En el análisis “Ojos a la obra” se estudiaron el Paso Exprés, el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto que, además de fallas en la planeación, mostraron procesos de licitación poco competitivos. Exige la CNDH sanciones penales por el socavón. Responsabiliza a la SCT y pide investigar la cadena de mando.
Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: @mexevalua (Twitter)
Ciudad de México, 10 de octubre de 2018. La organización México Evalúa presentó este martes el estudio “Ojos a la obra” que revela una deficiencia en las licitaciones en 3o de los contratos de obras públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los que destacan: el Paso Exprés, el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que tuvieron una diferencia enorme entre el presupuesto inicial y el final, sin haber sido terminadas.
Según el estudio, el aumento de presupuesto en el Paso Exprés fue de 73 por ciento; el del Tren México- Toluca, 77 por ciento y el del NAIM, 68 por ciento.
En el análisis de México Evalúa se estudiaron los tres proyectos de infraestructura, los cuales, además de fallas en la planeación, mostraron procesos de licitación poco competitivos.
De acuerdo con los datos presentados, los tres proyectos muestran una aparente competencia con un gran porcentaje de los contratos otorgados a través de licitaciones públicas.
Sin embargo, del total de contratos que aspiraron a licitar sólo se evaluaron un tercio o menos, derivado de descalificaciones.
Gran parte de estas descalificaciones se da por razones administrativas, las cuales tienen que ver con cuestiones de forma, que no necesariamente deberían descalificar y al hacerlo se pierde la oportunidad de conocer empresas con la experiencia adecuada para ejecutar el proyecto, señala el análisis.
“Necesitamos agilizar la presentación de requisitos administrativos en la contratación pública”, dijo Mariana Campos, directora de gasto público en México Evalúa y coordinadora del estudio “Ojo con la obra”.
En conferencia de prensa, Campos señaló que dar un peso excesivo al precio para decidir quién gana una licitación es una mala práctica que ha derivado en proyectos con grandes deficiencias.
De acuerdo con la organización, los procesos de licitaciones deben contar con una mejor planeación del proyecto de infraestructura, no tomar el precio como un factor preponderante, además de establecer límites a las variaciones que los costos registran en el desarrollo del proyecto.
La problemática de decidir con base en un precio presentado por el licitante se agrava cuando los proyectos de infraestructura muestran deficiencias en su preparación, un problema sistemático detectado por la organización, que además impide conocer el alcance real del proyecto y, como consecuencia, se plantean precios poco realistas.
“Si el precio es el factor determinante de la calificación, estamos dando un peso excesivo porque no nos está ayudando a tomar una decisión, ya que el precio es poco realista, porque no está definido el alcance, y lo más seguro es que tenga que actualizarse”, señaló Campos.
Según expuso, un ejemplo claro de la ineficiencia que genera esta mala práctica de selección de licitantes es el Paso Exprés, proyecto que se ganó con un precio de mil 45 millones de pesos y terminó ajustándose 751 millones por arriba de ese monto.
“Muestra de manera muy emblemática ya un modus operandi que hay de lanzar propuestas artificialmente bajas para con esto salir privilegiado o seleccionado con un contrato y posteriormente subir el monto del contrato”, señaló.
Agregó que es necesario mejorar la planeación de los proyectos, así como establecer mejores criterios de selección y lineamientos claros, ya que se están afectando los incentivos a la competencia.
Adicional a este problema, la investigadora destaca la necesidad de contar con límites a las modificaciones de los contratos.
Exige la CNDH sanciones penales por el socavón
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó hoy miércoles imponer sanciones penales por el socavón en el Paso Exprés en el que murieron dos personas, tras determinar que la principal responsable de las irregularidades es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Aunque evitó nombrar al secretario Gerardo Ruiz Esparza, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, demandó indagar la cadena de mando administrativa.
