Arturo García Jiménez
Para desarrollar a México, el campo es primero. Garantizar la continuidad de la cuarta transformación requiere de acciones que manden señales desde el actual momento de la transición; mismas que tendrán que considerar el rediseño de las instituciones agrarias, la designación de funcionarios que reúnan el perfil de conocimiento y compromiso con el agro, la dignificación del ejido y la comunidad, el anuncio de una nueva Ley Agraria y la consideración de acciones precisas que impulsen la producción agrícola, pecuaria y pesquera, cruzados con prácticas agroecológicas. Esto es la esencia del segundo piso de la 4T para el campo.
Asimismo, necesitamos construir al sujeto social que garantice la continuidad de la transformación. Los comisariados ejidales y comunales son representantes genuinos de los 32 mil 230 núcleos agrarios; para empoderarlos, sólo hace falta que las instituciones agrarias se coordinen y se apliquen a los compromisos ya contraídos.
Con lo anterior, crearemos las bases para que en la nueva administración de gobierno se reconozca a la comunidad como el cuarto orden de gobierno.
México está en una ruta de cambios trascendentales, en donde el campo es la base para cambiar al país. Además de que representa más de la mitad del territorio nacional en donde habita el 25% de la población y es la que le da de comer al resto; pero, además, dado que somos un país de origen rural, tanto en las ciudades como en el país vecino, la mano de la familia está presente en todos lados.
En el territorio rural persiste la biodiversidad, ahí están las fuentes de agua, los bosques, las minas, las zonas turísticas y la arqueología. También pervive ahí la vida comunitaria, la cultura y la historia. Pero algo más importante aún, en el campo es donde se originó la violencia que controla ahora los territorios rurales y urbanos. Desde la siembra de enervantes hace más de 50 años, el tráfico de armas, el control de los mercados de drogas, hasta el manejo de la política y las economías locales por la delincuencia; ha sido el campo el origen y el destino de la violencia que impacta también a las ciudades.
Gracias a la irrupción en el escenario de los comisariados organizados, se han logrado instrumentar esquemas de solución al rezago acumulado. La ruta de construcción ha sido la siguiente: Se promueve la coordinación entre los comisariados de un municipio y se les capacita. Se recaba la información básica de cada núcleo agrario, ubicando las gestiones pendientes. Cada comisariado ubica sus requerimientos de gestión. A partir de aquí se coordina con las instituciones agrarias una jornada itinerante donde acuda su personal. Para romper la inercia burocrática, la apatía de muchos visitadores y encargados de los RAN estatales, así como las prácticas de corrupción que aún imperan, el Procurador Agrario y el Director en Jefe del RAN instruyen mediante una circular a que todo el personal se aboque a atender y operar bajo este esquema. En cada estado, los comisariados coordinados ya regionalmente se reúnen con los encargados de la PA y RAN y elaboran un programa de trabajo. La realización de convenios estatales donde se involucre a los gobernadores, comisariados y a los Tribunales Agrarios, constituyen una herramienta fundamental que coloca en el ambiente la problemática agraria, las funciones de cada institución y los requerimientos humanos, económicos y materiales. Desde luego que, para todo ello, se requiere de un perfil adecuado de los funcionarios en los distintos niveles.
El pasado 10 de abril, las diversas organizaciones actuantes en el campo suscribimos en Chinameca, Morelos, con la Dra. Claudia Sheinbaum, el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana. El punto central que cruza cada uno de los compromisos, tiene que ver con el hecho de que se trata de construir una nueva interlocución con las organizaciones campesinas, indígenas y afro-mexicanas; tomando como base que el rescate del campo es responsabilidad tanto del gobierno como de las y los campesinos organizados. Para sumar fuerzas en esta gran tarea es necesario fortalecer la coordinación entre el gobierno y las organizaciones rurales, democráticas y propositivas.
En el marco de una nueva política agraria acorde con el nuevo proyecto de nación, se plantea la necesidad de un nuevo agrarismo que rescate los principios justicialistas del agrarismo histórico y responda a las nuevas condiciones y necesidades del desarrollo en el campo y en el país. Los elementos centrales firmados y detallados en el documento en extenso que se entregó, son los siguientes:
- Revisión y actualización mediante consulta campesina del marco jurídico agrario de acuerdo con los principios y objetivos de la Cuarta Transformación. El nuevo agrarismo requiere establecer nuevas bases jurídicas que protejan la propiedad social y den certeza a ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, al tiempo que impidan el acaparamiento de parcelas y solares que han originado un neolatifundismo.
- Rediseño y fortalecimiento institucional de la infraestructura, recursos humanos y presupuesto digno del sector agrario. Para saldar la deuda del Estado Mexicano con el campesinado es necesario contar con la estructura adecuada a las necesidades y libres de burocracia y corrupción, con personal comprometido socialmente y capacitado. Se tiene que priorizar la solución de los conflictos agrarios añejos y el fin del rezago agrario.
- Dignificación del ejido y la comunidad mediante el apoyo elemental para facilitar la coordinación nacional con miras a construir al sujeto social que garantice la continuidad de la Cuarta Transformación en el campo mexicano. El Estado Mexicano debe reconocer al ejido y la comunidad como sujetos del desarrollo económico, social, ambiental y cultural, aportándoles infraestructura, apoyos financieros y técnicos.
- Un gran programa de reactivación del campo. Acompañamiento técnico, desarrollo productivo, agregación de valor, financiamiento, comercialización, entre otros rubros, constituyen las herramientas para que la propiedad social permanezca y se fortalezca. En el acuerdo firmado, estos puntos están considerados y reconocemos que nuestra presidenta priorice en cuatro aspectos fundamentales: Bienestar de las personas que viven en las zonas rurales, acciones para enfrentar la crisis hídrica, incrementar la producción de manera sostenible e inclusiva y la reconstrucción del tejido social.
La Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades es una innovación en el arte de construcción organizativa. Su experiencia en los niveles regionales, estatales, nacionales e internacionales ha permitido concebir la necesidad de abordar la problemática de manera integral pero junto con la gente. Las asambleas comunitarias y sus representantes deben empoderarse y, al coordinarse entre sí, se van convirtiendo en el sujeto social que el campo necesita; los gobiernos progresistas debieran facilitar estos procesos para ir construyendo un cambio verdadero.
Finalmente, así como lo hicimos los casi 36 millones de mexicanos en las urnas el 2 de junio pasado, confiamos plenamente en que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo no le va fallar al pueblo de México y menos a los campesinos e indígenas. Confiamos en que su gabinete se integrará por personas con conocimiento y compromiso del significado de la Cuarta Transformación. Confiamos en que siempre habrá diálogo con todos los que necesiten y quieran dialogar de buena fe y, que su gobierno siempre escuchará razones y argumentos; y que la brújula que le dará identidad y le inspirará en la ejecución de sus políticas públicas será la premisa de “primero los pobres”.
*Arturo García Jiménez
Asesor de la Coordinadora de Comisariados de Guerrero
