METALES PESADOS
Tryno Maldonado
El domingo 25 de enero de este año Oaxaca realizó la primera revocación de mandato estatal del país. No fue un ejercicio espontáneo de control ciudadano sobre el poder ni un impulso súbito de democracia participativa: fue una consulta montada desde el poder con un marco legal reciente. La Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca fue aprobada por el Congreso local el 21 de diciembre de 2022 y promulgada en 2023. Establece que el ejercicio procede si lo solicita al menos 10 por ciento de la lista nominal, con criterios de distribución territorial, y que para revocar se requiere un piso de 40 por ciento de participación. Ese último dato, el umbral, es crucial: el propio diseño dice qué esperaba el régimen del proceso. Si se coloca un mínimo lleno de obstáculos, no estás invitando a corregir al poder, estás construyendo lo que al partido-gobierno Morena le encanta: una ratificación simbólica del mismo. Una farsa. Y, sin embargo, incluso esa ratificación terminó revelando sobre el gobernador morenista Salomón Jara lo contrario de lo que buscaba exhibir.
En el sistema oficial de cómputo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través del Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato, el dato de “participación ciudadana obtenida” llegó a un raquítico 29.9 por ciento. Es decir, ni siquiera cerca del 40 por ciento propuesto. Con ese solo dato se derrumba la narrativa de “fiesta democrática”: lo que se montó no fue un mecanismo ciudadano de rendición de cuentas, sino una demostración de poder del propio partido-gobierno. Y, aun considerando la fuerza del régimen, el resultado fue mediocre.
Aquí está el corazón del asunto. La revocación no midió respaldo ciudadano, midió capacidad de movilización y capacidad de control. En Oaxaca, cuando un gobierno necesita convertir la participación en “operativo”, el voto deja de ser termómetro democrático y se vuelve un mero pase de lista. Y el pase de lista, por definición, se sostiene en la misma lógica del corporativismo del viejo PRI: estructura territorial, dependencia laboral, cuotas, presión, propaganda desde el presupuesto público. No se trata de “gente participando”, se trata de gente siendo acarreada
Para entender por qué el proceso se sintió parchado, improvisado o directamente irrelevante para amplias capas del estado, hay que mirar el dinero. Animal Político documentó que el IEEPCO solicitó 270 millones de pesos para organizar la consulta y solo recibió 99 millones. Esa brecha afectó logística, cobertura, instalación y percepción pública. Una consulta que se presume histórica pero se financia como trámite austero nace doblemente coja: institucionalmente precarizada, políticamente saturada de propaganda. Esa combinación produce un efecto muy oaxaqueño: la gente huele a leguas la simulación. Por eso la crítica de organizaciones como Consorcio Oaxaca no suena exagerada cuando señala el ejercicio como pérdida de tiempo o como una consulta sin trascendencia real; la revocación no se vivió como rendición de cuentas, sino como un espectáculo de legitimación para un rey desnudo. Ante el ejercicio oficial de revocación de mandato, además de Consorcio, 33 organizaciones oaxaqueñas manifestaron su rotundo rechazo en un desplegado público a lo que consideraron “un ejercicio de legitimación forzada y un uso faccioso de las instituciones democráticas”.
Si el oficialismo quería que la jornada pareciera una fiesta cívica impecable, la realidad se encargó de ensuciar el montaje. Animal Político registró que el Consejo General del IEEPCO reportó 524 incidentes durante la jornada. Se puede discutir la naturaleza de cada uno, pero el número por sí mismo ya dice algo: hubo ruido operativo, fallas, tensiones, episodios de fuerza. La política institucional vivida como coacción.
En Santa Lucía del Camino, específicamente en la casilla 579 básica de San Martín Mexicápam, se reportó que un grupo introdujo boletas de manera forzada y amenazó a funcionarios de casilla con la frase “por las buenas o por las malas”. Luego regresaron para exigir que se borrara la hoja de incidencias, pidieron cubrir cámaras y amedrentaron incluso al policía asignado. En otros puntos se reportaron boletas marcadas irregularmente, quema de boletas y quema de urnas. También se habló de carpetas de investigación por posibles delitos electorales. Esto no es una anécdota marginal, es el retrato de una “democracia” que, cuando no alcanza por convicción, intenta sostenerse por intimidación. Y cuando un ejercicio de legitimación requiere amenaza para funcionar, deja de ser democracia: se vuelve disciplina.
A ese cuadro hay que sumarle la dimensión partidista real del proceso. El diario El País lo narró sin rodeos: la revocación exhibió la fractura entre Morena y el PT en Oaxaca, con éste llamando a la no revocación, denunciando irregularidades y convirtiendo una consulta supuestamente ciudadana en un pleito dentro del mismo bloque de poder. Aquí aparece un giro que vuelve todo más oscuro: la revocación deja de ser mecanismo ciudadano y se vuelve una burda tecnología de facción. Una pelea interna disfrazada de “participación popular”. Por eso el dato central no es quién “ganó”, sino cuánta gente acudió sin presión, sin consigna, sin nómina. Y ese magro 29.9 por ciento del tablero institucional es precisamente el tamaño del desgaste.
El punto es brutal y sencillo: la maquinaria de Morena puede mover cuerpos, puede disciplinar, pero no puede mover conciencias ni generar convicción.
Aunque el revocatorio no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un estado atravesado por tensiones territoriales, por criminalización del disenso, por violencia política y por una lógica de gobernabilidad que se apoya cada vez más en la administración del miedo. Ahí es donde la amalgama se vuelve completa.
En enero de 2026, UCIZONI denunció hostigamiento, amenazas armadas y vigilancia ilegal contra integrantes de su organización; en particular contra Carlos Beas, su coordinador. Los hostigamientos ocurren en un territorio que para los intereses de Morena se volvió estratégico por el megaproyecto del Corredor Interoceánico.
La desconexión entre propaganda y realidad no se resuelve con urnas, ni con espectaculares, ni con consultas instrumentales. Se resuelve con garantías mínimas de vida pública. Y esas garantías en Oaxaca no existen. La baja participación también se lee desde un ambiente de violencia y de criminalización. Educa Oaxaca ha contabilizado 44 agresiones contra activistas desde el inicio de la administración del gobernador Jara, que comenzó el 1 de diciembre de 2022. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga 17 agresiones contra periodistas durante el gobierno de Jara, con cifras en el periodo 2023-2024. La Jornada reportó 429 desapariciones en Oaxaca entre enero y julio de 2024, con señalamientos sobre omisiones institucionales. Milenio habló de más de 10 mil familias indígenas desplazadas y de 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con el retorno seguro. ¿Qué significa esto, puesto junto? Significa que la participación política no ocurre en un laboratorio limpio. Significa que el abstencionismo no se reduce a apatía: a veces es defensa, a veces es hartazgo, a veces es desconfianza y, muchas otras, es el cálculo elemental de que exponer la vida no sirve y sí puede costar.
Con ese fondo, el 29.9 por ciento deja de ser un dato electoral y se vuelve un diagnóstico político. La revocación no fracasó por falta de operativo, sino por exceso de aparato. Se movilizó lo movilizable –la estructura, la nómina, la presión– y aun así no le alcanzó.
Y es ese mismo aparato que simula su legitimación el que convive con –y en algunos casos activa– mecanismos de intimidación contra todos aquellos que estorban a su falso relato de progreso.
Con ese fondo y ese aparato, es revelador que en la capital de Oaxaca (solamente) el rubro “Que se revoque el mandato por pérdida de confianza” haya obtenido 70 por ciento de votos, contra el 28.4 por ciento para “Que siga en la gubernatura”*.
