Se instalan en Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta de la Autopista del Sol y en la de Iguala-Cuernavaca. Por indicaciones del gobierno federal ya no se permitirá que nadie las tome, dice una oficial de la GN. Condena la CNDH la acción y la califica de “intimidación y censura” contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El gobierno criminaliza las libertades y va hacia el autoritarismo, advierte Vidulfo Rosales. Apoyan la medida el obispo Salvador Rangel, cámaras empresariales y líderes de transportistas
Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Chilapa, Guerrero, y Ciudad de México, 31 de enero de 2022. Efectivos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal con equipo antimotines resguardaron las casetas de la Autopista del Sol de Palo Blanco en Chilpancingo, La Venta en Acapulco, Paso Morelos en Huitzuco, y la de Iguala a Cuernavaca para evitar que sean tomadas por padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, alumnos de la Normal Rural y organizaciones sociales y que pidan cooperación a los automovilistas.
El viernes efectivos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal con equipo antimotines cercaron las casetas de cobro y en la de Palo Blanco cerraron un sentido de la circulación para evitar que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa la tomaran.
En la caseta de Palo Blanco, este domingo había unos 280 efectivos de la Guardia Nacional (GN) y Policías Estatales con equipo antimotines.
En un recorrido la mañana de ayer en la caseta de cobro ubicada al sur de la capital se observó que en dos camellones, uno que va a Acapulco y el otro a la Ciudad de México, estaban 20 efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines mientras que los demás camellones había uno o tres uniformados.
Los demás guardias se encontraban apostados en el estacionamiento del lugar, además había cinco patrullas de la Policía Estatal, y dos camiones de la Guardia Nacional y antes de llegar a la caseta había dos patrullas de Caminos de Tránsito estatal y una más de la Guardia Nacional.
Una oficial de la Guardia Nacional informó que desde el viernes unos 200 efectivos de la corporación y 80 más de la Policía Estatal mantienen la vigilancia en la caseta para evitar la toma de los manifestantes y que pidan dinero a los automovilistas.
Señaló que después de la confrontación que tuvieron el viernes con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de Ayotzinapa quienes pretendían tomar la caseta de cobro, no han tenido ningún incidente.
“Nosotros tomamos el control de la caseta el viernes por indicaciones del gobierno federal que no permitirá ya la toma de las casetas de cobro, desde el incidente del viernes no hemos tenido ningún problema”, declaró.
La oficial agregó que continuará la vigilancia en la caseta para impedir que los personas la tomen y pidan cooperación a los que transitan en la vialidad.
En Acapulco, unos 60 elementos de la Guardia Nacional resguardan de manera permanente la plaza de cobro de la caseta de La Venta.
Desde el viernes los uniformados permanecen de manera fija en el lugar, incluso durante el sábado, los elementos revisaron algunos autobuses turísticos para verificar que en estos no vinieran estudiantes, de acuerdo con fuentes de gobierno.
Los elementos de la Guardia Nacional están apostados a los lados de la caseta así como en las cajas de pago, a la espera de proceder en caso de que alguna organización social o estudiantil trate de apoderarse del control de la plaza de cobro.
A la par en el lugar permanecen patrullas de la Guardia Nacional del sector caminos y a unos 500 metros de la caseta se encuentran las oficinas de la dependencia.
En Iguala es el mismo panorama. Agentes de la Guardia Nacional y policías estatales con equipo antimotines, mantienen vigilancia permanente desde el viernes en las casetas de peaje de Iguala y Paso Morelos en Huitzuco.
El viernes alrededor de las 8:00 de la mañana un centenar de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal con equipo antimotines fueron desplegados en las casetas de Iguala y Paso Morelos, y se mantienen a las orillas de las autopistas para evitar que sean tomadas por manifestantes.
La medida se ha mantenido permanentemente hasta este domingo, y es variada la cantidad de agentes que son enviados cada día a realizar el resguardo.
