Arturo García Jiménez
El 10 de abril de 2018, en plena campaña electoral, un conjunto de organizaciones campesinas acordamos trabajar a ras de tierra para que las fuerzas progresistas ganaran la elección. Para ello, tales organizaciones suscribieron con el entonces candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, el “Plan de Ayala Siglo XXI para el Rescate del Campo y la Soberanía Alimentaria”.
El discurso del candidato presidencial refrendó el compromiso hecho firma: “El rescate del campo es una de las principales prioridades. Vamos a impulsar la actividad productiva del campo como no se ha hecho en mucho tiempo; vamos a regresar al campo”.
Para este propósito, ahí mismo AMLO instruyó al prospecto secretario del ramo, Víctor Villalobos Arámbula, a que se coordinara con los firmantes, cuestión que nunca sucedió. Por el contrario, el flamante titular de la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fue omiso a dicho pacto, dejando claro desde entonces que representaba los intereses de las transnacionales que proveen de insumos y equipos a la agricultura comercial.
A pesar de esta traición, similar a la de Madero cuando incumplió los compromisos del Plan de San Luis, las organizaciones rurales guerrerenses siguieron impulsando el ideario del Plan de Ayala Siglo XXI. En la fase electoral integraron Comités Campesinos para la Promoción y Defensa del Voto y participaron activamente en la movilización electoral. Una vez ganada la elección, volvieron a las comunidades para integrar Comités de Desarrollo Comunitario, como base organizativa que elaborarían los programas de desarrollo comunitarios, municipales y regionales para el 2019, tal como lo había instruido el presidente electo.
Desde el primer año del gobierno de la “4T” el movimiento campesino nacional empezó a desdibujarse. Muchos dirigentes se volvieron funcionarios o legisladores. Y la consigna del presidente de eliminar a las “organizaciones intermediarias” dio al traste con la mayoría de los líderes tradicionales que no supieron actuar en el nuevo escenario.
Para reforzar el desmantelamiento de la organicidad tradicional, vinieron los programas emblemáticos de apoyo al campo: Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizante y Precios de Garantía. Aunque privilegiar a los más pobres en la entrega de subsidios y hacerlo sin intermediarios ha sido un paso adelante en materia de políticas públicas hacia el campo, lo cierto es que se han renovado viejas prácticas clientelares y paternalistas. Además, el mero hecho de apoyar a muchos con poquito no genera un impacto real en el ingreso y en la producción campesina.
Para que los programas emblemáticos del gobierno de “la 4T” puedan ser un mecanismo de rescate y de transformación del campo mexicano, en nuestra opinión, deben transformarse. Sembrando Vida debe eliminar las fallas de origen (improvisación, personal sin el perfil adecuado, etc.) y erradicar la corrupción que está sembrada desde su surgimiento; Producción para el Bienestar debe ampliarse a más productores y desarrollar esquemas de concurrencia de recursos que potencien su exiguo subsidio; el programa de Fertilizante gratuito debe reorientarse hacia la fertilidad y el manejo agroecológico de suelos, incluyendo el acompañamiento técnico, estudios de suelos, abonos orgánicos y semillas mejoradas; Precios de Garantía debe tener un mayor impacto social pero también vincular al productor con el consumidor. En todos esos programas se tiene que incluir el cooperativismo, la agregación de valor y la comercialización alternativa.
A poco más de la mitad del sexenio, está claro que estas propuestas campesinas difícilmente serán comprendidas mientras el elefante reumático y neoliberal siga liderando en las instituciones del sector rural.
La transformación del campo no será posible sin un movimiento social que lo haga posible, y que desde ahora ejercite una nueva manera de gestionar el desarrollo local.
En Guerrero, este movimiento, acuerpado en la Coordinadora de Comisariados, ya empezó a gestarse desde 2019. Mediante un ejercicio de contraloría campesina, la Coordinadora ha logrado transparentar información básica de distintos programas rurales y monitorear su desarrollo operativo a través de asambleas comunitarias, municipales, regionales y estatales. De este modo, ha venido construyendo una fuerza social de nuevo tipo, y un conjunto de propuestas-fuerza, que vuelven a hacer ondear la bandera del Plan de Ayala Siglo XXI.
El 8 de diciembre de 2021, la Coordinadora de Comisariados realizó su segunda Convención Campesina Estatal, encuentro inédito que concentró al 60 por ciento de las autoridades agrarias reconocidas legalmente en la entidad. Allí, configuró su horizonte de desarrollo en nueve ejes temáticos: Nuevo agrarismo, Agua y medio ambiente, Producción agroecológica, Economía social, Centros integradores, Gobierno comunitario, Territorios de paz, Incidencia en políticas públicas y movimiento agrarista nacional.
A la luz de esta nueva plataforma de acción, ahora la Coordinadora transita hacia un nuevo agrarismo, impulsando el desarrollo integral y la gobernanza a ras de tierra. En alianza con el movimiento agrarista nacional, que ya empieza a dar sus primeros pasos.
