Octavio Klimek Alcaraz
En estos días se encuentra en discusión una reforma legal a la Ley de la Industria Eléctrica. Dicha reforma es una iniciativa preferente presidencial, que fue presentada el 1 de febrero al arranque del último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura en el Congreso de la Unión. Hay que recordar que dicha ley fue parte de la denominada reforma energética de 2013 a 2014. Con esa reforma se abrieron las puertas para la participación de las empresas privadas en el campo de los hidrocarburos y de la electricidad, lo anterior en detrimento de las empresas de energía del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la economía de mercado, a Pemex y a la CFE desde el ángulo de la competitividad se les observa como grandes monopolios. Por ello, simplemente la reforma energética fue el colofón de una historia de varios años de los denominados gobiernos neoliberales que buscaban el desmontaje de ambas empresas, dejando de invertir en el desarrollo de dichas empresas, y en el que de manera descarada sus principales representantes se dedicaron además a enriquecerse a través de actos diversos de corrupción. El resultado es que el Estado mexicano quedo más debilitado, y los mexicanos perdimos, como ahora es evidente, seguridad y soberanía energética.
La reforma del 2013-2014 fue diseñada, por decirlo de manera sintética, con reglas sumamente desventajosa para Pemex y CFE, y con enormes ventajas para las empresas privadas de energía, el objetivo fue propiciar que entraran en el país, y así lo han hecho. Por ejemplo, la CFE, al ser una empresa pública, se quedó a cargo de suministrar la energía eléctrica a la población más desfavorecida, donde sólo con subsidios públicos es costeable la distribución de energía, mientras que la inversión en materia eléctrica de las empresas privadas se ha destinado a satisfacer aquellos sectores donde el margen de ganancia es más atractivo, no es un asunto de responsabilidad social. Suministrar energía eléctrica a la Montaña o Sierra de Guerrero es responsabilidad de la CFE, dudoso que sea negocio para una gran empresa privada, salvo con altos precios en la venta de la energía.
En el caso de la CFE durante décadas se ha invertido poco y sus plantas de generación eléctrica son principalmente viejas hidroeléctricas y termoeléctricas a base de combustibles sumamente contaminantes, como es el combustóleo y el carbón mineral. Por el contrario, ante las ventajas económicas de ser un buen negocio, entraron los productores privados con nuevas plantas de ciclo combinado con base en gas, así como con base en energía eólica y solar.
En la exposición de motivos de la actual reforma de la Ley de la Industria Eléctrica del Ejecutivo federal enviada al Congreso se propone cambiar las prioridades de despachar la energía en donde la CFE no ha logrado competir con las empresas privadas. Así, le daría preponderancia primero en el despacho de la energía a las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE con relación a las plantas privadas de generación. Esto no se desarrolla propiamente en el cuerpo de artículos de la reforma, pero se entiende que el cambio en definiciones y subsecuentes reformas a diversos artículos, más una serie de artículos transitorios se encaminan a propiciar las condiciones del despacho de la energía conforme a la exposición de motivos.
Hay un gran debate sobre las consecuencias legales, económicas, ambientales y técnicas de esta reforma. Seguramente hay pros y contras en cada uno de estos ámbitos.
Aunque, la reforma constitucional del 2013 en materia de energía fue en general contraria a los intereses del país, debo comentar que en su artículo décimo séptimo transitorio hay un claro mandato ambiental, que entre otras cosas señala: “En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes.” Lo cual hasta ahora está lejos de ser cumplido.
Aunado a ello, en lo ambiental, los principales cuestionamientos tienen que ver respecto a si en el despacho tienen prioridad las grandes termoeléctricas de la CFE con relación a otras centrales privadas que no generan la contaminación de éstas. Recuérdese que las termoeléctrica son grandes emisoras de contaminación por el tipo de combustible que utilizan como es el combustóleo y el carbón mineral, que además es cada día más cara su generación de energía eléctrica frente a una planta privada eólica o solar.
El otro cuestionamiento es que, dado que las centrales con base en energía renovable son en su mayoría privadas, serán de baja prioridad en el despacho. Lo que además va a desincentivar la inversión privada en energías renovables, que son cada día de menor costo en su generación. Es decir, es posible que se emitan más gases de efecto invernadero y otros contaminantes en detrimento de la salud humana y el ambiente, lo que sería potencialmente anticonstitucional. Además, de que se corre el riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, como es el caso del Acuerdo de París en materia de cambio climático.
Finalmente, es un asunto de mediano plazo el que la CFE no pueda operar las 24 horas del día sus termoeléctricas, ya sea por las razones ambientales, de salud humana, económicas o técnicas. Los combustibles con base en hidrocarburos van a su irremediable extinción en un par de décadas. Además, no se tiene el suficiente gas para las centrales de ciclo combinado, de hecho, este gas se importa. Texas nos acaba de dar una clara lección en materia de seguridad y soberanía al respecto. Primero subieron los precios del gas y después cerraron las exportaciones a México.
La aplicación de la reforma propuesta nos dirá hasta donde se llegará al respecto en el despacho de la energía eléctrica. Todavía falta mucha información y análisis sobre lo anterior, pero creo que es la oportunidad de revisar a profundidad el tema de la transición energética en otra lógica a la propiciada por gobiernos anteriores. En el caso de la CFE no debe seguir postergando su camino a las nuevas energías como son las renovables. Me ha llamado siempre la atención las causas de que la CFE no ha invertido en renovables, como si lo han hecho los privados. ¿Por qué para los privados ha sido un buen negocio, pero para la CFE no ha sido negocio? Este gobierno que se define como de izquierda no debe seguir esa lógica de gobiernos neoliberales.
La CFE puede ser motor de una nueva economía basada en energías renovables, que además se preocupe por la salud de las personas y de los ecosistemas. Estoy comentando de energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica), energía geotérmica, energía mareomotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, y biogás.
Para eso, la CFE debe tener claros mandatos en donde se prioricen la generación y distribución de las energías renovables en la empresa pública, y empezar a competir en ese campo con las empresas privadas. Se trata de recuperar nuestra soberanía y seguridad energética a través de recuperar en liderazgo de las energías renovables para el Estado mexicano y las comunidades.