Desde el viernes cuando comernzó el dispositivo, en la caseta de Iguala fueron enviados unos 100 efectivos de la Guardia Nacional y 20 de la Policía Estatal, todos con equipo antimotines; mientras que en la Autopista del Sol en la caseta de Paso Morelos, Huitzuco, fue enviado un grupo más amplio, unos 150 agentes de la GN, de acuerdo con información de fuentes policiacas.
Este sábado y domingo la cantidad de efectivos enviados a las dos casetas ubicadas en estos municipios de la zona Norte fue variable, pero es en promedio de 100 agentes de las dos corporaciones.
Fuentes consultadas del gobierno estatal indican que la medida va dirigida principalmente contra el movimiento por Ayotzinapa, que de manera frecuente ha tomado las casetas de peaje en la Autopista del Sol, protestas en las que cobran cuotas económicas a los automovilistas que transitan.
Condena la CNDH “intimidación y censura” a padres de los 43 en casetas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de “intimidación y censura” cometidos por agentes de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Guerrero contra los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el pasado viernes, y solicitó a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica.
Este viernes 28 de enero agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal con equipo antimotines cercaron las casetas en Paso Morelos, La Venta y Palo Blanco de la Autopista del Sol, esta última para evitar que alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos la tomaran.
Ayer la CNDH dio a conocer un pronunciamiento en el que consideró que las acciones de las fuerzas de seguridad federales y estatales “impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales”.
Argumentó que los agentes impidieron que madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, acompañados por alumnos de la escuela Normal Rural, arribaran este 28 de enero a la plaza de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol, para realizar un mitin donde exigirían la presentación con vida de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación.
Dijo que cada mes los familiares de los estudiantes desaparecidos llevan a cabo jornadas en diversas plazas de cobro de la referida autopista para difundir información relativa al caso y manifestarse pacíficamente.
La CNDH consideró que las acciones de los agentes de seguridad federal y estatal impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales.
Por ello, se pronunció contundentemente en apoyo de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, y los estudiantes de la Normal, y exhortó a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal de Guerrero para que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos y la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, “en legítima demanda de conocer la verdad y que se haga justicia en este caso”.
También, los convocó a abstenerse de incurrir en acciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
El pasado viernes 28 de enero, a las 11 de la mañana, llegaron a bordo de tres autobuses de una empresa comercial a la caseta Palo Blanco padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero un mando de la Guardia Nacional se dirigió a ellos y les dijo que se retiraran, que no podían tomar la caseta.
Los padres y alumnos esperaron un momento, luego unos 40 de ellos descendieron de los autobuses, lo que originó que agentes de la Guardia Nacional y policías estatales cerraran el carril norte-sur, con dirección a Acapulco, además unos 100 agentes fueron formados para evitar que los inconformes continuaran en las casetas de cobro, lo que originó que hubiera empujones por parte de padres y madres contra los policías.
Los padres, madres y alumnos colocaron pegatinas con la leyenda: “Nos faltan 43” a los escudos y cascos de los policías, mientras corearon, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y se retiraron del lugar cerca de las 12:40 de la tarde, luego de que llegaron más agentes con equipo antimotines, por lo que en total fueron unos 500 policías los que frustraron la toma de la caseta.
El gobierno criminaliza las libertades y va hacia el autoritarismo, dice Vidulfo Rosales
El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que se están criminalizando las libertades, y el gobierno transita al autoritarismo, ante la vigilancia policiaca en las casetas de cuota de la Autopista del Sol para que no se manifiesten por la presentación de sus familiares y por justicia para las víctimas de asesinatos.
Dijo que el hecho de que la Guardia Nacional y Policía Estatal haya impedido el viernes, por primera vez a las madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos la toma de la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, desde los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, es un mensaje para todas las organizaciones del estado, contra sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, advirtió.
Consultado vía telefónica, exigió que Morena asuma una posición ideológica sobre estos derechos, “si está en la derecha, está bien, pero hay que desenmascararlos”.
Adelantó que no se van a quedar con los brazos cruzados, porque las casetas han significado un espacio importante para la difusión de los movimientos y de presión para la atención de sus demandas.
Cuestionó que autoridades estatales y federales privilegien la recaudación de fondos para programas sociales, ante las demandas de las víctimas y familiares.
