustentar un proceso de militarización en México, buscando influir en la opinión pública y establecer la percepción de una intromisión militar en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país”.
La CNDH dice que es “muy importante” subrayar el “elevado índice de aceptación hacia la FAP” y cita la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre de 2024, cuyos datos muestran que el 87.7 por ciento de la población valora el desempeño de la Marina como “muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia”.
La Fuerza Aérea Mexicana reporta un 83.9 por ciento de la misma percepción, el Ejército 83.1 por ciento y la Guardia Nacional 73.5 por ciento. Asimismo, el 86.7 por ciento de la población mayor de edad tiene confianza en la Marina, el 84.3 por ciento en el Ejército y el 77.2 por ciento en la Guardia Nacional.
Explica que el concepto de militarización “se relaciona con eventos históricos ocurridos a nivel mundial, en los que las fuerzas militares asumieron roles protagónicos en la administración y el ejercicio del gobierno”, sin contrapesos jurídicos ni fácticos, cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Sus ejemplos son las dictaduras “o que simulaban ser democráticos”, como Argentina, Chile, Nicaragua y Guatemala.
“En México, en cambio, desde al menos los años treinta del siglo pasado, el Ejército no ha actuado por sí o de manera autónoma”, afirma la CNDH.
Dice que los militares no cometieron graves violaciones de derechos humanos entre las décadas de 1950 y 1990 “motu proprio o imponiéndose al poder civil, sino justamente obedeciendo instrucciones de quien se ostenta como su comandante supremo: el presidente de la República”.
El informe destaca que no ha habido un golpe militar desde 1913 y dice que el “militarismo en nuestro país fue liquidado por la Revolución Mexicana”.
“Hay que decir que el espíritu de cuerpo, la disciplina y la lealtad, valores que caracterizan la función de las fuerzas armadas de la post-Revolución, fue lo que hizo posible que durante todo el siglo XX no tuviéramos ni golpes de Estado ni dictaduras militares, a diferencia de la mayoría de los países de centro y Sudamérica”.
“Ejemplos de militares cómplices del poder y transgresores de los derechos humanos” son Fernando Gutiérrez Barrios, Marcelino Inurreta, Gilberto R. Limón, Santiago Piña Soria, Luis de la Barreda, Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro.
La CNDH arguye que la guerra sucia “fue la estrategia política de un partido para retener el poder” y la militarización de la guerra contra el narcotráfico “fue el pretexto de otro partido político para mantener el control político y escamotear la democracia”.
El organismo público considera “que el manejo arbitrario de la idea de militarización en México está descontextualizado de la realidad nacional, y constituye una crítica sin fundamento a la política integral de seguridad pública y pacificación del país, implementada desde hace seis años”.
La estrategia de seguridad actual ha mostrado resultados positivos, dice
Indica que la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, “sólo expuso a la población en excesos y a las propias Fuerzas Armadas a verse involucradas en eventos desafortunados. La estrategia actual ha mostrado, en todo caso, resultados positivos en la contención e incluso la reducción de fenómenos que previamente estaban desbordados y fuera de control”.
Cita datos del primer informe semestral de la FAP en tareas de seguridad pública al Congreso de la Unión de mayo de 2023, el Ejército desplegó 59 mil 217 elementos, de los cuales 3 mil 921 se encuentran en Guerrero, 3 mil 211 son locales y 710 son refuerzos.
Y la Marina desplegó 20 mil 182 elementos, de los cuales 845 se encuentran en Guerrero, 763 son locales y 82 son refuerzos.
El organismo público destaca que el número de quejas contra la Sedena se redujo de 7 mil 808 presentadas de 2006 a 2012, a 2 mil 184 de 2018 a 2024, es decir, 72 por ciento menos.
La reciente reelección de la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, generó críticas de parte de varias organizaciones de derechos humanos, incluso se sugirió que la hija de la mítica madre buscadora Rosario Ibarra de Piedra, fuera la candidata de los militares a este puesto de defensa de los derechos humanos.
Texto: Ramón Gracida Gómez
