Para las familias de los estudiantes, la comisión creada por AMLO es un nuevo impulso. “Estamos dando un paso firme hacia una nueva etapa en el proceso de investigación”, celebra Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, sobre la nueva comisión.
Ciudad de México, 17 de enero de 2019. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es una de las violaciones de derechos humanos más graves que carga México: 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y presuntamente asesinados con participación de fuerzas estatales, sin certezas sobre el paradero ni los motivos.
Después de más de cuatro años de buscarlos, los padres de los jóvenes, que estudiaban para convertirse en maestros rurales y en muchos casos no llegaban a los 20 años, tienen una nueva esperanza: una “comisión de la verdad” tratará de remover los obstáculos que hasta ahora impidieron conocer qué pasó.
El gobierno del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el 1 de diciembre, puso en funciones esta semana un mecanismo que dará, sobre todo, un impulso político a las investigaciones.
“Esta será una instancia de coordinación política para facilitar llegar a la verdad. Para el caso de México, eso es fundamental”, dijo a DPA Santiago Aguirre, que integra la comisión como parte de una de las organizaciones que acompaña a las familias.
“Lo que constatamos en cuatro años es que aunque el Ministerio Público quisiera investigar, otras instituciones no le brindaban la información que requerían, por ejemplo el Ejército. Si no hay un respaldo político a la labor de investigación, no pasa nada”, señaló.
Los 43 estudiantes, hijos de campesinos y familias pobres, apenas llevaban unos meses en la escuela de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero cuando desaparecieron.
Habían ido a la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, a apoderarse de unos autobuses —una práctica que era habitual en la escuela normalista— para ir a una manifestación.
Sólo que en esta ocasión en lugar de que se tolerara esa conducta hubo una persecución a tiros con seis muertos, los 43 desaparecidos y muchos cabos sueltos. Más de 120 personas fueron detenidas después, entre ellas el alcalde de Iguala y su esposa.
Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) —ahora la Fiscalía General de ala República—, policías aliados del grupo criminal Guerreros Unidos los persiguieron y entregaron a delincuentes que los quemaron en un basurero y lanzaron sus cenizas a un río. Se dijo que los confundieron con rivales. Y sólo se identificó un fragmento calcinado de uno de los jóvenes.
Sin embargo, organizaciones internacionales refutaron la versión oficial y pidieron que se siguieran líneas de investigación no exploradas a fondo, como los motivos por los cuales el Ejército no intervino en auxilio o si por error los estudiantes tomaron un autobús con droga destinada a Chicago.
Con la Procuraduría General de la República en proceso de transición hacia una nueva Fiscalía autónoma, los trabajos del órgano investigador están semidetenidos, en un etapa de transición.
No hay un fiscal general sino sólo un encargado de despacho. Un tribunal ordenó en 2018 reponer la investigación y crear una comisión investigadora especial, pero todo está en suspenso.
Para las familias de los estudiantes, la comisión creada por López Obrador es un nuevo impulso.
“Estamos dando un paso firme hacia una nueva etapa en el proceso de investigación”, celebró Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, sobre la nueva comisión. “No podemos quedarnos ahí en espera de qué pasó, sin saber lo sucedido”.
Sin embargo, el nuevo mecanismo no será una instancia investigadora formal ni tampoco una comisión de la verdad en sentido tradicional que vaya a indagar y presentar un informe histórico de lo sucedido del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Su labor será ante todo crear las condiciones para que todas las dependencias gubernamentales colaboren. También podrá ofrecer recompensas a cambio de información, dará apoyo en temas como asistencia médica y becas a las víctimas y coordinará acuerdos de cooperación internacional.
“Para las investigaciones formales va a seguir actuando el Ministerio Público, que es el que se encarga de la investigación penal”, explicó Aguirre.
“Es evidente que al haber un trato diferente y ver una disposición de ir a fondo se generan esperanzas, pero creo que no hay falsas expectativas”, agregó el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
La comisión está formada por tres representantes del gobierno, representantes de los padres, de la sociedad civil y un secretario técnico. La preside Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, y se reunirá al menos una vez al mes.
“Representa un mecanismo extraordinario que surge en un entorno de transición política”, explicó Encinas. Para el gobierno, se trata de establecer un “nuevo modelo de intervención gubernamental” que, de la mano de las víctimas, sirva también para avanzar en otros casos de violaciones a derechos humanos.
Texto: Andrea Sosa Cabrios / DPA
Foto: Archivo El Sur-Cuartoscuro