“Si se causa un perjuicio al erario público, es debatible, y se pueden implementar varias acciones, pero no con una reforma que amerita un proceso oficioso, entonces se criminaliza, en términos legislativos, el ejercicio de las libertades”.
La reforma a la Ley de Vías Generales Comunicaciones para frenar la toma de casetas ante las pérdidas millonarias, aprobada por el Senado el 15 de diciembre pasado, comenzó a materializarse con la fuerza pública, la semana pasada en Guerrero.
Rosales Sierra consideró que la Policía debería estar atenta en los actos que pongan en riesgo el orden público, “(porque) la toma de casetas ¿a quién daña?, hay libre circulación, paso libre, sólo algunos argumentan que no se llevan baucher (por el seguro de contingencia)”.
Lamentó que hoy, el delito por toma de casetas se persiga más que el homicidio y las desapariciones en todas las regiones. “Aquí lo que importa son las casetas. Hay un despliegue policiaco que implica recursos; el Estado invierte para cuidar el cobro de peaje, no para revertir los niveles de violencia, que desde el concepto de gobierno no es un fenómeno disruptor de la seguridad pública”.
Más allá de las casetas, señaló que “hay violencias que sí trastocan la paz pública, la moral pública, (y) contra eso no se hace nada, es paradójica esa posición que se proyecta a la población poco informada que, con matraca en mano, repite la narrativa oficial, ‘que ahora sí pusieron orden, que ya no van a permitir la toma de casetas’”.
Cuestionó, qué piensan esas personas de las desapariciones, del trastocamiento del tejido social, de las regiones ocupadas por la delincuencia, donde debemos vivir bajo la autoridad que es la delincuencia organizada, donde activistas, defensores, periodistas, comerciantes, todos, debemos cuidarnos de esos actos que deciden los grupos, y la autoridad dejó de tener presencia”.
Manifestaciones, contrapesos en las democracias
Recordó que el objetivo fundamental de los padres que acuden a cada fin de mes a la caseta, es difundir los pocos avances de la investigación y solicitar información a través de volantes, “se expresa una inconformidad, una molestia”.
Critican las tomas de casetas “con fines de lucro”, como menciona la nueva ley, aclaró que los padres tampoco se van a hacer ricos si reúnen 100 mil pesos o, si quieres, hasta 300 mil, se divide no entre 43, sino hasta en 50 o 55 familiares que participan en las acciones.
“Con 7 mil pesos (al mes) no resuelven sus problemas, cuando más para los pasajes a sus pueblos”.
Informó que el 2 de febrero, en una actividad conjunta de organizaciones habrá una postura colectiva, pues dejar pasar esta política, traerá otras reformas contra las manifestaciones en las carreteras, luego ni en los edificios públicos.
“Si no protestamos, si no alzamos la voz, se irán restringiendo los derechos, para que, llegado el momento, el gobierno diga cómo vamos protestar; eso lo prohíbe los estándares internacionales porque vulnera las distintas posiciones políticas, creencias, e intereses contrapuestos en una sociedad democrática”.
Señaló que los sectores de la población tienen intereses diversos y muchas veces contradictorios, “razón por la cual llega a la tensión, sin embargo, en esta diversidad, el gobierno debe garantizar el libre ejercicio de los mismos, no debe cancelar uno para que prevalezca otro”.
Pero estamos en un estado donde en la restricción de derechos con la fuerza pública en Guerrero, ha habido muchos excesos contra las protesta, con decenas de asesinados en el ejercicio de su libertad de expresión, desde la masacre de copreros en Acapulco en el 67, al 26 de septiembre de 2014, a los normalistas de Ayotzinapa.
“Si el gobierno no resuelve, salgo a los espacios públicos a pedir información, a denunciar lo que considero injusto, la protesta genera contrapesos en sociedades democráticas, y los contrapesos, avances democráticos, por eso la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han llamado la atención en América para decir ‘tengan cuidado, no se pueden restringir derechos de manera laxa’”.
Recriminó que Morena, lejos de tener apertura, reedita esquemas autoritarios, que estigmatizan la protesta.