Al presentar la recomendación 34/2018, emitida por los hechos del 12 de julio del año pasado, Guadarrama aseguró que el caso sigue impune, por lo que planteó la urgencia de sanciones ejemplares.
“Del caso se desprenden elemento e indicios de un posible esquema de corrupción que la comisión nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”, expuso Guadarrama.
En la actualidad, la SecretarÌa de la Función Pública (SFP) ha sancionado administrativamente a nueve servidores públicos, el de más alto rango el ex director del Centro SCT-Morelos.
“Es importante que las autoridades competentes para investigar esta situación en lo administrativo y en lo penal consideren lo que hemos llamado como cadena de mando administrativo”, insistió el visitador.
“Para que no quede sólo en la cuestión de los servidores públicos del director general o director de área, sino que se investigue a todos”.
Según la investigación de la CNDH, además de las dos personas que fallecieron en el socavón, otras dos murieron por fallas en la seguridad entorno a la realización de la obra: un motociclista que impactó con un cable que colgaba y un peatón que cayó de un puente sin barandales.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñaada, construida, coordinada y supervisada, por la SCT, Banobras y las empresas involucradas”, agregó Guadarrama.
Ante esta situación, la CNDH pidió que tanto la SCT como Banobras ofrezcan una disculpa pública por las violaciones a derechos humanos en el Paso Exprés.
El visitador Guadarrama agregó que los funcionarios de la SCT obstruyeron la investigación de la CNDH, entregando tarde y de manera desordenada y confusa la información solicitada.
“¿Cuál sería la razón de este esquema de entregas dilatadas o parciales de información? Y en esa situación uno puede pensar que sí fue un esquema ya institucional para cubrir o evitar responsabilidades”, sentenció.
La investigación también determina que no hubiera sido posible rescatar con vida a las dos personas que cayeron con su auto en el socavón.
Van contra corrupción en contratos
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Ciudad de México, 10 de octubre 2018. Senadores del partido Movimiento Ciudadano (MC) propusieron hoy miércoles un conjunto de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para terminar con la opacidad, discrecionalidad, triangulación y corrupción en las contrataciones.
Tras el escándalo generado por la “ley a modo” aprobada por el Congreso de Tabasco, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Clemente Castañeda, pidió que la Ley imponga las licitaciones como regla y no como excepción.
En el proyecto se plantea la reducción de asignaciones de contratos por invitación restringida y adjudicación directa, de un 30 a sólo un 20 por ciento.
“Planteamos un mecanismo para eliminar la triangulación en compras, derogando la disposición que permite realizar adjudicaciones directas mediante triangulaciones con terceros, como instituciones de educación superior, y así evitar otra Estafa Maestra“, explicó.
El legislador comentó que, para combatir a las empresas fantasmas, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) establecerá lineamientos obligatorios para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas.
“Se propone un esquema de supervisión, para que los órganos Internos de Control acudan a los sitios de obra pública en ejecución para verificar su avance y calidad, debiendo levantar un acta de visita e inspección”, agregó.
El político jalisciense informó que también se busca ampliar las funciones de los Comités de Obras Públicas, que deberán publicar un informe trimestral de las contrataciones realizadas y, con ello, combatir la colusión.
En materia de competencia económica, dijo, las empresas deberán acreditar fehacientemente la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.
Castañeda detalló que para combatir a opacidad se establece la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Para garantizar la participación ciudadana, explicó, se propone ampliar la participación obligada de los Testigos Sociales en estos procedimientos, para que no esté sujeto a la buena voluntad o a la complicidad.
“Estas reformas que planteamos pretenden cerrarle la puerta a las prácticas de colusión, de opacidad y discrecionalidad en los procesos de compras gubernamentales y obras públicas”, expresó.
“Buscamos también empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones y ponerle un alto al derroche de recursos que se genera la corrupción en materia de compras gubernamentales”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
https://suracapulco.mx/2018/10/10/oculta-el-gobierno-casos-de-soborno-internacional/
