Un tribunal federal de Reynosa notificó 3 sentencias de amparo a favor de acusados del caso Ayotzinapa que se suman al fallo del 4 de junio.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
Reynosa, Tamaulipas, 13 de junio de 2018. Un tribunal federal de Reynosa notificó hoy miércoles oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que se suman a la difundida el pasado 4 de junio, y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas.
El amparo previo, el 203/2017, había sido en favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) había informado que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que en el caso de El Wereke, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en plazo de diez días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de las sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del Magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora, Pérez no ha requerido al Juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado, para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo, en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad, podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
En su edición de este martes, el periódico Reforma publicó que Felipe Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero solo uno de ellos salió de prisión.
Libera un juez a cuatro acusados por Ayotzinapa que fueron torturados; sólo uno sale de prisión
Texto: Agencia Reforma
Ciudad de México. Un juez federal ordenó este martes la libertad bajo reservas de ley de cuatro acusados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
David Calderón Blanc, juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, dictó la libertad a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi; Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala.
Se informó que uno de los cuatro podrá salir en libertad, El Tongo, y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
De hecho, la libertad dictada por el juez es bajo reservas de ley, lo que significa que la Procuraduría puede volver a acusarlos penalmente si obtiene otras evidencias en contra de los sospechosos.
Los cuatro fueron librados del delito de delincuencia organizada, mientras que Macedo y Ríos Berber adicionalmente quedaron libres del delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este fallo fue dictado en la causa penal 100/2014 y es el primero donde judicialmente se determina que después de cuatro años, la PGR no tiene elementos para probar siquiera en forma indiciaria el involucramiento de estos sujetos.
Una fuente del Poder Judicial de la Federación afirmó que Calderón Blanc anuló las confesiones de los cuatro detenidos, al haber indicios de tortura. Una vez que determinó no valorar esos testimonios, estimó que el resto de las pruebas eran insuficientes.
Macedo y Berber confesaron en sus declaraciones haber asesinado y trasladado a 17 de los normalistas a Pueblo Viejo, para tirarlos en fosas clandestinas. Incluso, señalaron a las autoridades de varias fosas donde enterraban a sus víctimas.
Antúnez dijo en su testimonio que un oficial de barandilla de Iguala fue quien entregó a los 43 normalistas a sicarios de Guerreros Unidos, agentes de Protección Civil y del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, para luego desaparecerlos.
A su vez, El Tongo confesó al Ministerio Público ser halcón o vigía de Guerreros Unidos.
Los cuatro sujetos ahora liberados de la acusación del Caso Iguala fueron detenidos en los primeros días de octubre de 2014 por la Policía de Guerrero.
De hecho, sus primeras declaraciones fueron ante la Fiscalía Estatal, ya que fueron puestos a disposición de la PGR hasta el día 5 de dicho mes.
El pasado 1 de junio el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el proceso a siete presuntos integrantes de Guerreros Unidos y también la creación de una Comisión de la Verdad.
El plazo para dar cumplimiento a esa sentencia está en curso, aunque la PGR buscará impugnarla mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