“En México, Morena y los partidos de derecha votaron de manera unánime una ley que restringe las libertades, cuando muchos ahora electos defendían estos derechos, incluso incurrieron en estos procedimientos”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en actos de violencia para reclamar demandas sociales, después se moderó (pero) aparecen en los videos confrontados con la Policía en Tabasco. Otros líderes de izquierda de ahí salieron, confrontando al poder público gracias a este contrapeso hubo avances democráticos. Ya se les olvidaron esos derechos”.
Solidaridad con Ayotzinapa: Soledad Hernández Mena
En Iguala, la activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, criticó que bastaron 101 días para que el “narcoestado” en Guerrero reprimiera al máximo movimiento político estudiantil del país, Ayotzinapa, luego del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en casetas de peaje de la Autopista del Sol en el estado, para evitar la libre manifestación de padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos.
La también ex aspirante a la candidatura por la diputación federal de Morena en el distrito 02 con sede en Iguala, fijó su postura este domingo mediante un escrito compartido vía telefónica, sobre el despliegue de la Guardia Nacional y Policía Estatal en las casetas de peaje de la Autopista del Sol y la de la autopista a Cuernavaca ubicada en Iguala.
Señaló que unidos los gobiernos de Guerrero y el federal, ambos de Morena, “ya dejan ver sus intenciones, con la complicidad de las cámaras (del Poder Legislativo) nos acercamos a una dictadura”.
Asimismo criticó que estas mismas estrategias militares desplegadas en las casetas para evitar que sean tomadas por las organizaciones sociales, no se han visto desplegadas en los operativos para lograr la detención de los implicados en el Caso Ayotzinapa y los presuntos responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, que ya fueron liberados.
Señaló que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, con el “solapador” gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador “serán recordados por no detener a los Peques en un Palenque de Gallos de Iguala”, dijo en relación a la detención ocurrida el pasado 15 de enero de Mateo Benítez Palacios, El Gordo, y dos de sus pistoleros, hecho del que trascendió que en el mismo lugar estaban más miembros de la organización, que fueron detenidos por policías estatales pero los liberaron al recibir el pago de un soborno.
Sólo se busca garantizar la operación de las autopistas, afirma el delegado federal
El delegado del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dijo que “no se trata de impedir la libre manifestación de nadie, especialmente de un movimiento tan importante como el de los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”, sino de “garantizar la operación normal, ordinaria, de una vía de comunicación federal como la Autopista del Sol”.
Luego de que este viernes 28 de enero, agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal con equipo antimotines impidieron que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tomaran la caseta de cobro Palo Blanco, de la Autopista del Sol en Chilpancingo, y desde entonces se mantienen efectivos de esas corporaciones en las plazas de cobro, se consultó vía telefónica al delegado federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz.
Respecto si será permanente la presencia de la Guardia Nacional en las casetas de cobro de la Autopista del Sol, Hernández Díaz dijo que esa definición no la tenía, “esa definición corresponde justamente a las instancias de seguridad, en este caso de manera muy particular a la Guardia Nacional, saber si esta actividad será permanente o de carácter temporal”.
De por qué impedir la presencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en las casetas de la Autopista del Sol, luego de que ese mismo día, el senador Miguel Ángel Mancera explicó que la reforma que se aprobó para penalizar a quienes tomen las casetas de cobro o bloqueen carreteras de cuota en el país no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que aún no es aplicable, Iván Hernández respondió que “no se está penalizando a nadie, no se está deteniendo a nadie, se está buscando garantizar el libre tránsito y el funcionamiento ordinario de las autopistas en este caso de la Autopista del Sol”.
Destacó que lo ocurrido el viernes en la caseta de Palo Blanco “es un hecho relevante, sí es una acción importante de la Guardia Nacional, sin embargo, destacaría que no ha existido ningún tipo de violencia, que todo se está haciendo de manera pacífica y qué más allá del tema de esta reforma que se ha estado discutiendo, sí ayuda a que haya un libre tránsito en la autopista”.
Expuso que lo se busca impedir es la colecta de recursos, “que finalmente son recursos públicos que se cobran en las autopistas, sin embargo, de ninguna manera se puede entender este ejercicio en las casetas como coartar la libertad de expresión o la libre manifestación, creo que si existe y va a seguir existiendo la libre manifestación de las personas siempre y cuando sean de manera pacífica, y sin que genere una afectación en este caso a una vía federal, la libre manifestación desde luego se seguirá ejerciendo”.
Del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que condenó los actos de intimidación y censura cometidos por los agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal contra familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y solicitó a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica, Iván Hernández llamó a mantener “como se ha hecho hasta ahora, todas las acciones dentro de un marco pacífico, a seguir actuando de manera pacífica, que no haya ningún tipo de violencia, creo que la libre manifestación se va a seguir ejerciendo, no se trata de impedir la libre manifestación de nadie, especialmente de un movimiento tan importante como el de los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sin embargo, de lo que sí se trata es de poder garantizar la operación normal, ordinaria, de una vía de comunicación federal como es la Autopista del Sol”.
Sin embargo, en su pronunciamiento la CNDH consideró que las acciones de las fuerzas de seguridad federal y estatal impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales.
Ojalá entiendan “este alto que ya se les puso”, dice el obispo a padres de los 43 y normalistas
El obispo Salvador Rangel celebró que la Guardia Nacional y la Policía Estatal hayan impedido la toma de las casetas de cobro de la Autopista del Sol, a alumnos de la Normal de Ayotzinapa y a padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Ya eran siete años que estaban tomando las casetas y, en lo particular, este alto que ya se les puso ojalá lo entiendan. Hay otra manera de arreglar las cosas”, dijo.
Desestimó las denuncias por la desaparición de dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y ataques armados a tres comunidades donde tienen presencia.
“Eso hay que probarlo, quienes están manejando esos policías de Atlixtac y si realmente hay dos desaparecidos. Han cometido tantas infracciones que ya no creo en lo que dicen. El gobierno ya no les cree, son cosas que están armando ellos”.
Este domingo, en la catedral de Chilapa, al obispo se le consultó su postura acerca de que la Guardia Nacional y Policía Estatal impidieron el pasado viernes a estudiantes y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la toma de tres casetas de cobro en las inmediaciones de Chilpancingo, en la Autopista del Sol.
“Se llegó a un acuerdo en la cámara de senadores o de diputados, de que iba a haber una pena de siete años de cárcel contra quien entorpeciera las vías de comunicación. Sobre todo las casetas de cobro”.
Se refería a la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, emprendida en diciembre de 2020 por diputados de Morena y del PAN, a propuesta del gobierno de México, y a petición de empresas concesionarias, para sancionar con multas y cárcel de 3 meses a 7 años de prisión a quien bloquee las autopistas con fines de lucro.
“Me parece injusto que cualquier otro grupo que quiere apoderarse de las casetas, inmediatamente lo desalojan y le quieren aplicar la ley, pero a esos amigos de Ayotzinapa nadie los toca”.
– Eran los padres (de los desaparecidos) que se iban a manifestar– se le interpeló al obispo.
–No, ni son los padres. Eran los mismos muchachos, yo vi los videos. Se presenta la carta de los papás, pero yo soy de esa opinión, tiene que haber orden y disciplina, si es una ley, una ley es para todos.
Cuestionó: “Tengo entendido que la normal de Ayotzinapa tiene un presupuesto como escuela, pero a qué van a cobrar el peaje en las casetas, pues para seguir otros movimientos, otras cosas, que no sabemos a qué dedican ese dinero. Debemos tener disciplina, sobre todo en Guerrero, y adecuarnos a la ley. No estoy en contra de las expresiones sociales o que busquen justicia los grupos, pero de esa manera ya eran siete años que estaban tomando las casetas y, en lo particular, este alto que ya se les puso, ojalá lo entiendan y hay otra manera de arreglar las cosas”.
De la desaparición de Pablo Hilario y Samuel Hernández, integrantes del Cipog-EZ, que responsabilizó a la policía de Atlixtac. Además del ataque a la comunidad de Tula, denunciada la mañana de este domingo, el obispo desestimó las denuncias y pidió pruebas.
“Tenemos que ser muy críticos en eso. Se quieren hacer las victimas para llamar la atención. Hubo unos disparos cuántas veces en ese famoso Tula, hace como cinco, ocho meses, dispararon al aire. Debe haber una actitud madura y crítica a estas personas”.
Remató: “Como ellos dicen: hay que desarmar a ese grupo delincuencial (Los Ardillos), según el grupo contrario a ellos. Bueno y ¿por qué no hay que desarmarlos a ellos también?”.
Dijo que se debe probar que hay dos de sus integrantes desaparecidos y que la responsable fue la policía de Atlixtac.
“Eso hay que probarlo, quiénes están manejando esos policías de Atlixtac y si realmente hay dos desaparecidos. Han cometido tantas infracciones que ya no creo en lo que dicen. El gobierno ya no les cree, el nacional y estatal, son cosas que están armando ellos”.
Acerca de los últimos hechos de violencia en la capital del estado, el prelado consideró que existe una inacción de parte de los gobiernos municipal y el estatal contra esos grupos de la delincuencia, y puso sobre la mesa: “Veo inacción contra estos grupos. Los están dejando, por más Guardia Nacional que hay, esos señores andan libres los dejan actuar. Están obrando así porque falta una mano dura, o están actuando con complacencia o son arreglos que hayan hecho antes”.
De los 100 días de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora postulada por Morena, agregó: “Hay mucha inseguridad, hay muertos y eventos casi todos los días. Para mí, en los 100 días, en cuestión de violencia, sale reprobada. También su secretario de seguridad (Evelio Méndez Gómez) y en particular la encargada de la seguridad de Chilpancingo (Martha Icela Velázquez Adame)”.
“Veo un estado sin mucho rumbo, ella (Evelyn Salgado) es la gobernadora, pero hay una sombra detrás de ella. Tiene que ser auténtica y obrar por sí misma. Fui a su informe y todo éxito, viento en popa, pero en la realidad la gente la está resintiendo”, finalizó.
La toma policial de las casetas es “represión”, dice Eloy Cisneros
El luchador social y presidente del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, opinó que el resguardo de las casetas de cobro de la Autopista del Sol, por parte de la Guardia Nacional y Policía Estatal, fue una “situación de represión y debe haber libertad de expresión, mientras no haya violencia”.
El viernes, efectivos de las corporaciones, con equipo antimotines, cercaron las casetas de cobro Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, de la Autopista del Sol. Por esta acción, el Comité de Padres de los 43 Normalistas externo que los gobiernos federal y estatal les negó su derecho de libertad de expresión, dar información y protestar por la desaparición de sus hijos.
Consultado el sábado, en el parque de la Reina, donde acudió a la presentación de un libro, dijo que la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas es una demanda que debe seguir hasta que se tenga concretamente la información sobre “¿qué paso con ellos? ¿Están con vida? ¿Los incineraron? ¿Dónde los sepultaron? ¿Dónde están sus cuerpos, sus huesos?”.
“Creo que si siempre se les ha permitido tomar las casetas, como un acto de informar a la sociedad, de que aun no tienen noticias del paradero de sus familiares, creo que se está violentando una situación que ellos buscan resolver. Si año con año, ellos han estado haciendo eso para informar al pueblo, debió dársele esa oportunidad”, dijo.
Cisneros Guillén indicó que “con esto quieren inhibir una lucha muy sentida, no tan sólo por los normalistas de Ayotzinapa, por los guerrerenses, mexicanos y a nivel internacional, creo que se debe buscar solución a ese problema, lo más pronto posible, porque la desaparición forzada es un problema de lesa humanidad y no termina hasta que las víctimas aparecen”.
Por ello, consideró que debe permitírsele a los jóvenes dar información en los lugares que ellos consideren estratégicos, porque abundó: “No perjudican a nadie, más que el cobro de la caseta, porque (su movilización) lo hacen de manera pacifica, no ha habido violencia, la violencia la hacen otras gentes, no ellos, en este caso cuando toman las casetas”.
Cuando se le recordó que tanto en la federación como en el estado, son gobiernos de izquierda de lucha, respondió: “Por eso mismo deberían de tener más precaución en hacer las cosas, porque se ve una situación de represión hasta cierto punto. Como una acción de represión y creo que debe haber libertad, mientras no haya violencia”.
Cisneros Guillén afirmó que el gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “está haciendo hasta lo imposible por dar una repuesta veraz, desgraciadamente, torcieron tanto la situación de la desaparición de los 43 que se han hecho esfuerzos y eso nos consta, también a los padres de familia”.
Explicó que el gobierno federal y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dan seguimiento a la demanda de los padres, pero no “han podido concretar esas investigaciones”.
Celebran líderes transportistas que policías impidan la toma de casetas
Transportistas de camionetas Urvan en Acapulco, dijeron que la operación de seguridad del gobierno federal y estatal, organizado en la Autopista del Sol, para impedir la toma de casetas en Guerrero, ayuda en la economía del estado.
En conferencia de prensa en el restaurante Sanborns, los líderes celebraron que el gobierno federal y el gobierno de Evelyn Salgado Pineda actuaron con respeto, porque no hubo incidentes con los estudiantes y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa durante su protesta el viernes pasado.
Indicaron que los padres y estudiantes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pueden seguir con la libre manifestación, pero sin perjudicar a terceros como son los turistas, que en ocasiones se quedan varados en la Autopista del Sol por la toma de casetas.
“Maestra Evelyn Salgado, le agradecemos enormemente, el no permitir la toma de casetas de La Venta y Palo Blanco por los estudiantes de Ayotzinapa, gracias por hacer valer el estado de derecho, los transportistas de la ruta Infonavit, le agradecemos infinitamente”, expresó el concesionario de la ruta Caleta-Infonavit Jesús Catalán Martínez.
Añadió que la acción de seguridad para evitar tomas de casetas, organizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la colaboración de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ejercieron el estado de derecho.
Indicó que con la operación de seguridad en las casetas de la Autopista del Sol, el gobierno federal contribuyen una solidez gubernamental: “lo ven de buena manera los transportistas y prestadores de servicios turísticos”.
Incluso, contó que los turistas preguntan si ya no van a tomar las casetas de Guerrero, “nosotros le decimos, que pueden venir con toda confianza, porque ya no habrá toma de casetas”.
Explicó que la operación de la Guardia Nacional y la Policía del Estado en las casetas de Guerrero favorecen a los transportistas de Acapulco, porque “vivimos de los turistas, son la fuente de empleo, y cuando el visitante ya no se queda varado, entonces ya vienen más seguido y disfrutar del puerto”.
Ejemplificó que los turistas en ocasiones se quedaron varados de dos a tres horas, en la Autopista del Sol y con el temor, que vaya a pasar algún incidente por la manifestación de los estudiantes de Ayotzinapa.
“Es un gran noticia para todos, porque es una derrama que se va por escala, el turista se sube al transporte, gastan en los restaurantes, es una cadenita que va rebotando para todos y obviamente viene a beneficiar al estado de Guerrero”, apuntó.
Asimismo, Catalán Martínez felicitó a la gobernadora por sus 100 días de gobierno, “nos ponemos a la orden todos los transportistas, que coinciden con su proyecto”.
Por otro lado, dijo que están respetando las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus como exigir el uso del cubrebocas obligatorio a los choferes y usuarios, además sanitizando los vehículos.
Aseguró que están respetando la tarifa autorizada de 9 pesos desde el año 2011, aunque dijo que los concesionarios hicieron un estudio socioeconómico y arrojó el aumento de un peso.
“Somos un transporte consciente y equilibrado, porque no queremos que se perjudique el usuario, vamos a esperar la nueva autorización”, sostuvo.
Pidió una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para mejoras en el transporte.
Texto: Luis Blancas, Jacob Morales, Alejandro Guerrero, Emiliano Tizapa Lucena, Lourdes Chávez, Luis Daniel Nava, Aurora Harrison y Argenis Salmerón/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
